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Cruce por el RIGI: Figueroa anunció USD 1.300 millones de ingresos y Martínez le contestó

La pulseada política sobre el RIGI dejó de ser un debate ideológico y pasó al terreno donde se decide en serio: los números. Rolando Figueroa puso esta semana sobre la mesa la cifra global: USD 1.300 millones de ingresos para la provincia en cuatro años por la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El detalle de la cuenta: USD 726 millones en regalías, USD 250 millones de Impuesto a los Ingresos Brutos, y USD 300 millones que vienen porque GyP es socia en dos de las concesiones bajo régimen. La oposición, por su lado, salió a contestar: Darío Martínez, diputado nacional por Unión por la Patria y exsecretario de Energía de la Nación, sostuvo que la adhesión «es un mal negocio» y que el principal costo es la reducción de IIBB para las inversiones nuevas.

El cruce RIGI Neuquén llega en medio del paquete completo de movimientos del modelo: la licitación de 15 áreas hidrocarburíferas anunciada en Houston con adjudicación el 19 de agosto, el régimen GNL provincial que va a Legislatura en los próximos días, y el FID de Argentina LNG previsto para mediados de año. El RIGI es la pieza federal de ese rompecabezas — la que destrabó el flujo de inversiones grandes en el primer semestre de 2024 y que ahora tiene impacto fiscal concreto en las arcas provinciales.

La cuenta del oficialismo

Figueroa rompió el debate especulativo con la aritmética. La cifra de USD 1.300 millones surge de proyecciones sobre las concesiones efectivamente adheridas al RIGI hasta abril 2026. El desagregado vale la lectura:

USD 726 millones en regalías a 4 años: las regalías son el ingreso «limpio» provincial sobre la producción hidrocarburífera. El RIGI no toca la regalía provincial —que se calcula sobre boca de pozo— solo flexibiliza otros tributos. Por eso este número es directo: cuanto más se produzca en los bloques adheridos al RIGI, más cobra la provincia. La cifra asume que la producción crece según los planes comprometidos por las operadoras.

USD 250 millones de Ingresos Brutos a 4 años: es la parte que más debate genera. El RIGI permite a las empresas adheridas computar IIBB diferenciado durante el período de estabilidad fiscal (típicamente 30 años con escalonamientos). El argumento opositor es que la provincia «regala» recaudación; el argumento oficialista es que sin RIGI no habría inversión y por ende no habría IIBB tampoco. Los USD 250M reflejan lo que efectivamente entra, no lo que entraría con la alícuota plena.

USD 300 millones por GyP socio: este es el dato más fino y menos comentado. GyP (Gas y Petróleo de Neuquén SA), la empresa estatal provincial, es socia en dos de las concesiones del RIGI. Esa participación le rinde a la provincia dividendos directos —no impuestos— por los resultados operativos de esos bloques. Es exactamente el modelo «landlord sofisticado» que la gestión Figueroa viene afinando: el Estado provincial es accionista, no sólo recaudador.

«Adherimos al RIGI porque la ganancia es mayor que lo que resignamos en materia tributaria», sintetizó Figueroa. Es la matemática base del oficialismo: el costo de oportunidad de no adherir (sin inversión, sin producción, sin regalía) es mayor que el costo fiscal de adherir.

La crítica del peronismo

Darío Martínez no es un opositor de tribuna: es exsecretario de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, conoce el sector hidrocarburífero por dentro y sus números los maneja con autoridad técnica. Por eso su crítica al RIGI no se puede descartar como discurso partidario.

El argumento de Martínez tiene tres patas. Primera: al adherir al RIGI, Neuquén comprometió reducciones de Ingresos Brutos para inversiones nuevas durante un período de hasta 30 años, lo cual es una restricción fiscal de muy largo plazo que ata las manos de gobiernos futuros. Segunda: las inversiones grandes en Vaca Muerta —argumenta— se hubieran realizado igual sin RIGI, porque el play es lo suficientemente rentable; el régimen sería un «regalo» innecesario al sector privado. Tercera: si la provincia hubiera sostenido la alícuota plena, la recaudación estimada de IIBB en el mismo período habría sido significativamente mayor.

«Adhiriendo al RIGI lo que logramos es reducir Ingresos Brutos para las inversiones nuevas», resumió. La crítica apunta al costo de oportunidad: lo que se deja de cobrar es real, y el argumento de «si no hubieras adherido no habría inversión» es contrafáctico difícil de probar.

El terreno donde se decide

Las dos posiciones tienen lógica interna. La diferencia no es ideológica sino de supuestos contrafácticos: ¿qué hubiera pasado si Neuquén no adhería al RIGI?

El oficialismo asume que parte significativa de la inversión actual no se hubiera ejecutado, porque las majors miran el clima jurídico-tributario antes de comprometer capital. Sin RIGI, dice esta lectura, los FIDs de proyectos como Argentina LNG hubieran demorado meses o años, o se hubieran reducido en escala.

La oposición asume que las majors hubieran invertido igual porque la rentabilidad del play es lo suficientemente alta como para absorber alícuotas plenas de IIBB. Sin RIGI, dice esta otra lectura, Neuquén tendría más recaudación con la misma producción.

Resolver quién tiene razón es empíricamente difícil hasta que pase el ciclo completo. Hacia 2030, cuando los FIDs estén ejecutados, los volúmenes operando y la recaudación medida, va a haber datos suficientes para decidir cuál de los dos modelos contrafácticos era más cercano a la realidad. Hasta entonces, es una pulseada entre supuestos.

Lo que importa para el votante

Para el ciudadano común, los USD 1.300 millones se traducen en obras visibles que el oficialismo ya empezó a comunicar como parte del modelo: créditos BPN para pymes, plan vial, infraestructura urbana. Si los proyectos del RIGI no avanzan, la inversión proyectada no aparece y la recaudación tampoco. Si avanzan, los USD 1.300M se materializan y financian gestión visible.

La oposición tiene un trabajo difícil: convencer al electorado de que «podríamos haber tenido más» en un escenario donde lo que ya hay alcanza para pagar las obras. Eso es una pelea conceptual contra la evidencia visible — gana sólo si los proyectos del RIGI eventualmente fracasan o entregan menos de lo prometido.

El cronograma corto

El debate va a calentar en las próximas semanas. La licitación de las 15 áreas de GyP cierra el 19 de agosto con adjudicación inmediata. Si los pliegos atraen postulantes serios con compromisos de inversión grandes, el oficialismo cosecha el ratifying empírico del modelo. Si quedan vacíos o las ofertas son bajas, la oposición gana argumento.

El régimen GNL provincial entra a Legislatura en los próximos días y va a ser el segundo terreno de la pulseada: regalías diferenciales sobre metano, marco ambiental, eslabonamiento local. Cada uno de esos componentes va a tener su debate específico, y va a ser otra oportunidad para la oposición de marcar el costo fiscal del modelo y para el oficialismo de defender su ecuación.

El ciclo electoral 2027 está cada vez más cerca. Las decisiones que se toman hoy en términos de cuánto el Estado provincial resigna de tributación a cambio de inversión van a ser leídas en clave electoral en las paritarias políticas del año que viene. Por ahora, los números del oficialismo están sobre la mesa. Le toca a la oposición ponerle números a la versión alternativa que

Tecpetrol ganó el reclamo: la Justicia ordenó al Estado pagar $2.553 millones por recortes al Plan Gas

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº6 dictó un fallo que le va a doler al Estado nacional y va a animar a la industria del shale: Tecpetrol ganó el reclamo por las compensaciones recortadas del Plan Gas no convencional y la Justicia ordenó al Estado pagar más de $2.553 millones más intereses. El monto cubre las compensaciones de agosto, septiembre y octubre de 2018 que el gobierno macrista resolvió no abonar en su momento al considerar —sin pruebas técnicas concluyentes, según el fallo— que la empresa habría sobrecumplido obligaciones del plan más allá de lo razonable. La sentencia es apelable, pero marca un precedente jurisprudencial relevante para el conjunto de operadoras de Vaca Muerta que arrastraban reclamos similares.

