Hay decisiones de política provincial que no van al titular pero que valen más que muchas firmas de convenios con bombo. El canje de áreas hidrocarburíferas entre Neuquén e YPF a cambio de obras viales en las rutas 7 y 22 es de ese tipo: un acuerdo trabajado a puerta cerrada durante meses, ratificado por decreto en abril, y cuya magnitud económica recién empieza a hacerse pública. El paquete vial supera los USD 150 millones, con posibles USD 30 millones adicionales para ampliaciones del trazado.
El esquema se ordenó a través de los Decretos 475, 476 y 496, firmados por el gobernador Rolando Figueroa el 10 de abril de 2026. Por esos instrumentos, la provincia autorizó la cesión del 100% de la participación de Pluspetrol en tres áreas estratégicas —Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas— para que pasen a integrar el portfolio de YPF dentro del proyecto Argentina LNG.
Canje áreas YPF rutas Neuquén: la lógica del intercambio
El acuerdo no es un subsidio. No es una concesión gratuita. Es un trade donde ambas partes ponen valor: Neuquén entrega áreas con potencial gasífero clave para abastecer el proyecto exportador de GNL, y YPF compromete a cambio inversión vial concreta en zonas que la provincia necesita modernizar. Las áreas cedidas se dividirán en cinco bloques operativos, lo que le da a YPF margen para escalonar la inversión y a la provincia para ir auditando cumplimientos.
La obra prioritaria son las rutas 7 y 22, los dos corredores por donde pasa la mayor parte del tráfico vinculado a la actividad hidrocarburífera del norte de la cuenca. El proyecto contempla puentes en altura, duplicaciones de calzada en tramos críticos y nuevos «rulos» de conexión en el norte de Neuquén capital, una zona donde el cuello de botella vial impacta directamente en los tiempos logísticos del shale.
El intercambio resuelve un problema histórico de la cuenca: las operadoras necesitan infraestructura, pero las provincias no tienen siempre los recursos disponibles en el momento en que la inversión se necesita. La negociación cruzada permite que la inversión se pague con activos que igual iban a desarrollarse —las áreas que pasan a YPF— en lugar de salir del presupuesto general.
Lo que viene en la Legislatura
Figueroa adelantó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley que va a complementar el esquema con dos elementos jurídicos clave. El primero es un régimen especial para la producción de gas destinada a exportación de GNL, con marcos contractuales adaptados a los plazos largos que requiere la inversión en plantas de licuefacción. El segundo es un nuevo esquema de cálculo de regalías en áreas dedicadas a producción para GNL, con un valor en boca de pozo definido por el ámbito provincial — algo que las operadoras vienen pidiendo desde hace tiempo para cerrar números de proyectos a 20 años.
Ese paquete legislativo es la pata jurídica de un movimiento más grande. Sin marco regulatorio adaptado a la lógica del GNL, las inversiones por billones que el país está empezando a recibir —incluyendo los USD 10.000 millones que Chevron acaba de comprometer vía RIGI— corren riesgo de demoras o ajustes a la baja. La velocidad con que la Legislatura provincial trate el proyecto va a ser un termómetro de cuán seriamente el sistema político neuquino lee la oportunidad.
Por qué importa el canje en términos políticos
El intercambio áreas-por-rutas ilustra un modelo de gestión que la administración Figueroa viene aplicando con cierta consistencia: el Estado provincial como articulador de inversiones privadas con contraprestación pública. No es ni privatización pura —el Estado mantiene poder regulatorio y capacidad de auditoría— ni interventoría pesada —el Estado no se mete a operar lo que la empresa hace mejor—. Es una zona intermedia que la macroeconomía argentina del kirchnerismo o del neoliberalismo de los noventa nunca exploró sistemáticamente.
Para los inversores que escucharon a Figueroa en su presentación reciente en Houston, este tipo de acuerdos es exactamente lo que buscan ver: un marco predecible, un partner público con capacidad de cumplimiento y un cálculo económico realista. La diferencia con otras jurisdicciones petroleras de Latinoamérica —donde el Estado oscila entre la retracción total y la intervención disruptiva— es lo que vuelve a Neuquén competitivo en términos institucionales.
Lo que falta resolver
Tres puntos abiertos en el acuerdo merecen seguimiento periodístico. Primero: el cronograma exacto de las obras viales y el mecanismo de auditoría de cumplimiento por parte de la provincia. Las experiencias provinciales con concesiones donde la contraprestación se demoró indefinidamente son numerosas y conviene no repetirlas. Segundo: la coordinación con Vialidad Nacional para las rutas que son de jurisdicción federal —especialmente la 22, que conecta con Río Negro— ya que el financiamiento privado provincial requiere acuerdos con la Nación para no superponerse con planes existentes. Tercero: cómo se incorporan en el esquema las localidades del recorrido (Plottier, Centenario, Añelo) que también necesitan inversión vial pero quedaron fuera del paquete inicial.
El próximo paso institucional es la presentación del proyecto regulatorio en la Legislatura, prevista para las próximas semanas. La buena noticia para la provincia es que cuenta con mayoría legislativa para aprobarlo. La pregunta es si el debate va a aportar enmiendas técnicas valiosas o si va a quedar en una ratificación formal del trabajo del Ejecutivo.
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