Casi 91 de cada 100 pesos que la Justicia neuquina planea gastar el año próximo irán a sueldos. Ese dato ordena el presupuesto del Poder Judicial para 2027, que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) envió a la Legislatura sobre el cierre de la semana pasada. El proyecto lleva la firma de su presidente, Gustavo Mazieres, y suma $508.910 millones, unos USD 326 millones al tipo de cambio oficial minorista del Banco Nación. Además, deja la planta congelada en 2.049 cargos. Y más de la mitad de sus recursos dependerá de lo que gire el Ejecutivo provincial.
Cómo se reparte el gasto
El gasto en personal se lleva $461.110 millones, el equivalente a USD 295 millones. Muy lejos quedan los servicios, con $35.199 millones. Después aparecen el equipamiento ($7.500 millones), los bienes de consumo ($2.800 millones) y las obras ($2.300 millones). Es decir, la infraestructura judicial recibe menos de medio punto del total. El proyecto, sin embargo, menciona la continuidad de obras ya iniciadas y la actualización tecnológica como prioridades para el funcionamiento del servicio de justicia.
La mitad de los fondos llega del Tesoro provincial
El financiamiento tiene tres patas. La coparticipación federal de impuestos aportaría $240.927 millones (USD 154 millones). El Tesoro provincial giraría $255.982 millones (USD 164 millones), y los recursos propios sumarían apenas $12.000 millones (USD 7,6 millones). Así, según el proyecto, más del 50% de los ingresos de la Justicia saldrá de la caja que administra el gobernador Rolando Figueroa. Ese peso del Ejecutivo sobre las cuentas judiciales no es un detalle menor. La Legislatura, que ya recibió el presupuesto provincial, deberá tratar ahora la pata judicial de las cuentas 2027.
Planta congelada y sin aumentos previstos
Pese al tamaño de la partida para sueldos, el proyecto no incluye incorporaciones. La planta se mantiene en 2.049 cargos. En materia salarial, el presupuesto del Poder Judicial contempla la antigüedad y la recomposición aprobada por ley durante 2026, pero no prevé nuevos incrementos para el próximo ejercicio. Sí deja una puerta abierta: el TSJ podrá evaluar anticipos por recomposición salarial cuando existan elementos objetivos que lo justifiquen. También queda facultado para ampliar el presupuesto si nuevas leyes, decretos o convenios generan gastos, hasta el monto de los recursos que esas normas prevean.
El nuevo Código Procesal Civil, eje del pedido
La justificación central del proyecto es la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Civil y Adversarial. Según el TSJ, ese cuerpo normativo «requerirá sostener los procesos de adecuación organizacional, capacitación, gestión de audiencias, desarrollo tecnológico y seguimiento de resultados». El objetivo declarado es lograr procedimientos más ágiles, transparentes y eficientes, sin afectar las garantías del debido proceso. El proyecto también contempla adecuar la organización judicial al plan de regionalización que impulsa el Ejecutivo. Y suma dos frentes más: las responsabilidades asumidas por Neuquén en materia de narcomenudeo y el fortalecimiento del laboratorio toxicológico con nuevos equipos.
Con este envío, los tres poderes ya tienen sus cuentas 2027 sobre la mesa de la Legislatura. Lo que viene ahora es el debate en comisiones, donde el presupuesto del Poder Judicial se analizará junto con el del Ejecutivo y el del propio cuerpo legislativo. La discusión tendrá dos preguntas de fondo. Una es si una Justicia con planta congelada puede absorber al mismo tiempo el nuevo código procesal, la regionalización y el narcomenudeo. La otra, más política, es cuánto margen real tiene un poder que depende del Tesoro provincial para la mitad de sus fondos. La marcha de la economía provincial durante 2027 va a marcar el ritmo de esa respuesta.