La noticia conecta directo con la arquitectura tributaria que sostiene el modelo neuquino: el Plan Gas fue el esquema federal que entre 2017 y 2021 incentivó la producción no convencional con un precio sostén. Cuando los pozos de las operadoras superaron las metas previstas —porque la productividad de Vaca Muerta resultó más alta de la imaginada— el Estado quiso recortar pagos invocando «sobreoferta no comprometida». La Justicia ahora le dice que el argumento técnico no se sostuvo.

El argumento que rechazó la Justicia

El razonamiento del juez Enrique Lavié Pico es directo y técnico. El Estado había sostenido que Tecpetrol había sobreproducido por encima de lo comprometido en el plan original y que ese excedente no merecía la compensación contractual. La defensa de la empresa replicó con pericia técnica independiente: en 2018, Tecpetrol perforó 114 pozos cuando el plan contemplaba hasta 121; en 2017-2019 los pozos perforados coincidieron exactamente con los proyectados. El salto en la producción —principalmente desde el bloque Fortín de Piedra— se explicó por mayor productividad por pozo, no por más pozos.

El dato del bloque es importante: Fortín de Piedra triplicó su productividad media durante el período. Eso significa que cada pozo produjo aproximadamente tres veces más que las estimaciones técnicas iniciales del plan. La Justicia interpretó que el contrato comprometía a Tecpetrol a perforar X pozos, no a producir Y volumen — y que la mayor productividad por pozo era un beneficio técnico de la empresa, no una violación del contrato.

«La empresa no hizo más pozos de los acordados; los pozos que hizo simplemente fueron mejores», resumió un consultor del sector consultado off-the-record. «El Estado intentó re-escribir el contrato a posteriori cuando vio que Vaca Muerta estaba produciendo más de lo que los técnicos federales habían imaginado en 2017».

Qué significa para Tecpetrol

Para la empresa del grupo Techint, $2.553 millones + intereses es una suma significativa pero no transformadora. Es un mes de ingresos en términos del flujo operativo actual de la compañía en Vaca Muerta. La importancia es jurisprudencial: marca el criterio judicial para los demás reclamos pendientes de la misma empresa y de otras operadoras. Por extensión, fortalece la posición negociadora del sector privado frente al Estado en futuras renegociaciones de planes de incentivo.

Tecpetrol viene siendo uno de los actores más sólidos del play. Fortín de Piedra es el bloque de gas no convencional más productivo de la región y fue durante años el principal aportante de gas natural al sistema federal. La empresa también opera bloques de petróleo en sociedad con otras operadoras y forma parte del paquete logístico-industrial que la cuenca está armando hacia el GNL.

Qué significa para el sector

El precedente tiene efectos cascada. Otras operadoras —YPF, Pampa Energía, Pluspetrol— enfrentaron recortes similares al Plan Gas en distintos periodos. Si el fallo Tecpetrol se sostiene en cámara y eventualmente Corte Suprema, abre la puerta para que esos reclamos también se ganen. Estimaciones de analistas del sector apuntan a que el monto total que el Estado podría terminar pagando, si todos los reclamos similares prosperan, ronde los USD 200-300 millones en valores actuales.

Eso es una variable fiscal nueva para el Estado nacional en el contexto del programa con FMI. Si el monto se confirma, hay que financiarlo de algún modo: o presupuesto (improbable por el ajuste vigente), o nuevo endeudamiento (limitado por las metas con el FMI), o negociación con las empresas para canjes alternativos (cuotas más largas, créditos contra regalías futuras, etc.). El último camino es el más probable.

El cruce con el ciclo de inversión actual

El fallo llega en un momento estratégico. La provincia acaba de lanzar la licitación de 15 áreas hidrocarburíferas en Houston con adjudicación el 19 de agosto, y el FID de Argentina LNG está esperado para mediados de año. Los operadores —incluida Tecpetrol— están midiendo el clima jurídico-tributario del país para decidir cuánto capex comprometer en los próximos 24 meses.

Un fallo que respeta el contrato original frente a intentos de modificación unilateral del Estado aumenta la seguridad jurídica percibida y mejora el cost-of-capital implícito de los proyectos. Es una señal positiva en términos de inversión, aunque negativa en términos de caja del Estado. Para Neuquén, que tiene 50% de su presupuesto financiado por regalías, importa: cuanto más se invierte, más se produce, más regalías cobra la provincia.

La reacción esperable del Estado

Procuración del Tesoro va a apelar. Esa es la respuesta institucional default ante fallos contra el Estado en materia federal. La apelación irá a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que tarda entre 12 y 24 meses en decidir. Si la cámara confirma, el caso puede llegar a Corte Suprema —otro año a año y medio—. En todo ese período, la deuda devenga intereses, lo cual le mejora la ecuación a Tecpetrol y la empeora al Estado.

El gobierno del Presidente Milei tiene además un problema retórico: durante la campaña marcó distancia del macrismo y del kirchnerismo, pero hereda los pasivos contractuales de ambos. Pagar $2.553M por un recorte hecho en 2018 por la administración Macri no es algo que la actual gestión quiera contar como éxito propio, pero tampoco puede esquivar el costo si el fallo se sostiene.

Lo que dice la industria entre líneas

Lo más importante del fallo no es el monto sino la doctrina implícita: el Estado no puede modificar unilateralmente las reglas del juego una vez que el contrato está firmado y la inversión hecha. Para una industria que requiere ciclos de inversión de 5 a 10 años (un proyecto GNL de Argentina LNG es de 20+), la seguridad jurídica es la variable más relevante después del precio internacional del producto.

Las operadoras lo van a leer como una buena señal del Poder Judicial argentino —independientemente del Poder Ejecutivo de turno— y eso pesa positivamente en las decisiones de FID que están todas en la mesa. Si la Justicia respalda los contratos, los inversores se animan a comprometer capital de largo plazo. Si los contratos se honran, Vaca Muerta cumple su promesa. Y si Vaca Muerta cumple, Neuquén capitaliza el ciclo expansivo más importante de su historia.

El fallo Tecpetrol del 2018 —once años después— termina siendo, por las paradojas del derecho administrativo argentino, una de las mejores noticias del año para el ecosistema de inversión del shale neuquino.

Régimen GNL provincial: Figueroa enviará a Legislatura el proyecto con regalías diferenciales sobre metano

Entre los anuncios que Rolando Figueroa trajo de Houston, hay uno que va a dominar el debate político-económico de las próximas semanas: el Régimen Provincial de GNL. El gobernador lo confirmó el viernes: el proyecto se enviará a la Legislatura «en los próximos días» y plantea regalías diferenciales sobre el metano destinado a exportación de gas natural licuado. La pieza es la institucionalización legal del modelo que Neuquén viene construyendo desde 2024 con cada anuncio de FID, planta, oleoducto y nodo industrial. Sin este régimen, el resto del paquete pierde solidez jurídica.

El proyecto cierra el modelo que ya analizamos en sus diversas piezas: las 15 áreas a licitación y la incorporación de Plaza Huincul como tercer nodo, los acuerdos institucionales firmados en Houston, y la estructura tributaria provincial sostenida por regalías hidrocarburíferas. El régimen GNL es la columna vertebral fiscal que conecta todo eso.

