La pulseada política sobre el RIGI dejó de ser un debate ideológico y pasó al terreno donde se decide en serio: los números. Rolando Figueroa puso esta semana sobre la mesa la cifra global: USD 1.300 millones de ingresos para la provincia en cuatro años por la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El detalle de la cuenta: USD 726 millones en regalías, USD 250 millones de Impuesto a los Ingresos Brutos, y USD 300 millones que vienen porque GyP es socia en dos de las concesiones bajo régimen. La oposición, por su lado, salió a contestar: Darío Martínez, diputado nacional por Unión por la Patria y exsecretario de Energía de la Nación, sostuvo que la adhesión «es un mal negocio» y que el principal costo es la reducción de IIBB para las inversiones nuevas.
El cruce RIGI Neuquén llega en medio del paquete completo de movimientos del modelo: la licitación de 15 áreas hidrocarburíferas anunciada en Houston con adjudicación el 19 de agosto, el régimen GNL provincial que va a Legislatura en los próximos días, y el FID de Argentina LNG previsto para mediados de año. El RIGI es la pieza federal de ese rompecabezas — la que destrabó el flujo de inversiones grandes en el primer semestre de 2024 y que ahora tiene impacto fiscal concreto en las arcas provinciales.
La cuenta del oficialismo
Figueroa rompió el debate especulativo con la aritmética. La cifra de USD 1.300 millones surge de proyecciones sobre las concesiones efectivamente adheridas al RIGI hasta abril 2026. El desagregado vale la lectura:
USD 726 millones en regalías a 4 años: las regalías son el ingreso «limpio» provincial sobre la producción hidrocarburífera. El RIGI no toca la regalía provincial —que se calcula sobre boca de pozo— solo flexibiliza otros tributos. Por eso este número es directo: cuanto más se produzca en los bloques adheridos al RIGI, más cobra la provincia. La cifra asume que la producción crece según los planes comprometidos por las operadoras.
USD 250 millones de Ingresos Brutos a 4 años: es la parte que más debate genera. El RIGI permite a las empresas adheridas computar IIBB diferenciado durante el período de estabilidad fiscal (típicamente 30 años con escalonamientos). El argumento opositor es que la provincia «regala» recaudación; el argumento oficialista es que sin RIGI no habría inversión y por ende no habría IIBB tampoco. Los USD 250M reflejan lo que efectivamente entra, no lo que entraría con la alícuota plena.
USD 300 millones por GyP socio: este es el dato más fino y menos comentado. GyP (Gas y Petróleo de Neuquén SA), la empresa estatal provincial, es socia en dos de las concesiones del RIGI. Esa participación le rinde a la provincia dividendos directos —no impuestos— por los resultados operativos de esos bloques. Es exactamente el modelo «landlord sofisticado» que la gestión Figueroa viene afinando: el Estado provincial es accionista, no sólo recaudador.
«Adherimos al RIGI porque la ganancia es mayor que lo que resignamos en materia tributaria», sintetizó Figueroa. Es la matemática base del oficialismo: el costo de oportunidad de no adherir (sin inversión, sin producción, sin regalía) es mayor que el costo fiscal de adherir.
La crítica del peronismo
Darío Martínez no es un opositor de tribuna: es exsecretario de Energía de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, conoce el sector hidrocarburífero por dentro y sus números los maneja con autoridad técnica. Por eso su crítica al RIGI no se puede descartar como discurso partidario.
El argumento de Martínez tiene tres patas. Primera: al adherir al RIGI, Neuquén comprometió reducciones de Ingresos Brutos para inversiones nuevas durante un período de hasta 30 años, lo cual es una restricción fiscal de muy largo plazo que ata las manos de gobiernos futuros. Segunda: las inversiones grandes en Vaca Muerta —argumenta— se hubieran realizado igual sin RIGI, porque el play es lo suficientemente rentable; el régimen sería un «regalo» innecesario al sector privado. Tercera: si la provincia hubiera sostenido la alícuota plena, la recaudación estimada de IIBB en el mismo período habría sido significativamente mayor.
«Adhiriendo al RIGI lo que logramos es reducir Ingresos Brutos para las inversiones nuevas», resumió. La crítica apunta al costo de oportunidad: lo que se deja de cobrar es real, y el argumento de «si no hubieras adherido no habría inversión» es contrafáctico difícil de probar.
El terreno donde se decide
Las dos posiciones tienen lógica interna. La diferencia no es ideológica sino de supuestos contrafácticos: ¿qué hubiera pasado si Neuquén no adhería al RIGI?
El oficialismo asume que parte significativa de la inversión actual no se hubiera ejecutado, porque las majors miran el clima jurídico-tributario antes de comprometer capital. Sin RIGI, dice esta lectura, los FIDs de proyectos como Argentina LNG hubieran demorado meses o años, o se hubieran reducido en escala.
La oposición asume que las majors hubieran invertido igual porque la rentabilidad del play es lo suficientemente alta como para absorber alícuotas plenas de IIBB. Sin RIGI, dice esta otra lectura, Neuquén tendría más recaudación con la misma producción.
Resolver quién tiene razón es empíricamente difícil hasta que pase el ciclo completo. Hacia 2030, cuando los FIDs estén ejecutados, los volúmenes operando y la recaudación medida, va a haber datos suficientes para decidir cuál de los dos modelos contrafácticos era más cercano a la realidad. Hasta entonces, es una pulseada entre supuestos.
Lo que importa para el votante
Para el ciudadano común, los USD 1.300 millones se traducen en obras visibles que el oficialismo ya empezó a comunicar como parte del modelo: créditos BPN para pymes, plan vial, infraestructura urbana. Si los proyectos del RIGI no avanzan, la inversión proyectada no aparece y la recaudación tampoco. Si avanzan, los USD 1.300M se materializan y financian gestión visible.
La oposición tiene un trabajo difícil: convencer al electorado de que «podríamos haber tenido más» en un escenario donde lo que ya hay alcanza para pagar las obras. Eso es una pelea conceptual contra la evidencia visible — gana sólo si los proyectos del RIGI eventualmente fracasan o entregan menos de lo prometido.
El cronograma corto
El debate va a calentar en las próximas semanas. La licitación de las 15 áreas de GyP cierra el 19 de agosto con adjudicación inmediata. Si los pliegos atraen postulantes serios con compromisos de inversión grandes, el oficialismo cosecha el ratifying empírico del modelo. Si quedan vacíos o las ofertas son bajas, la oposición gana argumento.
El régimen GNL provincial entra a Legislatura en los próximos días y va a ser el segundo terreno de la pulseada: regalías diferenciales sobre metano, marco ambiental, eslabonamiento local. Cada uno de esos componentes va a tener su debate específico, y va a ser otra oportunidad para la oposición de marcar el costo fiscal del modelo y para el oficialismo de defender su ecuación.
El ciclo electoral 2027 está cada vez más cerca. Las decisiones que se toman hoy en términos de cuánto el Estado provincial resigna de tributación a cambio de inversión van a ser leídas en clave electoral en las paritarias políticas del año que viene. Por ahora, los números del oficialismo están sobre la mesa. Le toca a la oposición ponerle números a la versión alternativa que
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