La ofensiva del Gobierno nacional contra las petroleras en Malvinas cambió de escala este jueves 10 de septiembre. Hasta ahora apuntaba a empresas; ahora tiene nombre y apellido. Los nuevos escritos judiciales identifican a 27 empresarios, ejecutivos y directivos de las compañías que trabajan en los proyectos petroleros de las islas. De ese total, 16 no figuraban en las listas administrativas conocidas hasta ahora. La diferencia importa: la pesquisa ya no busca solo qué sociedades participan, sino quién tomó cada decisión.
Las presentaciones las impulsó el canciller Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Lo hizo con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio. Una de ellas amplía la causa que tramita en el Juzgado Federal 12, subrogado por el juez Julián Ercolini. Los escritos de la Cancillería suman a la investigación a Rockhopper Exploration, Borders & Southern y Desire Petroleum. Además profundizan sobre las personas vinculadas con Navitas Petroleum y Eco Atlantic, denunciadas este lunes 7 de septiembre.
De las empresas a las personas
La secuencia arrancó el 4 de septiembre, cuando la Cancillería abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y compañías. Después sumó otros 15 sujetos y el universo administrativo llegó a 60. El lunes 7 llegó la primera denuncia penal por el proyecto Sea Lion. Ahora los escritos van un paso más allá. Según el texto presentado, el objetivo es determinar “quiénes fueron las personas físicas que efectivamente adoptaron, ejecutaron, autorizaron, financiaron, instrumentaron o supervisan las decisiones” vinculadas con la actividad petrolera.
La nómina, según los escritos, incluye a Gideon Tadmor como chairman de Navitas Petroleum y a Amit Kornhauser como CEO. En la subsidiaria que opera Sea Lion aparecen Ian Ramsey como CEO y Charles Taylor como director del activo. Por Eco Atlantic figura Gil Holzman, presidente y CEO. Los propios documentos aclaran, sin embargo, que la mención no equivale a una imputación automática. Ocupar un cargo societario no implica por sí solo responsabilidad penal. La Justicia deberá establecer qué intervención concreta tuvo cada uno.
Sea Lion, el proyecto que aceleró la ofensiva
El escrito sostiene que la situación investigada hace más de una década “habría avanzado hacia una etapa de desarrollo y explotación comercial del proyecto ‘Sea Lion’”. Los hechos lo respaldan. Navitas, con el 65%, y Rockhopper, con el 35%, tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025. El plan de la primera fase apunta a un pico de 50.000 barriles diarios y al primer petróleo en 2028. El costo total ronda los US$ 2.100 millones. Es decir, las petroleras en Malvinas ya no exploran: construyen.
La ofensiva también se ensancha en el mapa. Borders & Southern está vinculada con la licencia donde se ubica Darwin East-1, un descubrimiento de gas condensado al sur de las islas. Esa licencia vence el 31 de diciembre de 2026 y la empresa busca socio para seguir. Desire Petroleum, en cambio, arrastra antecedentes: tras declarar ilegales sus operaciones en 2012 y 2013, Argentina la inhabilitó por veinte años. Según los escritos, a marzo de 2026 conservaba participaciones de entre el 30% y el 35% en varias licencias.
Qué penas prevé la ley y cómo se lee desde Neuquén
Las denuncias se apoyan en los artículos que castigan la actividad hidrocarburífera sin permiso argentino en la plataforma continental. La exploración no autorizada prevé penas de cinco a diez años de prisión; la extracción, el transporte o el almacenamiento elevan la escala a entre diez y quince. La norma alcanza a directores, gerentes y representantes, y también a las propias empresas. El Gobierno pidió además cooperación internacional para obtener información bancaria y societaria. También dejó abierta la aplicación de medidas cautelares patrimoniales. Como hipótesis menciona la asociación ilícita y el lavado de activos.
Para la cuenca neuquina el dato es de escala. Los 50.000 barriles diarios que promete Sea Lion en 2028 equivalen a un solo bloque grande de Vaca Muerta, y quedan muy lejos de la producción actual de la provincia. Además se trata de un desarrollo offshore en 450 metros de agua, frente al no convencional terrestre neuquino. Lo que viene ahora tiene dos frentes. En la Justicia, Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano deberán definir si la causa contra las petroleras en Malvinas avanza sobre personas concretas. En la política, el Presupuesto 2027 llega al Congreso el 15 de septiembre con una base naval en Tierra del Fuego como prioridad, según anunció Milei en cadena nacional.