Qué va a contener el proyecto

El gobierno provincial trabajó el borrador con el ministerio de Economía, Hidrocarburos y la oficina de asesoría legal del ejecutivo durante los últimos tres meses. La información que circula entre los equipos técnicos —y que el propio Figueroa anticipó en distintos eventos públicos— marca tres pilares centrales del proyecto:

Regalías diferenciales sobre el metano destinado a GNL. Es el dato fino del régimen. El gas natural neuquino se grava actualmente al 12% de regalía estándar (más sumas adicionales según contrato). El proyecto introduce un esquema escalonado: la fracción del metano que se destina a producción de GNL para exportación tributa distinto que la fracción destinada al mercado interno. La hipótesis técnica que circula es que la regalía para GNL podría ubicarse en un escalón inferior los primeros años de operación (ventana de incentivo de inversión) y subir gradualmente cuando los proyectos amorticen capital. El objetivo es no asfixiar el FID en momento de decisión, sin renunciar al ingreso fiscal cuando el flujo de exportación se estabilice.

Marco de cumplimiento ambiental específico. El GNL es un negocio sensible a la huella de carbono. Los compradores europeos y asiáticos están exigiendo certificación de «GNL bajo en emisiones de metano» como criterio comercial. El proyecto provincial alinearía la regulación local con esos estándares: monitoreo de fugas de metano, obligaciones de reporte, sanciones por exceso. Es la pieza que asegura que el gas neuquino sea vendible en mercados premium.

Promoción del eslabonamiento local. Esquema de incentivos para que las empresas del régimen contraten proveedores neuquinos, generen empleo local calificado y participen en convenios de transferencia tecnológica con la UNCo y el Polo Tecnológico. Es la pieza que conecta el modelo extractivo con el desarrollo industrial local.

Por qué el timing importa

El proyecto llega a la Legislatura en mayo y eso no es casualidad. Hay dos razones:

Primero, el FID de Argentina LNG —el proyecto YPF + Eni + XRG— está esperado para mediados de 2026. Cuando esa decisión se firme, los inversores van a querer ver el marco regulatorio definitivo de la provincia que aloja la operación. Si el régimen está sancionado, la decisión se toma con certidumbre. Si está pendiente, los financiadores piden cláusulas de escape o aumentan el costo de capital exigido. Cada mes de demora en la Legislatura se traduce en costo financiero adicional para el proyecto.

Segundo, el cronograma electoral. La gestión Figueroa busca tener el régimen sancionado y aplicándose antes del ciclo electoral 2027, para que cuando llegue la campaña la postal sea «régimen operativo + FID firmado + primer cargamento por Punta Colorada en diciembre» y no «régimen prometido en proyecto de ley». La diferencia entre ambos escenarios es enorme: el primero es gestión completada, el segundo es promesa.

El cálculo legislativo

La aritmética del recinto neuquino le es favorable al ejecutivo en términos generales, pero el detalle importa. El bloque oficialista de Comunidad tiene mayoría simple para llevar adelante proyectos estándar, pero un régimen tributario complejo con detalles técnicos finos suele requerir negociación con bloques aliados y opositores para evitar judicialización posterior. Los bloques que históricamente acompañan en temas hidrocarburíferos —Movimiento Popular Neuquino histórico, sectores del PRO— suelen sumar con condiciones: incrementos en participación de empleo local, garantías ambientales más estrictas, mecanismos de auditoría externa.

El interbloque opositor en formación —que se viene tejiendo desde fines del año pasado— va a usar el debate del régimen GNL como su primer test de coordinación. Probable que pidan modificaciones en los porcentajes, plazos de los incentivos, o garantías de control. La gestión va a tener que aceptar algunos cambios para ganar votos amplios, lo cual es político como pieza electoral pero también es saludable para la calidad técnica del régimen final.

Lo que no está claro todavía

Tres dudas estructurales pendientes:

La primera: cómo se mide la fracción «destinada a GNL». El metano producido en un pozo no nace con etiqueta. Hay que diseñar el sistema de medición y separación: ¿se prorratea según destino físico (cuánto entra a la planta de licuefacción)? ¿O se basa en contratos de exportación firmados? La diferencia entre ambos esquemas mueve montos enormes. La doc técnica del proyecto va a definir esto pero no se conoce públicamente todavía.

La segunda: la relación con la legislación nacional. El RIGI nacional ya tiene un esquema de incentivos para grandes inversiones en hidrocarburos, incluyendo GNL. El régimen provincial tiene que articular con eso sin generar overlap regulatorio o competencia tributaria con Nación. Es zona delicada porque toca el tema federalismo fiscal, siempre sensible en Argentina.

La tercera: el control de cumplimiento. ¿Quién audita que las empresas efectivamente cumplan los compromisos de empleo local, transferencia tecnológica y huella ambiental? Si es la propia provincia, hay riesgo de captura regulatoria por la potencia económica de los operadores. Si es un organismo independiente, ¿quién lo financia y quién lo conduce? El diseño institucional de la auditoría es clave para que el régimen no se degrade en su aplicación.

Lo que sigue

Ventana corta. El proyecto entra a la Legislatura «en los próximos días». El bloque oficialista necesita preparar la defensa técnica, los bloques aliados van a estudiar el texto, la oposición va a buscar grietas. Estimación realista: 30 a 60 días entre entrada y sanción si todo va sin obstáculos. Si hay objeciones técnicas serias, el plazo se estira a 90-120 días.

Mientras tanto, las 15 áreas avanzan hacia su adjudicación el 19 de agosto y los equipos técnicos de YPF + Eni + XRG terminan los detalles del FID de Argentina LNG. La carrera entre la sanción del régimen y los hitos corporativos define gran parte del éxito del modelo. Quien quede en falta de tiempo —el ejecutivo provincial o las empresas— paga el costo.

Bertolini suspendido por el Concejo: Resa asume formalmente y vincula al exintendente con corrupción

El Concejo Deliberante de Plottier votó la suspensión formal de Luis Bertolini como intendente y, en el mismo acto, habilitó a Malena Resa a asumir como intendenta interina con todas las facultades del cargo. La decisión —tomada con amplio consenso entre el oficialismo y los bloques que ya marcaban distancia— cierra el primer capítulo formal de una crisis institucional que estalló a fines de abril con la imputación de Bertolini por administración fraudulenta. Resa, en su primer mensaje desde el sillón, no se anduvo con eufemismos: vinculó al exintendente con «corrupción» y prometió revisión de los contratos cuestionados desde «el primer minuto».

El movimiento del 11 de mayo era esperable desde hace días pero llega con peso institucional propio. Resa había asumido provisionalmente la semana pasada mientras la causa avanzaba con Bertolini suspendido en Plottier todavía con la formalidad del cargo. Lo que pasó este lunes es distinto: el Concejo le quitó al exintendente la cobertura institucional que mantenía. A partir de ahora, las decisiones operativas son responsabilidad directa de Resa, sin necesidad de validación cruzada del cargo formal de Bertolini.

Cómo se votó la suspensión

El Concejo trabajó la suspensión durante la última semana en sesiones de comisión, con dictámenes técnicos sobre el alcance legal del procedimiento. La normativa de Plottier permite la suspensión de un intendente por gravedad institucional, pero requiere mayoría calificada de concejales y un dictamen jurídico que sustente la decisión. Las dos condiciones se cumplieron.

El voto fue amplio. Aún concejales que en algún momento del mandato apoyaron a Bertolini terminaron sumándose a la suspensión. La razón es simple: los elementos probatorios que aparecieron en las últimas semanas —los 160 contratos investigados por la fiscalía, los $2.300 millones en juego, la imputación formal por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles— son lo suficientemente graves como para hacer insostenible cualquier alianza política con el imputado.

El argumento que se sostuvo desde la fundamentación: la suspensión no es un juicio de culpabilidad —eso lo define la justicia con sus tiempos— sino una medida cautelar institucional que protege al municipio de continuar bajo conducción de quien está siendo investigado por la gestión de fondos públicos. La distinción es relevante porque cualquier cuestionamiento legal posterior tiene que enfrentarse contra ese argumento.

