La ordenanza que prohíbe la actividad de limpiavidrios, trapitos y lavacoches en semáforos y esquinas de Neuquén ya fue aprobada. Ahora el municipio enfrenta la parte más difícil: aplicarla. Y la jefa de Gabinete, María Pasqualini, dejó en claro que no habrá zonas grises. «Una vez publicada la ordenanza, no va a haber limpiavidrios en Neuquén», afirmó con una firmeza que deja poco margen para la interpretación.
La normativa, aprobada el jueves pasado por el Concejo Deliberante con 13 votos a favor, 4 en contra y una abstención, establece multas que van desde los $17.520 hasta los $350.000 para quienes realicen la actividad, y de hasta $262.800 para los automovilistas que acepten el servicio. La ordenanza incorpora además la práctica al Código Contravencional e introduce una figura novedosa: la prohibición de concurrencia a determinados lugares, que impide que una persona sancionada vuelva a ubicarse en la misma esquina o semáforo donde fue detectada.
El mapa de la situación
El municipio tiene detectados entre 11 y 20 puntos donde se concentra la actividad, un número que varía según el día de la semana. La prohibición no se limita al área céntrica sino que alcanza a todo el ejido urbano. Los controles estarán a cargo de inspectores municipales con acompañamiento de la Policía provincial, y el sistema de cámaras funcionará como herramienta complementaria — aunque desde el municipio aclararon que no alcanza con una fotografía para labrar una contravención: se necesita video que acredite la situación.
El Ejecutivo tiene 10 días desde la aprobación para reglamentar y publicar la norma en el boletín oficial. Recién entonces entra en vigencia.
Quiénes son y qué pasa con ellos
El dato más relevante del relevamiento municipal es que más del 70% de quienes realizan esta actividad no son vecinos de Neuquén. Para ese grupo, el municipio planea gestionar pasajes y asistencia para facilitar el regreso a sus ciudades de origen, en el marco de programas coordinados con el gobierno provincial. «Muchos han manifestado que quieren volver», señaló Pasqualini.
Para el 30% restante — los neuquinos — la respuesta es diferente: capacitación laboral e inserción en el mercado de trabajo. Ya hay nueve personas registradas que comenzarán en mayo un programa de formación en construcción en seco. «Ellos han elegido formación en construcción en seco y seguimos avanzando con quienes se van incorporando», explicó la jefa de Gabinete.
El debate que no se cierra
La aprobación de la ordenanza reflejó tensiones que van más allá del espacio público. La concejala del FIT Julieta Katcoff advirtió que la medida «no resuelve el problema de fondo» y planteó que la ordenanza podría implicar convertir la pobreza en una falta, sin abordar las causas estructurales que llevan a muchas personas a trabajar en la calle.
Desde el oficialismo, el concejal José Luis Artaza defendió la necesidad de avanzar sobre lo que consideró un «problema creciente de convivencia y seguridad». Uno de los puntos más sensibles es la aplicación de multas a personas que, en su mayoría, no tienen ingresos formales. En la práctica surge una pregunta central: ¿cómo se aplican y cobran esas multas a quienes justamente recurren a esta actividad por falta de trabajo?
Pasqualini intentó responder esa pregunta con el argumento del abordaje integral: la sanción no es el fin sino el instrumento. «Vamos a ser absolutamente determinantes, porque hay un pedido de los vecinos. Hubo algunas cuestiones de inseguridad y tenemos que trabajar en ese sentido», dijo, pero remarcó que la política pública incluye capacitación, inserción laboral y revinculación con los lugares de origen.
La ordenanza tiene instrumentos. Lo que está por verse es si la red de contención social que la acompaña tiene la escala suficiente para que nueve personas capacitadas en oficios sean el inicio de algo, y no solo el argumento que justifica la prohibición.
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