El Concejo Deliberante de Plottier votó la suspensión formal de Luis Bertolini como intendente y, en el mismo acto, habilitó a Malena Resa a asumir como intendenta interina con todas las facultades del cargo. La decisión —tomada con amplio consenso entre el oficialismo y los bloques que ya marcaban distancia— cierra el primer capítulo formal de una crisis institucional que estalló a fines de abril con la imputación de Bertolini por administración fraudulenta. Resa, en su primer mensaje desde el sillón, no se anduvo con eufemismos: vinculó al exintendente con «corrupción» y prometió revisión de los contratos cuestionados desde «el primer minuto».
El movimiento del 11 de mayo era esperable desde hace días pero llega con peso institucional propio. Resa había asumido provisionalmente la semana pasada mientras la causa avanzaba con Bertolini suspendido en Plottier todavía con la formalidad del cargo. Lo que pasó este lunes es distinto: el Concejo le quitó al exintendente la cobertura institucional que mantenía. A partir de ahora, las decisiones operativas son responsabilidad directa de Resa, sin necesidad de validación cruzada del cargo formal de Bertolini.
Cómo se votó la suspensión
El Concejo trabajó la suspensión durante la última semana en sesiones de comisión, con dictámenes técnicos sobre el alcance legal del procedimiento. La normativa de Plottier permite la suspensión de un intendente por gravedad institucional, pero requiere mayoría calificada de concejales y un dictamen jurídico que sustente la decisión. Las dos condiciones se cumplieron.
El voto fue amplio. Aún concejales que en algún momento del mandato apoyaron a Bertolini terminaron sumándose a la suspensión. La razón es simple: los elementos probatorios que aparecieron en las últimas semanas —los 160 contratos investigados por la fiscalía, los $2.300 millones en juego, la imputación formal por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles— son lo suficientemente graves como para hacer insostenible cualquier alianza política con el imputado.
El argumento que se sostuvo desde la fundamentación: la suspensión no es un juicio de culpabilidad —eso lo define la justicia con sus tiempos— sino una medida cautelar institucional que protege al municipio de continuar bajo conducción de quien está siendo investigado por la gestión de fondos públicos. La distinción es relevante porque cualquier cuestionamiento legal posterior tiene que enfrentarse contra ese argumento.
La denuncia de Resa: cambio de tono
Lo más fuerte del día no fue la suspensión —que ya se descontaba— sino el tono frontal del primer mensaje de Resa formal en el cargo. La nueva intendenta evitó cualquier eufemismo y nombró «corrupción». Fue una decisión política deliberada: marca el rumbo de la gestión interina y reposiciona a Resa frente al electorado de Plottier como una figura que no va a tratar el caso como un mero problema técnico-administrativo.
Las palabras importan en este contexto. Bertolini puede ser imputado por administración fraudulenta y aún así sostener inocencia hasta el juicio. Pero cuando la propia intendenta interina —que era su vicintendenta hasta hace tres semanas— habla de «corrupción», el mensaje es político: se rompe la cobertura interna. El sucesor inmediato dentro del mismo equipo lo califica con la palabra más grave del vocabulario público argentino.
Resa anunció tres líneas de trabajo inmediatas: revisión de los contratos investigados, fortalecimiento de los procesos de control interno del municipio, y articulación abierta con la fiscalía para que cualquier información que el ejecutivo tenga esté disponible para la causa. La tercera línea es la más cargada: significa que la intendencia se va a portar como colaboradora de la justicia, no como parte interesada en proteger información.
Los 160 contratos y el monto en disputa
El núcleo de la causa son 160 contratos celebrados durante la gestión Bertolini que la fiscalía considera celebrados sin licitación, con sobreprecios o con beneficiarios vinculados al entorno político del exintendente. El monto total que estaría comprometido ronda los $2.300 millones —una cifra muy significativa para un municipio del tamaño de Plottier, donde el presupuesto anual ordinario opera en órdenes de magnitud comparables.
La fiscal Rocío Rivero fue contundente en sus declaraciones públicas previas: dijo claramente que la conducta investigada «es corrupción». Es la primera vez en mucho tiempo que una fiscal de la zona norpatagónica usa esa palabra de manera tan directa antes del juicio. El gesto es deliberado: marca el peso que la propia justicia le da al expediente.
Qué viene en las próximas semanas
Tres frentes simultáneos:
El frente judicial. La causa va a seguir su tránsito procesal. Bertolini ya enfrentó audiencias de imputación; los próximos pasos son la elevación a juicio o eventualmente acuerdos de juicio abreviado. La defensa va a buscar reducir el alcance de la imputación o demorar plazos. Es un proceso que puede llevar meses.
El frente administrativo. Resa tiene 60 días, según marca el protocolo municipal, para auditar los 160 contratos investigados y tomar decisiones sobre cuáles se rescinden, cuáles se renegocian y cuáles se sostienen mientras no haya orden judicial específica. Ese trabajo va a ser observado por la fiscalía, los medios y la propia oposición que ya empieza a posicionarse para 2027.
El frente político-electoral. Plottier va a tener elecciones municipales en 2027 y la administración Resa es la vidriera. Si cumple con la limpieza institucional sin estancar la gestión cotidiana —servicios, obras menores, atención al vecino— se transforma en la candidata natural para 2027. Si se traba en las dos puntas —administración judicial complicada + gestión paralizada— el espacio queda abierto a un outsider o a un retorno de algún sector que hoy mira desde la barrera.
La lectura provincial
Aunque la causa es estrictamente municipal, hay onda expansiva provincial. La gestión Figueroa sigue mirando con atención cómo se ordena Plottier —segunda ciudad en peso de la provincia— y qué señales manda el caso al resto del cluster municipal. Otros intendentes alineados con el oficialismo provincial van a estar más cuidadosos con los procesos de contratación durante los próximos 24 meses. El caso Bertolini opera, en términos prácticos, como disciplinador del clientelismo municipal que viene siendo una marca histórica de la gestión política argentina.
Para Resa, el desafío inmediato es traducir el momentum institucional en gestión visible. Las próximas tres semanas son las de mayor exposición política de su carrera. Cada decisión que tome —desde la firma del primer contrato propio hasta la primera medida sobre los contratos investigados— va a ser leída como definitoria. Más allá del impacto judicial sobre Bertolini, lo que se decide en estos días es si Plottier entra a 2027 con una administración sólida o si la crisis se prolonga lo suficiente como para reabrir la disputa política completa.
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