La denuncia de Resa: cambio de tono

Lo más fuerte del día no fue la suspensión —que ya se descontaba— sino el tono frontal del primer mensaje de Resa formal en el cargo. La nueva intendenta evitó cualquier eufemismo y nombró «corrupción». Fue una decisión política deliberada: marca el rumbo de la gestión interina y reposiciona a Resa frente al electorado de Plottier como una figura que no va a tratar el caso como un mero problema técnico-administrativo.

Las palabras importan en este contexto. Bertolini puede ser imputado por administración fraudulenta y aún así sostener inocencia hasta el juicio. Pero cuando la propia intendenta interina —que era su vicintendenta hasta hace tres semanas— habla de «corrupción», el mensaje es político: se rompe la cobertura interna. El sucesor inmediato dentro del mismo equipo lo califica con la palabra más grave del vocabulario público argentino.

Resa anunció tres líneas de trabajo inmediatas: revisión de los contratos investigados, fortalecimiento de los procesos de control interno del municipio, y articulación abierta con la fiscalía para que cualquier información que el ejecutivo tenga esté disponible para la causa. La tercera línea es la más cargada: significa que la intendencia se va a portar como colaboradora de la justicia, no como parte interesada en proteger información.

Los 160 contratos y el monto en disputa

El núcleo de la causa son 160 contratos celebrados durante la gestión Bertolini que la fiscalía considera celebrados sin licitación, con sobreprecios o con beneficiarios vinculados al entorno político del exintendente. El monto total que estaría comprometido ronda los $2.300 millones —una cifra muy significativa para un municipio del tamaño de Plottier, donde el presupuesto anual ordinario opera en órdenes de magnitud comparables.

La fiscal Rocío Rivero fue contundente en sus declaraciones públicas previas: dijo claramente que la conducta investigada «es corrupción». Es la primera vez en mucho tiempo que una fiscal de la zona norpatagónica usa esa palabra de manera tan directa antes del juicio. El gesto es deliberado: marca el peso que la propia justicia le da al expediente.

Qué viene en las próximas semanas

Tres frentes simultáneos:

El frente judicial. La causa va a seguir su tránsito procesal. Bertolini ya enfrentó audiencias de imputación; los próximos pasos son la elevación a juicio o eventualmente acuerdos de juicio abreviado. La defensa va a buscar reducir el alcance de la imputación o demorar plazos. Es un proceso que puede llevar meses.

El frente administrativo. Resa tiene 60 días, según marca el protocolo municipal, para auditar los 160 contratos investigados y tomar decisiones sobre cuáles se rescinden, cuáles se renegocian y cuáles se sostienen mientras no haya orden judicial específica. Ese trabajo va a ser observado por la fiscalía, los medios y la propia oposición que ya empieza a posicionarse para 2027.

El frente político-electoral. Plottier va a tener elecciones municipales en 2027 y la administración Resa es la vidriera. Si cumple con la limpieza institucional sin estancar la gestión cotidiana —servicios, obras menores, atención al vecino— se transforma en la candidata natural para 2027. Si se traba en las dos puntas —administración judicial complicada + gestión paralizada— el espacio queda abierto a un outsider o a un retorno de algún sector que hoy mira desde la barrera.

La lectura provincial

Aunque la causa es estrictamente municipal, hay onda expansiva provincial. La gestión Figueroa sigue mirando con atención cómo se ordena Plottier —segunda ciudad en peso de la provincia— y qué señales manda el caso al resto del cluster municipal. Otros intendentes alineados con el oficialismo provincial van a estar más cuidadosos con los procesos de contratación durante los próximos 24 meses. El caso Bertolini opera, en términos prácticos, como disciplinador del clientelismo municipal que viene siendo una marca histórica de la gestión política argentina.

Para Resa, el desafío inmediato es traducir el momentum institucional en gestión visible. Las próximas tres semanas son las de mayor exposición política de su carrera. Cada decisión que tome —desde la firma del primer contrato propio hasta la primera medida sobre los contratos investigados— va a ser leída como definitoria. Más allá del impacto judicial sobre Bertolini, lo que se decide en estos días es si Plottier entra a 2027 con una administración sólida o si la crisis se prolonga lo suficiente como para reabrir la disputa política completa.

UNCo: Lopes vs Espinosa por el rectorado, arrancan tres semanas de campaña

La Universidad Nacional del Comahue oficializó este lunes las dos listas que competirán por el rectorado en las elecciones del 26 y 27 de mayo. Después de semanas de armado, posicionamientos cruzados y un congreso universitario que terminó dejando los frentes definidos, la pulseada se ordena en dos polos claros: la lista «Futuro UNCo» que encabezan Christian Lopes y Lorena Higuera, respaldada por la actual rectora Beatriz Gentile; y la lista «Impulsar la UNCo» con Carlos Espinosa y Ana Basset, que se presenta como alternativa con vocación de cambio en la conducción.

El cierre de inscripciones marca el arranque formal de tres semanas cortas y densas de campaña. La elección llega con un trasfondo presupuestario crítico que ya documentamos: la universidad opera con paritarias atrasadas, infraestructura comprometida y un presupuesto nacional que en términos reales perdió más del 30% desde 2023. Quien gane no va a tener margen de gestión cómodo. Ese contexto le da a la elección un peso operativo concreto, más allá del simbolismo institucional.

Quiénes son los candidatos

Christian Lopes, el candidato del oficialismo, es actualmente secretario de Planeamiento de la UNCo. Es ingeniero y viene formado en la gestión técnica de la universidad bajo la rectoría Gentile. Su candidatura representa continuidad ordenada: la apuesta del actual equipo a sostener la línea de gestión con un perfil más administrativo y menos político que el de la rectora actual. Higuera, su compañera de fórmula como vicerrectora, refuerza ese perfil técnico-académico.

Del otro lado, Carlos Espinosa, candidato de «Impulsar la UNCo», es decano de la Facultad de Turismo y construye su candidatura sobre la lectura de que la universidad necesita reordenar prioridades. Basset, su compañera de fórmula, viene del claustro docente. La identidad del frente —el nombre «Impulsar»— transmite el mensaje deliberado: contra el inmovilismo percibido, una propuesta de movimiento.

Ninguna de las dos listas se identifica explícitamente con un partido político nacional, lo cual es regla casi siempre en elecciones universitarias argentinas. Pero las redes de apoyo se leen sin esfuerzo: la lista oficialista cuenta con el respaldo orgánico del equipo de gestión actual y los sectores académicos alineados con la línea Gentile; la lista opositora suma decanos de facultades que han marcado distancia con el rectorado actual en los últimos dos años.

El padrón y los claustros

Votan 37.756 electores distribuidos en los cuatro claustros que define el estatuto universitario: docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Cada claustro pesa distinto en el cómputo final por sistema de ponderación. Los estudiantes son el claustro más numeroso pero su voto se pondera proporcionalmente menos; los docentes y graduados tienen peso relativo mayor por elector. Esa matriz electoral es la que históricamente equilibra a favor de listas con respaldo académico fuerte aún cuando movilizan menos electores brutos.

El cronograma marca la jornada del 23 de mayo para los semipresenciales —electorado disperso por la cordillera y el Alto Valle que vota con modalidad especial— y los días 26 y 27 de mayo para la elección general en todas las sedes de la universidad. El resultado se conoce en la noche del 27; si ninguna lista alcanza la mayoría requerida en algún claustro, hay segunda vuelta en una fecha por confirmar.

Lo que está en juego más allá de la pelea de nombres

Las elecciones rectorales de la UNCo no se deciden por carisma personal. Se deciden por tres ejes estructurales que los dos frentes vienen elaborando desde marzo:

Presupuesto y paritarias. Es el problema número uno. La UNCo arrastra dos años de salarios docentes retrasados respecto a inflación, una infraestructura edilicia que necesita inversión y un presupuesto nacional que sigue siendo el techo de cualquier plan local. Cualquiera de los dos frentes que gane va a tener que negociar con Buenos Aires y eso depende menos de la voluntad local que del ciclo macroeconómico nacional.

