La reforma del Código de Faltas en Neuquén dejó de ser una promesa de campaña: esta semana, la Legislatura provincial constituyó la comisión especial que redactará el nuevo texto. La norma vigente, el Decreto-Ley 813, tiene 64 años. Fue dictado en 1962, cuando la provincia tenía 110.000 habitantes y ningún barril de Vaca Muerta había sido extraído. La comisión tiene plazo de seis meses prorrogables.
La comisión, creada por la Resolución 1241, tiene una composición ampliada que va más allá del bloque legislativo: integra diputados de todos los espacios, representantes de la Presidencia de la Cámara, funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La presidencia quedó en manos del diputado Matías Martínez (bloque Comunidad). El secretario es Marcelo Bermúdez; el coordinador del trabajo, Gerardo Gutiérrez.
Reforma Código de Faltas Neuquén: qué se busca cambiar
El diagnóstico que motoriza la reforma es directo: el Código vigente tiene zonas obsoletas y vacíos importantes. Sanciona conductas que el consenso social neuquino dejó de considerar contravencionales hace décadas —parte de las disposiciones sobre moralidad pública, recogidas en su momento del marco normativo nacional de los sesenta, leídas hoy resultan anacrónicas— y al mismo tiempo no tipifica problemas concretos que la urbanización acelerada de los últimos quince años puso sobre la mesa.
El criterio rector que la comisión declara es de «menos sanciones por conductas privadas, más foco en riesgos reales». En la práctica, eso implica revisar capítulos enteros: convivencia barrial, ruidos molestos, espacios públicos, uso de tecnologías (drones, sistemas de vigilancia privados, scooters eléctricos), trabajo callejero, cuidado de mascotas, comercio en vía pública, normativa nocturna. Y aplicarlos de forma homogénea entre Plottier, Cutral Co, Centenario, Añelo y Neuquén capital, donde la dispersión de criterios contravencionales es alta y produce desigualdades de hecho.
El otro vector que pesa es la modernización procesal. El Código del 62 fue diseñado en una era previa al expediente digital, a la firma electrónica y a la posibilidad de que un vecino documente con un celular en tiempo real una falta. La nueva norma debe contemplar pautas de organización y registro escrito y digital de los procedimientos —exigencia que la propia resolución de la comisión incluye como mandato—.
Por qué este momento
Martínez explicitó la motivación en términos políticos amplios: la necesidad de un «gran acuerdo social» que asegure la convivencia en un contexto de «profundas transformaciones en la provincia, en gran parte vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta». La frase no es solo retórica. La migración masiva hacia las ciudades del corredor petrolero introdujo demandas de convivencia que el código de 1962 no anticipó.
Añelo creció de unas 3.000 a más de 12.000 habitantes en una década. Neuquén capital absorbió 40 familias por semana en los últimos años. El parque automotor de la provincia se duplicó. La densidad de tránsito en la Confluencia se multiplicó. Y los conflictos típicos de las ciudades petroleras —ruido nocturno, conflictos por la vivienda, presencia de trabajadores temporarios, alcohol y narcotráfico en zonas específicas— excedieron el marco normativo disponible. La reforma busca poner el código al día con esa nueva realidad.
El método: provincia adentro, no escritorio
Una de las definiciones más relevantes que dejó la conformación de la comisión es metodológica. Martínez fue claro: el grupo va a visitar distintas regiones de la provincia para escuchar a vecinos, comerciantes y actores sociales antes de avanzar con un anteproyecto. La intención declarada es no redactar el Código solo desde Neuquén capital, donde la realidad social y económica difiere mucho de Plottier, Junín de los Andes o Las Lajas.
El proceso participativo, en este tipo de reformas estructurales, suele dilatar los plazos pero mejorar la legitimidad final. Es exactamente el inverso del modelo de reforma legislativa por urgencia que dominó la última década en Argentina. Si la comisión cumple su cronograma —seis meses prorrogables— y el anteproyecto llega a Comisión A para fines de 2026 o principios de 2027, Neuquén tendrá una norma contravencional alineada con la sociedad que efectivamente regula.
Lo que está en juego políticamente
Una reforma de Código contravencional toca la vida cotidiana del votante medio en formas más directas que cualquier ley energética. Multas por mal estacionamiento, ruidos molestos, mascotas sin control, ferias informales, alcohol en vía pública: todo eso se decide acá. Para Comunidad —el espacio del gobernador Rolando Figueroa—, la oportunidad es traducir el éxito macro de Vaca Muerta en una percepción concreta de orden cotidiano. Para los bloques de oposición, la mesa abre una ventana de incidencia política sin las restricciones de los debates presupuestarios.
Las tres tensiones que ya se anticipan son típicas de cualquier reforma similar. Primera: cuánta libertad individual se cede para garantizar convivencia barrial. Segunda: qué peso relativo tienen las multas económicas frente a sanciones alternativas (trabajo comunitario, capacitaciones obligatorias, suspensiones de licencia). Tercera: cuánta autonomía mantienen los municipios para reglamentar localmente sin contradecir la norma provincial.
Lo que viene
El primer cronograma de trabajo prevé reuniones técnicas durante mayo y junio, recorrida provincial entre julio y agosto, y redacción del anteproyecto en el cuarto trimestre. La cobertura de Neuquén21 va a seguir cada hito de la comisión: las definiciones que tome este grupo van a marcar la convivencia urbana provincial por las próximas décadas. Es la pieza de política institucional con menos brillo del año, pero la que más contacto directo tiene con la vida real de los neuquinos.
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