El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº6 dictó un fallo que le va a doler al Estado nacional y va a animar a la industria del shale: Tecpetrol ganó el reclamo por las compensaciones recortadas del Plan Gas no convencional y la Justicia ordenó al Estado pagar más de $2.553 millones más intereses. El monto cubre las compensaciones de agosto, septiembre y octubre de 2018 que el gobierno macrista resolvió no abonar en su momento al considerar —sin pruebas técnicas concluyentes, según el fallo— que la empresa habría sobrecumplido obligaciones del plan más allá de lo razonable. La sentencia es apelable, pero marca un precedente jurisprudencial relevante para el conjunto de operadoras de Vaca Muerta que arrastraban reclamos similares.
La noticia conecta directo con la arquitectura tributaria que sostiene el modelo neuquino: el Plan Gas fue el esquema federal que entre 2017 y 2021 incentivó la producción no convencional con un precio sostén. Cuando los pozos de las operadoras superaron las metas previstas —porque la productividad de Vaca Muerta resultó más alta de la imaginada— el Estado quiso recortar pagos invocando «sobreoferta no comprometida». La Justicia ahora le dice que el argumento técnico no se sostuvo.
El argumento que rechazó la Justicia
El razonamiento del juez Enrique Lavié Pico es directo y técnico. El Estado había sostenido que Tecpetrol había sobreproducido por encima de lo comprometido en el plan original y que ese excedente no merecía la compensación contractual. La defensa de la empresa replicó con pericia técnica independiente: en 2018, Tecpetrol perforó 114 pozos cuando el plan contemplaba hasta 121; en 2017-2019 los pozos perforados coincidieron exactamente con los proyectados. El salto en la producción —principalmente desde el bloque Fortín de Piedra— se explicó por mayor productividad por pozo, no por más pozos.
El dato del bloque es importante: Fortín de Piedra triplicó su productividad media durante el período. Eso significa que cada pozo produjo aproximadamente tres veces más que las estimaciones técnicas iniciales del plan. La Justicia interpretó que el contrato comprometía a Tecpetrol a perforar X pozos, no a producir Y volumen — y que la mayor productividad por pozo era un beneficio técnico de la empresa, no una violación del contrato.
«La empresa no hizo más pozos de los acordados; los pozos que hizo simplemente fueron mejores», resumió un consultor del sector consultado off-the-record. «El Estado intentó re-escribir el contrato a posteriori cuando vio que Vaca Muerta estaba produciendo más de lo que los técnicos federales habían imaginado en 2017».
Qué significa para Tecpetrol
Para la empresa del grupo Techint, $2.553 millones + intereses es una suma significativa pero no transformadora. Es un mes de ingresos en términos del flujo operativo actual de la compañía en Vaca Muerta. La importancia es jurisprudencial: marca el criterio judicial para los demás reclamos pendientes de la misma empresa y de otras operadoras. Por extensión, fortalece la posición negociadora del sector privado frente al Estado en futuras renegociaciones de planes de incentivo.
Tecpetrol viene siendo uno de los actores más sólidos del play. Fortín de Piedra es el bloque de gas no convencional más productivo de la región y fue durante años el principal aportante de gas natural al sistema federal. La empresa también opera bloques de petróleo en sociedad con otras operadoras y forma parte del paquete logístico-industrial que la cuenca está armando hacia el GNL.
Qué significa para el sector
El precedente tiene efectos cascada. Otras operadoras —YPF, Pampa Energía, Pluspetrol— enfrentaron recortes similares al Plan Gas en distintos periodos. Si el fallo Tecpetrol se sostiene en cámara y eventualmente Corte Suprema, abre la puerta para que esos reclamos también se ganen. Estimaciones de analistas del sector apuntan a que el monto total que el Estado podría terminar pagando, si todos los reclamos similares prosperan, ronde los USD 200-300 millones en valores actuales.
Eso es una variable fiscal nueva para el Estado nacional en el contexto del programa con FMI. Si el monto se confirma, hay que financiarlo de algún modo: o presupuesto (improbable por el ajuste vigente), o nuevo endeudamiento (limitado por las metas con el FMI), o negociación con las empresas para canjes alternativos (cuotas más largas, créditos contra regalías futuras, etc.). El último camino es el más probable.
El cruce con el ciclo de inversión actual
El fallo llega en un momento estratégico. La provincia acaba de lanzar la licitación de 15 áreas hidrocarburíferas en Houston con adjudicación el 19 de agosto, y el FID de Argentina LNG está esperado para mediados de año. Los operadores —incluida Tecpetrol— están midiendo el clima jurídico-tributario del país para decidir cuánto capex comprometer en los próximos 24 meses.
Un fallo que respeta el contrato original frente a intentos de modificación unilateral del Estado aumenta la seguridad jurídica percibida y mejora el cost-of-capital implícito de los proyectos. Es una señal positiva en términos de inversión, aunque negativa en términos de caja del Estado. Para Neuquén, que tiene 50% de su presupuesto financiado por regalías, importa: cuanto más se invierte, más se produce, más regalías cobra la provincia.
La reacción esperable del Estado
Procuración del Tesoro va a apelar. Esa es la respuesta institucional default ante fallos contra el Estado en materia federal. La apelación irá a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que tarda entre 12 y 24 meses en decidir. Si la cámara confirma, el caso puede llegar a Corte Suprema —otro año a año y medio—. En todo ese período, la deuda devenga intereses, lo cual le mejora la ecuación a Tecpetrol y la empeora al Estado.
El gobierno del Presidente Milei tiene además un problema retórico: durante la campaña marcó distancia del macrismo y del kirchnerismo, pero hereda los pasivos contractuales de ambos. Pagar $2.553M por un recorte hecho en 2018 por la administración Macri no es algo que la actual gestión quiera contar como éxito propio, pero tampoco puede esquivar el costo si el fallo se sostiene.
Lo que dice la industria entre líneas
Lo más importante del fallo no es el monto sino la doctrina implícita: el Estado no puede modificar unilateralmente las reglas del juego una vez que el contrato está firmado y la inversión hecha. Para una industria que requiere ciclos de inversión de 5 a 10 años (un proyecto GNL de Argentina LNG es de 20+), la seguridad jurídica es la variable más relevante después del precio internacional del producto.
Las operadoras lo van a leer como una buena señal del Poder Judicial argentino —independientemente del Poder Ejecutivo de turno— y eso pesa positivamente en las decisiones de FID que están todas en la mesa. Si la Justicia respalda los contratos, los inversores se animan a comprometer capital de largo plazo. Si los contratos se honran, Vaca Muerta cumple su promesa. Y si Vaca Muerta cumple, Neuquén capitaliza el ciclo expansivo más importante de su historia.
El fallo Tecpetrol del 2018 —once años después— termina siendo, por las paradojas del derecho administrativo argentino, una de las mejores noticias del año para el ecosistema de inversión del shale neuquino.
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