Vínculo con Vaca Muerta y el sector privado. La UNCo es la universidad de la región petrolera más importante del país. El cluster UNCo-Vaca Muerta opera ya con jornadas técnicas, convenios con operadoras y formación específica de talento. La pregunta no es si profundizar la relación sino cómo: con qué grado de autonomía académica, con qué priorización de áreas, con qué retorno económico para la universidad. Los dos candidatos tienen lecturas distintas y eso va a aparecer en el debate.

Modernización académica y carreras nuevas. Hay presión interna para abrir o reforzar carreras vinculadas a energía, inteligencia artificial, biomedicina y turismo —los sectores donde la región crece—. El oficialismo viene impulsando esos movimientos con prudencia; la oposición plantea un ritmo más agresivo. No es solo un debate académico: define el perfil de la UNCo de los próximos 10 años.

La campaña corta y el sello «elecciones universitarias»

Tres semanas es poco para campaña pero suficiente para que se definan los matices. La modalidad clásica de elección universitaria incluye debates en aulas magnas, presencia en facultades, asambleas de claustro y cobertura mediática local. Lo que NO incluye —típicamente— son las prácticas de campaña electoral tradicional: no hay spots pagos, no hay vía pública, no hay movilización paga. La pulseada es entre actores que se conocen entre sí, en una comunidad de 37.000 electores donde el boca a boca pesa más que cualquier estrategia digital.

El próximo hito relevante es el martes 12: la Jornada de Innovación en Hidrocarburos en la UNCo. No es un acto electoral pero es uno de los pocos espacios donde candidatos, decanos y referentes del sector privado coinciden en la misma agenda. La temperatura política del evento va a ser leída como termómetro implícito del clima electoral.

Por qué la elección importa para la región

La UNCo no es solo una universidad. Es el principal proveedor de formación profesional para el ciclo expansivo de Vaca Muerta, el polo académico que se articula con el Polo Científico Tecnológico de la capital, y la institución que define gran parte del techo educativo del Alto Valle y Cordillera. Quien la conduzca los próximos cuatro años va a tener voz sobre los temas que importan al desarrollo regional: formación de talento para el shale, articulación con el sector privado, investigación aplicada, transferencia tecnológica.

Por eso aunque el padrón sea de 37.756 electores, las consecuencias del resultado se extienden mucho más allá del campus. La política regional, las cámaras empresarias y los gobiernos provincial y municipal están mirando con atención —aunque desde la barrera, porque la autonomía universitaria les impide intervenir directamente—. El resultado del 27 de mayo va a marcar la línea de articulación UNCo-región para los próximos cuatro años.

Las tres semanas que arrancan hoy son el tiempo que tienen los dos frentes para convencer a los electores y, en el proceso, traducir los temas estructurales en propuestas concretas. Esa traducción es lo que va a definir el resultado.

Figueroa lanzó en Houston licitación de 15 áreas de GyP y sumó a Plaza Huincul como tercer nodo GNL

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Rolando Figueroa cerró su semana en Houston con tres anuncios que reordenan el mapa hidrocarburífero provincial y consolidan el modelo exportador que la gestión viene construyendo desde 2024. La síntesis es la siguiente: licitación de 15 áreas hidrocarburíferas de Gas y Petróleo (GyP) con adjudicación el 19 de agosto, tres áreas adjudicadas a YPF específicamente para el polo de GNL, y la incorporación de Plaza Huincul como tercer nodo del sistema de licuefacción, junto a Añelo y Rincón de los Sauces. El gobernador volvió a Neuquén el sábado con compromisos firmados, una hoja de ruta para los próximos seis meses y la lectura política de que la inversión en Vaca Muerta está acelerando.

La gira a Houston cruza con el otro frente que ya analizamos en detalle: el paquete combinado de plan vial, créditos BPN para pymes y nuevo esquema público-privado. La diferencia es que esos anuncios miraban hacia adentro —proveedores neuquinos, infraestructura financiada con regalías—. Los anuncios técnicos del cierre miran hacia afuera: cómo se conecta Vaca Muerta con el mercado global de GNL.

La licitación de las 15 áreas: el dato técnico fino

El cronograma quedó así: publicación oficial de pliegos en los próximos 30 días, ventana de presentación de ofertas que se cierra a mediados de agosto, y adjudicación el 19 de agosto. Las 15 áreas son una mezcla de bloques convencionales y no convencionales, todas dentro del perímetro provincial. El criterio de selección anunciado combina compromiso de inversión, plan de trabajo concreto, perfil del operador (experiencia, capacidad técnica) y contraprestaciones para la provincia (regalías, royalties, compromisos de proveedor local).

De las 15, tres van directamente a YPF para el complejo GNL. No salen a competencia abierta: están preasignadas porque su producción va a alimentar las plantas de licuefacción que YPF construye con sus socios (Eni y XRG, dentro del paquete Argentina LNG). Las otras 12 sí compiten libremente: ahí van a entrar los players grandes del shale —Vista, Pluspetrol, Tecpetrol, Pampa, Shell, Chevron— pero también jugadores de segunda línea que buscan ganar escala en el play más caliente del mundo.

La lectura política: GyP, la empresa provincial, mantiene control sobre el portafolio pero adjudica a operadores privados con know-how técnico. Es el modelo que la gestión Figueroa viene afinando desde el inicio del mandato: el Estado provincial es landlord sofisticado y socio en regalías, no operador directo.

Plaza Huincul: el tercer nodo GNL

El anuncio más estructural fue la incorporación de Plaza Huincul al mapa GNL. La ciudad —histórica capital petrolera de Neuquén, sede de la antigua YPF estatal— se suma al esquema que ya tenía dos nodos definidos: Añelo, en el corazón del play no convencional, donde se concentra la producción upstream; y Rincón de los Sauces, donde está la infraestructura midstream que alimenta el sistema de oleoductos y gasoductos hacia Punta Colorada.

Plaza Huincul aporta lo que faltaba: capacidad industrial probada, un parque industrial maduro, mano de obra calificada y conectividad ferroviaria con el resto del país. La idea es que ahí se localicen plantas auxiliares al complejo GNL —tratamiento de gas, separación de líquidos, mantenimiento técnico— que dependen de una base industrial sólida y no necesariamente de proximidad al pozo.

Para una ciudad como Plaza Huincul, que vivió 40 años el ciclo bajista de la producción convencional, el anuncio es una segunda oportunidad concreta. La promesa de inversión asociada al nodo GNL implica empleo industrial calificado, no solo trabajo de campo petrolero. Es un cambio de ecuación económica importante.

Marín y la frase que dejó vibrando al sector

Horacio Marín, presidente de YPF, fue la otra figura central de la semana de Houston y dejó una declaración que el sector leyó con atención. «Cuando se firme el financiamiento del GNL, viene el cambio en Vaca Muerta», dijo en una de las mesas redondas del evento. La frase no anuncia algo nuevo en términos de proyecto —el financiamiento de Argentina LNG con JP Morgan viene siendo trabajado desde fines de 2025— pero ratifica el cronograma: el FID (Final Investment Decision) está cerca.

Cuando se firme ese FID, el escalonamiento de inversiones cambia de orden. Pasa de «comprometidas en términos generales» a «comprometidas en términos contractuales con calendario de desembolso y construcción». Es el momento en que las EPC firms (constructoras de gran escala como Bechtel, Saipem, McDermott) empiezan a movilizar maquinaria, contratistas y mano de obra. Los economistas del sector vienen marcando que el FID es el tipping point del ciclo expansivo de Vaca Muerta.

