Entre los anuncios que Rolando Figueroa trajo de Houston, hay uno que va a dominar el debate político-económico de las próximas semanas: el Régimen Provincial de GNL. El gobernador lo confirmó el viernes: el proyecto se enviará a la Legislatura «en los próximos días» y plantea regalías diferenciales sobre el metano destinado a exportación de gas natural licuado. La pieza es la institucionalización legal del modelo que Neuquén viene construyendo desde 2024 con cada anuncio de FID, planta, oleoducto y nodo industrial. Sin este régimen, el resto del paquete pierde solidez jurídica.
El proyecto cierra el modelo que ya analizamos en sus diversas piezas: las 15 áreas a licitación y la incorporación de Plaza Huincul como tercer nodo, los acuerdos institucionales firmados en Houston, y la estructura tributaria provincial sostenida por regalías hidrocarburíferas. El régimen GNL es la columna vertebral fiscal que conecta todo eso.
Qué va a contener el proyecto
El gobierno provincial trabajó el borrador con el ministerio de Economía, Hidrocarburos y la oficina de asesoría legal del ejecutivo durante los últimos tres meses. La información que circula entre los equipos técnicos —y que el propio Figueroa anticipó en distintos eventos públicos— marca tres pilares centrales del proyecto:
Regalías diferenciales sobre el metano destinado a GNL. Es el dato fino del régimen. El gas natural neuquino se grava actualmente al 12% de regalía estándar (más sumas adicionales según contrato). El proyecto introduce un esquema escalonado: la fracción del metano que se destina a producción de GNL para exportación tributa distinto que la fracción destinada al mercado interno. La hipótesis técnica que circula es que la regalía para GNL podría ubicarse en un escalón inferior los primeros años de operación (ventana de incentivo de inversión) y subir gradualmente cuando los proyectos amorticen capital. El objetivo es no asfixiar el FID en momento de decisión, sin renunciar al ingreso fiscal cuando el flujo de exportación se estabilice.
Marco de cumplimiento ambiental específico. El GNL es un negocio sensible a la huella de carbono. Los compradores europeos y asiáticos están exigiendo certificación de «GNL bajo en emisiones de metano» como criterio comercial. El proyecto provincial alinearía la regulación local con esos estándares: monitoreo de fugas de metano, obligaciones de reporte, sanciones por exceso. Es la pieza que asegura que el gas neuquino sea vendible en mercados premium.
Promoción del eslabonamiento local. Esquema de incentivos para que las empresas del régimen contraten proveedores neuquinos, generen empleo local calificado y participen en convenios de transferencia tecnológica con la UNCo y el Polo Tecnológico. Es la pieza que conecta el modelo extractivo con el desarrollo industrial local.
Por qué el timing importa
El proyecto llega a la Legislatura en mayo y eso no es casualidad. Hay dos razones:
Primero, el FID de Argentina LNG —el proyecto YPF + Eni + XRG— está esperado para mediados de 2026. Cuando esa decisión se firme, los inversores van a querer ver el marco regulatorio definitivo de la provincia que aloja la operación. Si el régimen está sancionado, la decisión se toma con certidumbre. Si está pendiente, los financiadores piden cláusulas de escape o aumentan el costo de capital exigido. Cada mes de demora en la Legislatura se traduce en costo financiero adicional para el proyecto.
Segundo, el cronograma electoral. La gestión Figueroa busca tener el régimen sancionado y aplicándose antes del ciclo electoral 2027, para que cuando llegue la campaña la postal sea «régimen operativo + FID firmado + primer cargamento por Punta Colorada en diciembre» y no «régimen prometido en proyecto de ley». La diferencia entre ambos escenarios es enorme: el primero es gestión completada, el segundo es promesa.
El cálculo legislativo
La aritmética del recinto neuquino le es favorable al ejecutivo en términos generales, pero el detalle importa. El bloque oficialista de Comunidad tiene mayoría simple para llevar adelante proyectos estándar, pero un régimen tributario complejo con detalles técnicos finos suele requerir negociación con bloques aliados y opositores para evitar judicialización posterior. Los bloques que históricamente acompañan en temas hidrocarburíferos —Movimiento Popular Neuquino histórico, sectores del PRO— suelen sumar con condiciones: incrementos en participación de empleo local, garantías ambientales más estrictas, mecanismos de auditoría externa.
El interbloque opositor en formación —que se viene tejiendo desde fines del año pasado— va a usar el debate del régimen GNL como su primer test de coordinación. Probable que pidan modificaciones en los porcentajes, plazos de los incentivos, o garantías de control. La gestión va a tener que aceptar algunos cambios para ganar votos amplios, lo cual es político como pieza electoral pero también es saludable para la calidad técnica del régimen final.
Lo que no está claro todavía
Tres dudas estructurales pendientes:
La primera: cómo se mide la fracción «destinada a GNL». El metano producido en un pozo no nace con etiqueta. Hay que diseñar el sistema de medición y separación: ¿se prorratea según destino físico (cuánto entra a la planta de licuefacción)? ¿O se basa en contratos de exportación firmados? La diferencia entre ambos esquemas mueve montos enormes. La doc técnica del proyecto va a definir esto pero no se conoce públicamente todavía.
La segunda: la relación con la legislación nacional. El RIGI nacional ya tiene un esquema de incentivos para grandes inversiones en hidrocarburos, incluyendo GNL. El régimen provincial tiene que articular con eso sin generar overlap regulatorio o competencia tributaria con Nación. Es zona delicada porque toca el tema federalismo fiscal, siempre sensible en Argentina.
La tercera: el control de cumplimiento. ¿Quién audita que las empresas efectivamente cumplan los compromisos de empleo local, transferencia tecnológica y huella ambiental? Si es la propia provincia, hay riesgo de captura regulatoria por la potencia económica de los operadores. Si es un organismo independiente, ¿quién lo financia y quién lo conduce? El diseño institucional de la auditoría es clave para que el régimen no se degrade en su aplicación.
Lo que sigue
Ventana corta. El proyecto entra a la Legislatura «en los próximos días». El bloque oficialista necesita preparar la defensa técnica, los bloques aliados van a estudiar el texto, la oposición va a buscar grietas. Estimación realista: 30 a 60 días entre entrada y sanción si todo va sin obstáculos. Si hay objeciones técnicas serias, el plazo se estira a 90-120 días.
Mientras tanto, las 15 áreas avanzan hacia su adjudicación el 19 de agosto y los equipos técnicos de YPF + Eni + XRG terminan los detalles del FID de Argentina LNG. La carrera entre la sanción del régimen y los hitos corporativos define gran parte del éxito del modelo. Quien quede en falta de tiempo —el ejecutivo provincial o las empresas— paga el costo.
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