El Partido Justicialista de Neuquén llega al final de octubre sin una conducción que la Justicia reconozca. El juez federal subrogante con competencia electoral, Gustavo Villanueva, anuló por segunda vez una reunión del Consejo Provincial del partido. Se trata de la sesión que se hizo por Google Meet el 13 de octubre. Según el fallo, conocido esta semana, el encuentro «carece de validez para el tribunal». Por eso la designación de Lucas Riquelme como presidente queda en suspenso. Y el PJ de Neuquén vuelve al punto de partida cuando el calendario electoral de 2027 ya aprieta.
Qué falló en la reunión virtual
El tribunal revisó los dos videos que presentó el partido y no encontró lo que buscaba. Las votaciones sobre la presidencia de la sesión y sobre quiénes firmarían el acta no aparecen en las grabaciones. Además, la moderadora, Juana Vázquez, no se escucha en la primera parte. El propio PJ admitió el problema: el micrófono del anfitrión «quedó involuntariamente deshabilitado». Es decir, la persona que conducía el encuentro no dejó registro de lo que dijo. Para un tribunal, eso equivale a que no lo dijo.
El punto más delicado son las firmas. Once consejeros respaldaron la reunión con declaraciones juradas. Sin embargo, el juez observó que esas firmas fueron «recortadas por separado e insertadas digitalmente». No las estampó cada consejero sobre el documento, sino que alguien las pegó después. A eso se suma otro problema: el acta la suscribieron dos personas que nunca acreditaron su designación. Con ese cuadro, Villanueva entendió que no había manera de dar por válida la sesión.
Riquelme en suspenso y una interna abierta
La decisión frena, al menos por ahora, la presidencia de Lucas Riquelme. Pero no fue solo el juez el que objetó la reunión. La vicepresidenta primera, Anahí Valdez, impugnó el acta ante el tribunal. Ese dato muestra que el problema del PJ de Neuquén no es únicamente formal. Hay una disputa interna por la conducción que todavía nadie cerró. Mientras tanto, cada intento de ordenar el partido termina en los tribunales y no en una mesa política.
El peronismo neuquino arrastra, además, una herida de 2023. Ese año el partido expulsó a 44 afiliados por competir en otras fuerzas. La sangría dejó un consejo diezmado y una estructura con menos cuadros para sostener la vida interna. Hoy, después de dos reuniones anuladas, el PJ ni siquiera logra validar quién lo representa. En la política provincial esa debilidad tiene un costo concreto: sin conducción reconocida, no hay sello para negociar alianzas ni candidaturas.
Lo que viene: regularizar o quedar intervenido
El riesgo ahora es la intervención. Si el partido no regulariza su conducción antes de que arranque el calendario electoral de 2027, la Justicia electoral puede tomar el control de la estructura. El tiempo corre en contra. Las elecciones exigen autoridades partidarias válidas para oficializar listas, y el PJ todavía no tiene ninguna que el tribunal reconozca. Por eso la salida tiene que ser rápida y, sobre todo, prolija.
El próximo paso es convocar una nueva reunión del Consejo Provincial con todas las garantías: registro completo de las votaciones, micrófonos activos y firmas estampadas de puño y letra. Aunque parezca un detalle técnico, es exactamente lo que el juez pidió dos veces. También habrá que resolver la pulseada entre Riquelme y Valdez antes de llegar al tribunal, porque una tercera sesión impugnada dejaría al partido al borde de la intervención. El PJ de Neuquén tiene meses, no años, para demostrar que todavía puede conducirse a sí mismo.