El cruce con la agenda de infraestructura

Las licitaciones de Houston no se entienden sin el paquete logístico que la región viene construyendo. El bypass de Añelo y la rehabilitación de la Ruta 67 son la pieza que asegura que el flujo de materiales, equipos y personal hacia los nodos productivos no colapse. El canje de áreas YPF por obras en las Rutas 7 y 22 es el modelo que financia parte de ese paquete vial. Y la futura inauguración del primer cargamento por Punta Colorada (target diciembre 2026) cierra el circuito hacia mercado externo.

La lectura macro es nítida: los anuncios de Houston no son piezas aisladas de comunicación política sino tramos del mismo proyecto. La provincia organiza el upstream (las 15 áreas), el midstream (oleoductos, gasoductos, los tres nodos GNL) y el downstream institucional (régimen GNL provincial con regalías diferenciales sobre metano que va a Legislatura en los próximos días) como capítulos de un único modelo.

Qué cambia para Neuquén capital

Para la capital, los anuncios tienen efecto operativo y efecto político. El operativo: más actividad económica reflejada en el ciclo de proveedores, hospedaje, comercio y construcción privada que ya viene corriendo desde hace tres años. La capital es la base logística administrativa del play; cuando crece el upstream, crece la ciudad.

El político: Figueroa consolida el modelo de gestión que se va a presentar al votante en 2027. Si la línea de tiempo se cumple —los FIDs llegan, el primer cargamento por Punta Colorada se concreta en diciembre, el régimen GNL se sanciona— Neuquén entra al ciclo electoral 2027 con la postal del primer cargamento operativo, el régimen GNL en vigencia y inversiones por al menos USD 30.000 millones comprometidas en el play. Es una narrativa de gestión muy difícil de contestar desde la oposición.

El reloj de Houston empieza a correr el lunes mismo. Pliegos en los próximos 30 días, ofertas a mediados de agosto, adjudicación el 19 de agosto. Y mientras tanto, la Legislatura recibe el proyecto del régimen GNL. Tres meses críticos.

Gaido puso en marcha el asfalto de la Gran Avenida: la obra a menos de 90 días de iniciada

El primer balde de mezcla asfáltica cayó sobre la traza de la Gran Avenida a la mañana del domingo 10 de mayo. La escena es marca registrada de la gestión municipal: equipos trabajando en domingo, retroexcavadoras en operación entre Gatica y Linares, y al frente, el intendente Mariano Gaido haciendo gestos de obra inaugurada antes de tiempo. Para la administración capitalina, el hito es retórico tanto como técnico: menos de 90 días desde el inicio de la obra y ya empezó la carpeta asfáltica. Para los vecinos que conviven con el ruido nocturno hace tres meses, es la confirmación de que el plan de trabajo 24 horas tiene calendario verificable.

«Para nosotros es un día histórico, no solamente para cada uno de quienes llevamos adelante este gran proyecto sino también para la ciudad», expresó Gaido durante la recorrida por el sector. La declaración tiene el tono de gestión que el municipio cultiva desde el primer día del mandato: cada hito de obra es comunicado como acto fundacional, con vocabulario que mezcla obra pública con épica.

La obra en números

El proyecto integral de la Gran Avenida tiene una escala que pocos municipios argentinos de tamaño comparable suelen acometer en simultáneo. 14 kilómetros de extensión, una traza diseñada con 10 carriles totales —seis centrales para tránsito rápido más cuatro en calles colectoras para flujo vecinal y comercial—, un Parque Lineal Metropolitano equivalente a 25 plazas, bicisendas, sendas peatonales y recambio total de luminarias LED de alta potencia. La ingeniería hidráulica del proyecto incluye conductos pluviales longitudinales pensados para terminar con las inundaciones históricas del corredor, que es uno de los puntos sensibles cada vez que la lluvia se intensifica sobre la capital.

El impacto sobre la conectividad urbana es el dato más leído: la finalización del proyecto promete reducir en 50% los tiempos de traslado desde el centro y los puentes hacia el aeropuerto. La nivelación de la calzada también elimina el antiguo terraplén de la traza original —el de la vieja Ruta 22— y permite conectar de forma directa todas las calles transversales, integrando definitivamente el norte y el sur de la ciudad. Esa integración norte-sur es estructural: cualquier neuquino que viva en zonas como Bouquet Roldán, Mercantiles, Sapere o el oeste, sabe que la cicatriz urbana de la traza vieja era una barrera que dividía la ciudad en dos.

El compromiso de las 24 horas

La velocidad de ejecución es el dato político fino. Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, explicó la cadena técnica con precisión inusual para una declaración municipal: la carpeta asfáltica se compone de una base inferior ya imprimada más tres capas finales. «Las dos primeras capas son base negra, asfalto con piedra, tiene un espesor de cuatro o cinco centímetros», detalló. «Arriba va otra base negra más y arriba va la carpeta asfáltica con asfalto modificado. Estamos utilizando para colocar en la avenida lo mismo que estamos utilizando en las repavimentaciones».

El asfalto modificado de capa final es un material con mejores prestaciones que el convencional —tiene mayor resistencia al envejecimiento térmico y al tráfico pesado—. Que la municipalidad lo aplique no es trivial: es la decisión técnica que diferencia una obra pensada para 8-10 años de vida útil de una pensada para 25-30. La diferencia importa porque la Gran Avenida, una vez completada, va a ser uno de los corredores de tránsito más demandados de la capital, con el flujo del aeropuerto sumándose al tráfico cotidiano hacia las zonas residenciales del norte.

El esquema de trabajo en turnos rotativos —mañana, tarde y noche— es lo que explica el ritmo. Cuesta más caro que la modalidad estándar de 8 horas diarias, pero comprime el cronograma de manera dramática. Una obra de esta escala en otras capitales provinciales suele demorar entre 18 y 24 meses; el municipio capitalino apunta a cerrarla en menos de la mitad de ese plazo.

Sin endeudamiento: la pieza financiera

Uno de los datos más relevantes del proyecto, y que el gobierno municipal repite con énfasis, es el financiamiento. La obra se paga con superávit de las cuentas municipales, sin recurrir a deuda externa ni a transferencias provinciales o nacionales atadas a condicionalidades. Para una ciudad cuya estructura tributaria depende en buena medida del ciclo económico del shale —comercios, servicios y construcción privada movidos por el efecto Vaca Muerta—, esto es una variable política con peso: si el ciclo se enfría, la obra ya está pagada y no genera servicio de deuda en el balance municipal.

La capacidad de ahorrar en años buenos para financiar obras de impacto sin tomar deuda es un argumento que la administración Gaido usa como diferencial. Otras capitales provinciales argentinas se endeudaron fuerte en los últimos 24 meses para sostener inversión pública en contextos macro complicados; Neuquén capital evita ese camino. Si el modelo se sostiene, la obra queda como referencia para futuras decisiones presupuestarias.

El cruce con la agenda regional

La Gran Avenida no es una obra aislada. Forma parte del paquete logístico-urbano que la provincia y la región construyen para sostener el ciclo expansivo de Vaca Muerta: el bypass de Añelo, la rehabilitación de la Ruta 67, los corredores que conectan la cuenca con la red troncal. La Gran Avenida es la pieza urbana de ese rompecabezas — el segmento que asegura que el flujo del aeropuerto Presidente Perón hacia el centro y hacia los polos del norte capitalino funcione sin embotellamientos crónicos.

El otro eje complementario de la transformación urbana que viene impulsando el municipio es el Polo Científico Tecnológico, cuyo tercer edificio se licitó la semana pasada con foco en biomedicina y data center. La combinación obra pública vial + infraestructura científica posiciona a la capital con un perfil distinto al de otras capitales medianas argentinas: la apuesta deliberada por agregar valor más allá del sector petrolero directo.

