Una multa de tránsito de $1.500 puede terminar costándole a un vecino de Neuquén cerca de $500.000. La diferencia no la explica la inflación ni la actualización por intereses: la explican los honorarios profesionales que cobran los estudios jurídicos contratados por el Estado para ejecutar la deuda. Esa desproporción —que el sistema judicial admite en silencio desde hace años— acaba de chocar con dos proyectos de ley distintos, presentados con días de diferencia en la Legislatura, que coinciden en lo central: ponerle techo a los honorarios en juicios de ejecución de deuda en Neuquén.
Los proyectos llevan firmas de bloques opuestos. Lorena Parrilli (Unión por la Patria) presentó el primero. La iniciativa más reciente, ingresada por Mesa de Entradas el 6 de mayo bajo el expediente 18322, tiene firma transversal: la encabeza Brenda Buchiniz (Cumplir) y la acompañan Cecilia Papa (Despierta Neuquén), Darío Peralta (UxP) y Gisselle Stillger (Avanza Neuquén). Que dos espacios opositores —y un tercero que mezcla bancas opositoras y oficialistas— apunten al mismo problema en la misma semana es lo que vuelve esta discusión más relevante de lo que parece.
Honorarios en ejecución de deuda en Neuquén: lo que proponen los dos proyectos
Los dos proyectos modifican la Ley 1594, que regula los honorarios de la abogacía en la provincia, pero lo hacen por caminos distintos.
El proyecto de Parrilli incorpora un nuevo artículo 13 bis. Fija como tope tres JUS o el equivalente al 30% del capital reclamado, lo que sea menor. Con el JUS neuquino en $79.588 (valor de abril 2026), el techo absoluto queda en $238.764. La iniciativa cubre tanto a la provincia como a municipios, entidades autárquicas y empresas públicas, y se aplica a deudas por servicios públicos, tasas, contribuciones, multas e impuestos.
El proyecto de Buchiniz y compañía es más restrictivo en un punto clave: incorpora los incisos bis, ter y quater al artículo 2 y dispone que los honorarios «bajo ninguna circunstancia» pueden exceder el monto del capital demandado. No es un porcentaje: es un techo absoluto. Sumado a eso, fija un orden de imputación de pago que es la innovación más fuerte de los dos textos: cuando el ciudadano paga, primero se imputa al capital, después a los intereses, y recién al final a los honorarios. La lógica es clara: ningún profesional cobra antes de que el Estado haya recuperado lo suyo.
Las diferencias que importan
Los dos textos comparten el diagnóstico —los honorarios profesionales en ejecución de deuda crecieron de manera desproporcionada respecto al monto que persiguen— pero la lectura técnica de cada uno tiene matices.
El del 30% (Parrilli) es un mecanismo más flexible. En la práctica funciona como protección para los ciudadanos comunes: el que tiene una multa de $1.500 paga máximo $450 de honorarios, no $500.000.
El del techo absoluto (Buchiniz) va un paso más: incluso en deudas grandes el honorario nunca duplica al capital. Y la cláusula de orden de imputación cambia el incentivo del estudio jurídico: si los honorarios se cobran al final, el profesional tiene interés en cerrar rápido el expediente, no en estirarlo.
Los fundamentos del proyecto de Buchiniz son tan importantes como el articulado: define las ejecuciones fiscales como «un proceso estandarizado, repetitivo y de escasa complejidad técnica». La frase es jurídicamente significativa porque desafía el argumento histórico de que los honorarios se justifican por la complejidad del trabajo. No: son trabajo formulario, casi automatizado, y el costo para el ciudadano debe reflejar esa realidad.
Por qué surge ahora
Hay un componente económico detrás de la urgencia. La caída del consumo provincial reportada esta semana por ACIPAN y el contexto inflacionario hacen que las multas que el Estado dejó pendientes hace años se persigan ahora con valores actualizados que se vuelven impagables. Cuando el contribuyente recibe la cédula de notificación, lo que vio como una infracción menor de hace cinco años se transformó en un cargo de seis cifras.
El otro componente es político. Para el oficialismo de Comunidad, el dilema es delicado: el proyecto resuena con el lector ejecutivo —el que tiene varios autos, varias propiedades y varias multas— pero también con el votante medio que enfrenta una multa con honorarios desproporcionados. Bloquearlo tendría costo. Apoyarlo implica acotar un negocio para los estudios jurídicos especializados en ejecución fiscal, un sector con peso institucional. El equilibrio que la Cámara busque va a ser leído como señal de hacia dónde se inclina la mayoría parlamentaria del bloque mayoritario.
Lo que viene
Ambos proyectos pasan ahora a comisión, donde la lógica más probable es que se trabaje con dictamen unificado. Los dos textos no son contradictorios: son complementarios. El proyecto de Parrilli aporta el porcentaje protector para deudas chicas (que es donde más gente sufre el problema). El de Buchiniz aporta el techo absoluto para deudas grandes y el orden de imputación. Una redacción que sume ambas lógicas tiene más posibilidades de aprobación.
La coincidencia de bloques —UxP, Cumplir, Despierta Neuquén y Avanza Neuquén firmando o presentando en paralelo— vuelve políticamente costoso cualquier cajoneo. Si la ley sale, Neuquén tendrá uno de los regímenes provinciales más restrictivos del país en honorarios por ejecución fiscal. Y miles de vecinos van a dejar de recibir la sorpresa de que una multa olvidada de $1.500 se convirtió en una deuda de medio millón.
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