Neuquén empezó a aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil este septiembre sin un lugar propio para alojar adolescentes. La ley nacional fija la responsabilidad penal desde los 14 años y ya está vigente. Pero la provincia solo cuenta con el hogar Hue Lihue, pensado para arrestos excepcionales de 30 días. Por eso el Ministerio de Justicia prepara un proyecto de adecuación para la Legislatura. Incluiría la infraestructura para alojar chicos de 14 a 18 años en una institución distinta de los penales de adultos.
Una ley nacional que se aplica con herramientas provinciales
El trabajo previo lo encabezaron el área de Gobierno y Justicia del ministerio que conduce Jorge Tobares y el Tribunal Superior de Justicia. Participaron también los fueros de Familia, la Defensoría de los Derechos del Niño y la fiscalía penal juvenil. Las reuniones se hicieron en la Legislatura, en Casa de Gobierno y en sede judicial. El Ejecutivo, sin embargo, prefirió no difundir el texto hasta que esté terminado. Mientras tanto, los operadores judiciales tienen que resolver los casos con lo que existe hoy.
La jueza penal del niño, niña y adolescente Carolina García lo describió sin vueltas: «En este momento aplicamos la ley nacional y hay que compatibilizarla con el régimen local». Según explicó, hay cuestiones de fondo reservadas a la Nación y cuestiones procesales que corresponden a las provincias. La norma local es la ley 2302, que consagró casi al pie de la letra la Convención de los Derechos del Niño. Fue de avanzada en su momento, pero en lo procesal quedó «sumamente desactualizada». Para García, la nueva ley es la oportunidad de ponerla al día. Serán los diputados provinciales quienes definan esa parte, porque es política criminal del Estado provincial.
Sin cárcel de menores: qué pasa con un adolescente detenido
Hasta que la Legislatura sancione la adecuación, la respuesta es el arresto excepcional. La ley 2302 lo permite por 30 días, prorrogables por otros 30, y el lugar es el hogar Hue Lihue, que según la jueza tiene capacidad. No es una cárcel ni un hogar tutelar. García remarcó que el encierro de un menor no puede ser el mismo que el de un adulto, ni el espacio donde están los chicos con problemas familiares. Si se crean más dispositivos, dependerá de la ley. «Hoy por hoy, para empezar a aplicar la ley, tenemos instituciones funcionando», dijo.
El cambio también alcanza a delitos menores. Romper un vidrio es daño, lastimar a alguien es lesiones y amenazar por WhatsApp es amenazas. Todos son punibles desde los 14 con la nueva ley, y los padres deberán responder económicamente por los daños que causen sus hijos. «Es la ley vigente y hay que aplicarla, no se puede prorrogar su entrada en vigencia», advirtió la magistrada. El objetivo de fondo, insistió, sigue siendo el de la Convención: la reinserción social y que los chicos se alejen del delito. Es la misma lógica que atraviesa la agenda de seguridad y políticas sociales de la provincia.
Defensores especializados desde el 5 de septiembre
La Defensoría se preparó con anticipación. La defensora de los Derechos del Niño Paula Castro Liplak contó que desde marzo trabajan en la ampliación de la responsabilidad penal entre los 14 y los 18 años. Una resolución vigente desde el 1 de septiembre estableció que solo los defensores penales con especialidad intervienen en los procesos iniciados a partir del 5 de septiembre. Esos defensores técnicos de la región Confluencia actuarán junto con las defensorías del lugar donde viva el adolescente imputado. Además, hubo reuniones en Cutral Co y San Martín de los Andes.
Para la fiscalía sigue rigiendo el criterio de oportunidad, es decir, la posibilidad de no impulsar la acción penal en casos menores. La ley 2302 prevé además la suspensión del juicio a prueba según la complejidad del delito. Castro Liplak fue clara: la privación de la libertad sigue siendo la última opción, y los operadores están obligados a buscar alternativas a la judicialización con un enfoque restaurativo. «Creo que la realidad de Neuquén es distinta a la que puede ser la provincia de Buenos Aires o Rosario», dijo.
Lo que viene ahora es el debate en la Legislatura provincial. La defensora ya le planteó al Ejecutivo la importancia de la educación, la resocialización y de programas específicos: asegurar las trayectorias escolares, espacios de atención psicológica y fortalecimiento económico y familiar. El proyecto de adecuación definirá si Neuquén tendrá un centro especializado para adolescentes y con qué reglas procesales aplicará el Régimen Penal Juvenil. Hasta entonces, la provincia sostiene el nuevo régimen con una ley de 1999 y un hogar de arresto excepcional.