La lectura política

Para Gaido, el ritmo de obra es estrategia electoral implícita. La capital entra al ciclo electoral 2027 con la Gran Avenida operativa y eso queda como capital político tangible. La velocidad de ejecución comprime la ventana entre anuncio e inauguración, reduciendo el riesgo de que un cambio de contexto político o financiero diluya el mensaje.

«Estamos muy felices, día domingo, dándole puntapié inicial al asfalto y además demostrando que las empresas neuquinas son un ejemplo a nivel país», cerró el intendente. La frase final apunta al otro mensaje deliberado: contratar empresas locales en una obra de esta envergadura es decisión política, no técnica. Otras administraciones suelen adjudicar a empresas porteñas o multinacionales por escala y especialización; el municipio capitalino apuesta por proveedores neuquinos como forma de redistribuir el ciclo expansivo hacia la base productiva local.

La carpeta asfáltica que cae hoy sobre la traza es, en términos prácticos, los primeros cinco centímetros de pavimento de los aproximadamente quince centímetros totales que va a tener la calzada al final. Faltan dos capas más y los conductos pluviales largos. Si el ritmo se sostiene como hasta ahora, la inauguración formal del primer tramo entre Gatica y Linares queda dentro de las próximas semanas; el resto de la traza, completa, durante el segundo semestre. El reloj corre y el municipio lo cronómetra.

Cómo usar el simulador de Neuquén Habita: calculá tu cuota antes de inscribirte

Antes de inscribirte en Neuquén Habita conviene saber a qué cuota mensual estás apuntando. La provincia tiene desde el lanzamiento un simulador oficial online que en menos de cinco minutos te calcula la cuota estimada según tus ingresos y el monto que querés pedir, y te indica si la operación es viable bajo el techo del 30% de los ingresos del grupo familiar. Acá te explicamos cómo usarlo paso a paso, qué datos tener a mano y cómo interpretar el resultado.

El simulador vive en la oficina virtual del ADUS/IPVU y es de acceso libre, sin registro previo. Es una herramienta orientativa: el resultado es una estimación basada en los datos que vos cargás, no es una pre-aprobación. Sirve para que veas si la combinación monto-plazo-ingresos te cierra antes de invertir tiempo en la inscripción formal.

Qué necesitás tener a mano antes de simular

Tres datos. Uno: los ingresos netos del grupo familiar sumando todos los aportantes (vos, tu pareja si convive, otros mayores que aporten al hogar). El simulador no pide recibo de sueldo, pero el número que ingreses tiene que ser realista — porque a la hora del trámite real la provincia te va a pedir constancias. Dos: el destino del crédito — construcción de vivienda nueva (techo $150 millones) o ampliación/refacción (techo $75 millones). Tres: el plazo al que querés tomar el crédito, hasta un máximo de 20 años.

Los 5 pasos para usar el simulador

Paso 1. Entrás a la oficina virtual del ADUS/IPVU y buscás el botón «Simulador de crédito». Está visible desde la home, no hace falta loguearte.

Paso 2. Seleccionás la línea: «Construcción» o «Ampliación/Refacción». Cada una tiene techo distinto, así que asegurate de elegir la correcta antes de seguir.

Paso 3. Cargás el monto solicitado. El simulador te avisa si te pasaste del techo de la línea. Probá variantes: por ejemplo, si arrancás pidiendo $150M y la cuota te sale alta, bajá a $100M para ver cómo cambia.

Paso 4. Cargás los ingresos mensuales netos del grupo familiar. Sumá todos los aportantes — sueldos, jubilaciones, ingresos de trabajo independiente formalizado. El simulador usa este número para verificar que la cuota no supere el 30%.

Paso 5. Elegís el plazo (entre 5 y 20 años). El simulador te muestra la cuota mensual estimada y te avisa si esa cuota supera el techo del 30% sobre tus ingresos. Si lo supera, la operación no sería viable bajo las reglas actuales del programa: tenés que ajustar el monto, el plazo o sumar ingresos al grupo.

Cómo interpretar el resultado

El número que te devuelve el simulador es una estimación con tasa subsidiada provincial, no la cuota final exacta. La cuota efectiva puede variar según el ajuste por paritaria provincial y por actualizaciones del régimen de tasas que la provincia revisa periódicamente. Pero como referencia para decidir si te conviene avanzar con la inscripción, sirve perfecto.

Tres lecturas útiles del resultado: si la cuota te queda por debajo del 20% de los ingresos, tenés margen para pedir un poco más o un plazo más corto. Si te queda entre 20% y 30%, la operación es viable pero ajustada — conviene no comprometerse al máximo. Si te queda arriba del 30%, no entrás bajo las reglas del programa: ajustá monto o plazo, o sumá un cosolicitante con ingresos.

Después del simulador, el siguiente paso es la inscripción formal en la misma oficina virtual. Para conocer los requisitos completos del programa Neuquén Habita —edad, RUPROVI, exclusiones, escritura del lote— te dejamos la pieza pillar con el detalle. Si tu perfil no entra en la línea principal, conviene esperar a que la provincia confirme la segunda capa del programa para no bancarizados que Figueroa está terminando de armar.

UNCo: las listas oficiales del rectorado se anuncian mañana y arranca la pulseada de tres semanas

Mañana lunes vence el plazo de impugnaciones y la Universidad Nacional del Comahue publica las listas oficiales que van a competir por el rectorado en las elecciones del 26 y 27 de mayo. Es el momento en que la negociación interna que se viene desarrollando hace dos meses se vuelve formal: cada espacio confirma sus candidaturas, los acuerdos cierran, y los claustros tienen tres semanas para evaluar quién va a conducir una de las instituciones más sensibles del sistema universitario patagónico durante los próximos cuatro años.

El contexto que enmarca el anuncio no cambia desde la pieza inicial que publicamos hace dos días: la UNCo enfrenta una brecha presupuestaria de 23.800 millones de pesos entre lo que pidió al Consejo Interuniversitario Nacional para 2026 y lo que el Congreso le aprobó. Los 94.200 millones efectivos están condicionando todo: cargos docentes que no se renuevan, becas estancadas, equipamiento que envejece, una salida silenciosa de investigadores hacia universidades chilenas, brasileñas y europeas. Quien gane el 27 de mayo asume con esa herencia inmediatamente sobre la mesa.

Las tres líneas que se vienen consolidando

Las semanas previas al cierre de listas dejaron tres bloques con tracción real, aunque con peso desigual. El oficialismo —encolumnado detrás del actual rectorado— viene haciendo campaña con el mensaje de «continuidad ante la adversidad»: la idea de que pese al apretón presupuestario la universidad no cerró carreras, mantuvo presencia territorial en sedes alejadas y sostuvo la actividad académica regular. La candidatura encabeza con apoyo formal de los decanatos de Humanidades, Educación, Ingeniería y Ciencias del Ambiente, donde el espacio histórico tiene mayoría consolidada.

La oposición principal se viene articulando como un interbloque heterogéneo con peso en Económicas, Ciencias Médicas y Turismo. La crítica de fondo es que la «continuidad» del oficialismo significa, en los hechos, achique sostenido: la UNCo perdería competitividad frente a universidades del centro del país y los recursos asignados internamente no se distribuyen con criterios técnicos sino políticos. La candidatura se construye sobre una promesa de transparencia presupuestaria + negociación más dura con Nación + plan concreto de retención de investigadores.

La tercera línea, con peso en sectores estudiantiles y en parte del claustro de no docentes, tiene perfil más programático que electoral. Defiende el cogobierno, plantea revisión del modelo de financiamiento y agenda transversal con la lucha nacional por la Ley 27.795 de financiamiento universitario. No tiene pretensión de ganar el rectorado pero busca marcar pisos en la Asamblea Universitaria.

