Veinticuatro horas después de que el Concejo Deliberante votara su suspensión, Luis Bertolini rompió el silencio con un giro que reconfigura el escenario: denunció que la causa en su contra es «persecución política» y, en la frase que más ruido va a hacer en las próximas horas, sostuvo que «a los concejales les han ofrecido cargos en la Provincia para destituir al intendente». La acusación involucra implícitamente al gobierno de Rolando Figueroa en una operación de palanca política contra él. Cambia el tono del caso: lo que ayer era expediente municipal por administración fraudulenta, hoy se transforma —según la defensa— en pelea política provincial.
El movimiento del exintendente es esperable pero estratégicamente fuerte. Su suspensión por el Concejo se votó ayer con consenso amplio y, en el mismo acto, Malena Resa quedó formalmente al frente del municipio. Bertolini sabe que el frente judicial es difícil de ganar a corto plazo y, por lo tanto, intenta abrir un frente paralelo en el terreno de la opinión pública: si logra instalar la idea de «persecución», su eventual condena queda relativizada como producto de operación política.
La denuncia central — qué dijo Bertolini
El exintendente concedió declaraciones a medios neuquinos y allí estructuró una respuesta en tres ejes:
Primero, la calificación política del proceso. Bertolini sostiene que la causa por administración fraudulenta no responde a hallazgos técnicos de la fiscalía sino a una operación política dirigida desde el gobierno provincial. La narrativa que propone es que él se transformó en un obstáculo para intereses específicos —dice no precisar cuáles— y la causa fue armada para sacarlo del medio.
Segundo, la denuncia sobre los concejales. La frase puntual: «A los concejales les han ofrecido cargos en la Provincia para destituir al intendente». Si la acusación es verdadera, implica que el gobierno provincial habría incentivado el voto del Concejo con cargos públicos. Es un delito grave —cohecho activo, presión política sobre representantes electos— pero también es una afirmación que requiere prueba concreta. Bertolini no acompañó la declaración con nombres específicos, fechas, ni documentación.
Tercero, la víctima del proceso. Bertolini se posiciona como víctima de un sistema político que primero lo eligió, después lo usó, y ahora lo descarta. Es la narrativa clásica del político caído en desgracia que necesita reposicionarse como outsider — incluso después de haber gobernado el municipio durante años.
Qué dice la fiscalía
El expediente tiene elementos que la denuncia política no toca. La fiscal Rocío Rivero usó la palabra corrupción de manera directa en sus declaraciones públicas previas — el primer caso de la zona norpatagónica en mucho tiempo donde una fiscal nombra la conducta investigada con esa precisión antes del juicio. La imputación se sostiene sobre 160 contratos investigados por aproximadamente $2.300 millones, celebrados —según el expediente— sin licitación, con sobreprecios o con beneficiarios vinculados al entorno político de Bertolini.
Esa evidencia técnica no se desactiva con una denuncia política. Un fiscal puede sostener una imputación incluso si simultáneamente hay operaciones políticas en el ambiente. La pregunta que va a definir el caso es si los 160 contratos resisten el análisis pericial, no si la causa fue iniciada en un momento políticamente conveniente para alguien.
El peso institucional del Concejo
La denuncia de Bertolini contra los concejales necesita pruebas o cae en el terreno del desliz político. La suspensión se votó con mayoría calificada y con dictamen jurídico que justificó la medida — no fue un golpe parlamentario sino un procedimiento formal con fundamentación. Que algunos concejales que en algún momento apoyaron a Bertolini terminaran sumándose a la suspensión se explica por la gravedad del expediente, no necesariamente por incentivos cruzados.
Si Bertolini quiere sostener la acusación, tendría que aportar nombres, fechas, conversaciones, ofrecimientos específicos. La denuncia genérica sin documentación queda en el plano de la opinión política y no abre causa por cohecho. La fiscalía podría incluso ofrecerle entrevista para que formalice la denuncia — si lo hace, queda obligado a aportar pruebas o expone que la afirmación era retórica.
La onda expansiva provincial
Lo más sensible para la gestión Figueroa no es el caso Plottier en sí, sino la posibilidad de que Bertolini logre instalar narrativamente que el gobierno provincial maneja palancas políticas para remover intendentes. Aunque la denuncia no tenga sustento, la repetición mediática genera fricción política con otros intendentes del cluster municipal — algunos de los cuales pueden empezar a preguntarse si ellos mismos son blancos potenciales.
La respuesta esperable del gobierno provincial es silencio institucional: el caso es municipal, la fiscalía es independiente, la causa avanza por su carril. Cualquier respuesta política directa de Figueroa al planteo de Bertolini sería leída como confirmación de involucramiento. Por eso lo más probable es que la administración provincial deje correr el tema sin tomar bandera, esperando que el caso siga su curso judicial sin contaminación cruzada.
Para Resa, intendenta interina, la denuncia de Bertolini es ruido pero no amenaza. Su prioridad sigue siendo gestionar la transición y avanzar con la auditoría de los 160 contratos. Cuanto más sólida sea la administración Resa en las próximas semanas, menos eco encuentra la narrativa de «operación política» del exintendente.
Lo que viene en las próximas 48-72 horas
Tres frentes simultáneos:
El frente mediático. Bertolini probablemente intensifique las apariciones públicas para sostener la narrativa. Cada entrevista que dé suma episodios al caso y permite re-instalar la idea de persecución. Si los medios le dan espacio sin contrapunto técnico fuerte, gana ventana de impacto.
El frente judicial. La fiscal Rivero puede pedirle formalmente que aporte pruebas sobre el supuesto cohecho a concejales. Si Bertolini se sienta a una indagatoria sobre eso y no aporta nombres ni documentación, queda expuesto. Si los aporta, abre una causa paralela que necesita ser investigada — pero también queda comprometido si las pruebas no resisten verificación.
El frente del Concejo Deliberante. Los concejales aludidos pueden responder individualmente o como cuerpo. La respuesta colectiva más esperable es un comunicado rechazando la acusación y reafirmando la legitimidad del procedimiento de suspensión. Los concejales individuales que sientan que la denuncia los toca específicamente pueden iniciar acciones por calumnias e injurias contra Bertolini.
El cálculo político de fondo
Bertolini hace una apuesta de mediano plazo: aceptar el costo institucional inmediato a cambio de mantener viva su narrativa pública. Si logra que un 20-30% del electorado de Plottier compre la idea de «persecución política», su capital electoral no se evapora completamente — queda como un actor con base que puede negociar incidencia en cualquier elección municipal futura.
Si la narrativa no engancha, en cambio, el caso lo deja sin volver. Y si la justicia eventualmente condena con pruebas robustas, la denuncia de persecución se convierte en el último intento fallido antes del juicio. Las próximas dos semanas son cruciales para él: o convierte el caso en pelea política con costo simétrico para la otra parte, o se queda solo enfrentando un expediente judicial cada vez más sólido.
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