Los Consejos Zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén le pidieron al gobernador Rolando Figueroa que intervenga para frenar el desalojo en El Pedregoso. La comunicación, difundida este fin de semana, apunta a la situación del Lof Melo. Sobre esa comunidad, asentada en un paraje de la zona de Villa La Angostura, pesa una orden de desalojo desde el 19 de agosto. Según las autoridades mapuches, las familias enfrentan una «grave amenaza» sobre un territorio que ocupan «desde tiempo inmemorial».
El documento está fechado el 4 de septiembre en El Pedregoso y no ahorra advertencias. Los firmantes sostienen que el gobernador «tiene todas las herramientas para detener este desatino». También alertan sobre las consecuencias de un operativo de esa magnitud. Hablan de efectos «impredecibles», por la violencia física y psicológica que implica, según el texto, un acto de esa gravedad. Firman Fidel Colipán, Jorge Nawel, Lucas Melo, Daniel Salazar, Luis Romero y Fernando Maripeil, en representación de los Consejos Zonales.
Catorce años sin personería jurídica
El planteo central es administrativo, pero tiene consecuencias judiciales directas. El Lof Melo tramita su personería jurídica desde 2012, es decir, hace 14 años. Sin ese reconocimiento, la comunidad no puede defenderse como parte en el expediente del desalojo. Los Consejos Zonales lo describen así: el Lof «carece del derecho a la legítima defensa ante una injusta sentencia». Por eso el reclamo mezcla dos tiempos. Uno es la urgencia de la orden judicial. El otro es una demora del Estado que ya lleva más de una década y que atraviesa varias gestiones de la política provincial.
El segundo argumento es el relevamiento territorial de la Ley 26.160. Esa norma nacional ordenó relevar las tierras que las comunidades indígenas ocupan de manera tradicional. Según la Confederación, ese trabajo ya se hizo en El Pedregoso. Lo realizó un equipo interdisciplinario con técnicos de la Provincia y de Nación, con aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del gobierno neuquino. El resultado reconoció el área como Ocupación Tradicional y Pública, la categoría que usa la ley para el territorio que una comunidad habita de forma tradicional y a la vista de todos. «Es urgente que la Provincia intervenga en el expediente de desalojo», plantea la nota.
Un fallo reciente como antecedente
Los Consejos Zonales también citan una decisión judicial reciente. Se trata de un fallo del juez Francisco Astoul Bonorino en una causa vinculada a una comunidad vecina. Según la Confederación, el magistrado reconoció que un título de propiedad privado no invalida la posesión tradicional de una comunidad indígena. El argumento es que la Constitución Nacional y la provincial reconocen a la propiedad y a la posesión tradicional «con valores equivalente». A partir de ese antecedente, las autoridades mapuches afirman que la posesión del Lof Melo «ya está sobradamente documentada». Es decir, el desalojo en El Pedregoso no sería, a su criterio, una discusión sobre papeles pendientes, sino sobre derechos ya probados.
«No es un conflicto entre privados»
El punto más político de la carta es la definición del conflicto. La Confederación rechaza que se trate de una disputa entre particulares. Para sostenerlo, cita los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso Lhaka Honhat vs. Argentina. Ese precedente, según la nota, obliga al Estado a ser parte activa en los conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas. «Este no es un conflicto entre privados», afirman los Consejos Zonales. Y agregan que esos estándares son «vinculantes (obligatorios) para la Argentina y los Estados Provinciales». La discusión, entonces, excede a las familias del paraje y toca la relación entre el Estado y las comunidades en toda la provincia.
La carta cierra con un pedido concreto: una «rápida intervención con respuestas» del gobernador. Lo que viene ahora se juega en dos frentes. El judicial es el expediente donde pesa la orden de desalojo, en el que la Provincia podría presentarse. El administrativo es la personería jurídica que la comunidad espera desde hace 14 años. Sin definiciones en alguno de los dos, el desalojo en El Pedregoso puede convertirse en el conflicto territorial más sensible de la cordillera para la gestión Figueroa. Los próximos días dirán si el Ejecutivo responde y con qué herramientas.