Unos 650 empleados de la Legislatura de Neuquén siguen este lunes 19 de octubre bajo estado de alerta y con retención de tareas. El motivo es un bono que se acordó en agosto y que todavía no apareció en los recibos. La suma ronda los $940.000 por trabajador, porque se actualiza por inflación. Para el gremio, el retraso dejó de ser un problema administrativo y se convirtió en un conflicto abierto con la conducción de la Cámara.
Un bono acordado en agosto que todavía no se pagó
El acuerdo se cerró en agosto entre el gremio y las autoridades legislativas. La cifra original se ajusta por el índice de precios, por eso hoy se acerca al millón de pesos. Sin embargo, el pago no llegó en la fecha prevista y la paciencia se agotó. Pablo Godoy, secretario general de la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL), lo resumió sin rodeos: «Hay malestar generalizado en los compañeros». Y agregó: «Estamos en alerta». La retención de tareas es, por ahora, la medida elegida para presionar. El gremio espera una respuesta concreta sobre cuándo se va a liquidar el dinero.
Los otros reclamos: bonificaciones y ropa de trabajo
El bono no es el único punto en discusión. ANEL también reclama bonificaciones especiales que aún no se liquidaron. Además, cuestiona que la ropa de trabajo se entregó solo al sector administrativo, mientras el resto del personal sigue esperando. Hay un tercer frente, menos tangible pero igual de irritante para los trabajadores: las formas de comunicación de la presidencia de la Cámara, a cargo de Zulma Reina. Según el gremio, las decisiones sobre los pagos no se transmiten con claridad. Ese malestar se suma al económico y explica por qué el reclamo escaló tan rápido dentro de la Legislatura de Neuquén.
La comparación con el Ejecutivo provincial
El contraste con el resto del Estado provincial es inevitable. El Ejecutivo pagó un primer bono de $410.000 en septiembre y prevé un segundo de $480.000 en enero de 2027. En total, suman $890.000 en dos cuotas. Los estatales también recibieron un aumento del 6,36% en octubre, como parte de la política salarial del gobierno provincial. Es decir, mientras el personal del Ejecutivo ya cobró la primera parte hace un mes, los empleados de la Legislatura siguen esperando una suma mayor en un solo pago. Esa diferencia alimenta el enojo. Para los trabajadores, el problema no es el monto acordado sino el incumplimiento de lo firmado, en un momento en que la inflación sigue erosionando los ingresos.
Lo que viene ahora depende de la presidencia de la Cámara. Si el bono se liquida en los próximos días, la alerta se levanta sin mayores costos. Pero si el retraso se prolonga, la retención de tareas puede empezar a sentirse en el funcionamiento cotidiano del cuerpo. Para los empleados de la Legislatura, el reclamo es simple: cobrar lo que se acordó en agosto. Para la conducción, el desafío es ordenar los pagos y la comunicación antes de que el conflicto gremial afecte la actividad parlamentaria.