Hay resoluciones judiciales que valen más por el momento en que llegan que por su contenido técnico. El acuerdo transaccional que la provincia de Neuquén y Pampa Energía firmaron en marzo por el bloque Veta Escondida — y que se publicó esta semana en el Boletín Oficial provincial — es uno de esos casos. No lo define la lectura literal del decreto. Lo define la coreografía con la que se hizo público.
El conflicto tiene historia larga. En 2012, el gobierno provincial de Jorge Sapag dio de baja la concesión del bloque Veta Escondida, que en ese momento tenían como titulares Petrobras y Total, alegando falta de producción e inversiones insuficientes. Petrobras recurrió a la Corte Suprema. Con la salida parcial de la firma brasileña de Argentina, su participación en el área quedó en manos de Pampa Energía, que retomó el reclamo y presentó una acción de amparo ante el máximo tribunal del país. La causa quedó congelada por años, sumando expedientes pero sin resolución.
Quince años después, el Decreto 605/26 firmado por el gobernador Rolando Figueroa cierra el capítulo. Las partes se comprometieron a «poner fin y renunciar a realizar cualquier reclamo relacionado a los conflictos vinculados» con el área Veta Escondida. El acuerdo ordenó además la revocación del decreto de 2012 y el desistimiento por parte de Pampa del amparo ante la Corte. Sin compensaciones cruzadas, sin pagos retroactivos: las dos partes deponen reclamos y dan vuelta la página.
El acuerdo con Pampa Energía por Veta Escondida: lo que Neuquén gana
El bloque Veta Escondida vuelve a la provincia. Es un área de origen convencional que en 2023, cuando Total y Pampa ya habían perdido interés en ella, solicitaron su reversión. Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) le dio curso al pedido y pidió la documentación para acreditar el estado del área y los planes de abandono y remediación.
El acuerdo no implica que la provincia vaya a desarrollar el área directamente. Lo que sí implica es que Neuquén recupera soberanía sobre un recurso que estuvo en disputa judicial durante más de una década. En términos prácticos, eso le permite licitar de cero, integrar el área a un paquete más amplio de cuencas convencionales o reservar el bloque para una oferta puntual. Le da margen, que es lo que el conflicto judicial le había quitado.
También importa la métrica institucional. Una provincia que cierra litigios en lugar de prolongarlos hasta el agotamiento es una provincia con un mercado regulatorio más predecible. El cierre del expediente Veta Escondida se suma a otros movimientos recientes de la gestión Figueroa orientados a desmontar herencias judiciales pendientes — algunas con empresas internacionales — antes de abrir nuevas rondas licitatorias.
El timing que no es casual
El acuerdo se firmó en marzo pero se publicó esta semana — justo cuando Figueroa está en Houston exponiendo en el Bilateral Energy Summit y presentando a Neuquén como un destino confiable, con reglas claras para la inversión. Cerrar un litigio que llegó hasta la Corte Suprema antes de viajar a vender seguridad jurídica no es casualidad. Es política aplicada.
Para los inversores texanos que escucharon a Figueroa en el Petroleum Club, saber que la provincia cierra conflictos históricos — en lugar de dejarlos abiertos indefinidamente como activo de negociación — dice más que cualquier presentación en PowerPoint. La seguridad jurídica se demuestra con hechos, no con discursos. Y un decreto firmado, publicado y con desistimiento de amparo es un hecho contundente.
El gesto es doblemente útil porque va a contracorriente del clima jurídico-político argentino, donde las disputas entre provincias y empresas tienden a multiplicarse. Cuando Estados Unidos compara Neuquén con jurisdicciones competidoras — Texas, Colorado, ciertas zonas de Brasil — la métrica que más mira es esa: cuántos años se prolongan los litigios y con qué resultado.
Lo que sigue
Con Veta Escondida resuelta, GyP queda en condiciones de avanzar con el proceso de auditoría técnica del bloque y con la planificación del esquema de abandono y remediación. La provincia, en paralelo, prepara la licitación internacional de 15 áreas en Vaca Muerta para agosto, donde la coordinación entre paquetes convencionales recuperados y áreas no convencionales puede aportar señales adicionales de seriedad regulatoria. El acuerdo con Pampa, en ese marco, no es un hecho aislado: es una pieza más de la apuesta institucional con la que Figueroa juega su segunda mitad de mandato.
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