El calendario fino de las próximas tres semanas

Una vez publicadas las listas oficiales mañana 11/5, el cronograma queda comprimido y predecible:

Del 11 al 22 de mayo — Campaña activa. Las dos semanas centrales son las del trabajo de pasillo: cada lista negocia apoyos en los claustros, fija prioridades de campaña, define qué decanos y consejeros van a apoyar qué candidatura. Los debates abiertos suelen concentrarse en la última semana.

Sábado 23 de mayo — Jornada especial. Estudiantes de modalidad semipresencial de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología votan por anticipado. Es un nicho electoral pequeño pero relevante para el cómputo final.

Martes 26 y miércoles 27 de mayo — Día de la votación. Mesas habilitadas entre las 10 y las 20 horas en cada facultad. La elección es indirecta: cada claustro vota su representación a la Asamblea Universitaria, que después elige a las nuevas autoridades. La distribución de pesos por claustro es lo que define el resultado, más que el voto individual de cada miembro de la comunidad universitaria.

Jueves 28 de mayo — Resultados y composición de Asamblea. Los resultados definitivos se conocen al día siguiente del cierre. La Asamblea convoca después para elegir formalmente al nuevo rectorado.

Lo que va a definir la pulseada

Tres factores van a pesar más que las plataformas en sí mismas, según fuentes consultadas en los tres bloques. El primero es la distribución por claustro: docentes, estudiantes, no docentes y graduados tienen peso desigual en la Asamblea. Los acuerdos cruzados —oficialismo de docentes con oposición de estudiantes, por ejemplo— pueden producir resultados que las plataformas individuales no anticipan. El segundo es la tasa de participación: las elecciones universitarias suelen tener participación baja, y movilizar al claustro propio es lo que decide la elección, no convencer al rival. El tercero es la articulación con la Legislatura provincial: el gobernador Rolando Figueroa adelantó en los últimos meses lineamientos sobre el modelo universitario que considera deseable, una intervención poco habitual que pesa en la conversación interna pero que la oposición universitaria lee como injerencia indebida.

Lo que mira el resto del país

La elección de la UNCo no es solo una contienda local. Las universidades nacionales atraviesan un momento crítico de financiamiento y negociación con Nación, y el resultado del Comahue va a ser leído como termómetro de cómo el sistema universitario público responde al ajuste sostenido del último año. Si gana el oficialismo, el modelo de «administración del achique» se consolida como camino transitable. Si gana la oposición, la conversación nacional se acelera hacia mecanismos más confrontativos con el Ministerio de Educación.

Mañana arranca la fase pública de las próximas tres semanas. Lo que se decida en el Comahue va a tener peso más allá de la cordillera.

VMOS Chelforó: el cruce subterráneo del oleoducto bajo el Río Negro confirma el cronograma de exportación

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Hay obras civiles que el público las ve cuando ya están terminadas. La que se está completando estos días en Chelforó —un punto de la traza del oleoducto Vaca Muerta Sur que cruza por debajo del cauce del Río Negro— es de las que se hacen lejos de las cámaras pero condicionan todo lo demás. YPF y el consorcio constructor Techint-Sacde celebraron esta semana el avance del cruce subterráneo, una de las piezas técnicamente más complejas del megaproyecto y un hito que confirma el cronograma del primer cargamento por Punta Colorada para diciembre de 2026.

El cruce no es trivial. Llevar un caño de exportación de 30 pulgadas por debajo de un río con caudales variables, sin afectar el tránsito fluvial ni el lecho ni los acuíferos asociados, requiere una técnica específica —perforación direccional horizontal— y meses de planificación previa. La ventana de ejecución se calibra con datos hidrológicos históricos para minimizar riesgos. Que el tramo esté próximo a quedar terminado en mayo significa que el operativo cumplió ventana y que el ducto puede continuar su avance hacia la cabecera marítima.

Por qué Chelforó es la pieza que sostiene el cronograma

El proyecto VMOS —437 kilómetros desde Añelo hasta Punta Colorada— atraviesa varios cruces complejos: rutas nacionales, vías ferroviarias, áreas urbanas y, sobre todo, ríos. El del Río Negro en Chelforó es el más sensible porque es el que separa, hidrológicamente, la cuenca neuquina del Atlántico. Si por algún motivo este tramo se demoraba —ya sea por imprevistos geológicos, por una ventana hidrológica adversa, o por contingencias regulatorias— todo el cronograma del primer cargamento de diciembre quedaba en riesgo. Que esté aproximándose al cierre confirma que la fase de obra mayor del proyecto está bajo control técnico.

El consorcio Techint-Sacde se quedó con la adjudicación de las obras civiles tras una licitación cerrada hace 18 meses. Ambas empresas tienen experiencia en obras de magnitud comparable —Techint con experiencia internacional en megaductos y Sacde con presencia continua en la cuenca neuquina—. La combinación dio garantías a los socios financieros del proyecto y permitió cerrar la línea de financiamiento estructurada por bancos internacionales.

El consorcio detrás del proyecto

VMOS es operado por YPF en sociedad con seis socios: Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Shell y Pluspetrol. Es el segundo proyecto de la cuenca aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, en términos de impacto en el flujo exportador argentino, probablemente el más estratégico del año. La inversión total ronda los USD 3.000 millones, y la capacidad inicial de 180.000 barriles diarios escalará a 550.000 bpd hacia 2028.

El cruce subterráneo de Chelforó es uno de varios tramos críticos. Quedan por completar tramos en zonas montañosas de la traza intermedia, la cabecera marítima en Punta Colorada (la pieza más compleja por las condiciones del Atlántico Sur), y las pruebas de carga finales antes del primer despacho. El cronograma técnico apunta a que todas estas piezas estén listas para octubre-noviembre, dejando el último mes para certificaciones regulatorias y el barco inaugural.

El otro impacto: Río Negro entra al juego exportador

El cruce de Chelforó tiene una dimensión política poco discutida: incorpora a la provincia de Río Negro al ecosistema exportador de Vaca Muerta. Hasta ahora, Río Negro era principalmente provincia de paso para el tráfico logístico de la cuenca; con el oleoducto cruzando su territorio rumbo al Atlántico, pasa a ser parte activa de la cadena. Eso abre conversaciones sobre regalías, tasas viales, regímenes municipales en localidades del trayecto y, sobre todo, sobre cómo la provincia capta valor de un proyecto cuya producción es neuquina pero cuya logística cruza territorio rionegrino.

Para Neuquén, el dato relevante sigue siendo el cronograma. Cada hito completado del VMOS confirma que la infraestructura logística que está sosteniendo el ciclo expansivo de la cuenca avanza. El bypass de Añelo, la Ruta 67, el canje de áreas YPF por obras viales en las rutas 7 y 22 —todas las piezas que vienen apareciendo en las últimas semanas— forman parte del mismo paquete: la cuenca que produce + la cuenca que evacúa + la cuenca que exporta tienen que estar listas en simultáneo para que el ciclo arranque sin cuellos de botella.

Lo que viene en la traza completa

Faltan siete meses para el primer cargamento. El consorcio trabaja en paralelo en tres frentes: el avance lineal del ducto desde Añelo, las obras de la cabecera marítima en Punta Colorada (las más complejas técnicamente), y las pruebas de presión y certificación que tienen que cerrar antes del primer barco. Cada una de las tres tiene su propio riesgo y su propio cronograma; el de Chelforó —el cruce hidrológico más sensible— era una de las dudas mayores y ahora queda atrás.

Para los inversores que escucharon a Figueroa exponer en Houston la semana pasada, el avance de VMOS es la confirmación operativa que necesitaban. Las decisiones de capex que las super-majors están tomando en sus comités del primer semestre dependen de que esta infraestructura llegue a tiempo. Cada hito completado vale, en términos de capital comprometido, varios cientos de millones de dólares en proyectos asociados que estaban esperando ver el ducto en marcha.