Las escuelas de Neuquén conviven cada invierno con el mismo miedo: una estufa mal ventilada, olor a gas en el aula y una fila de chicos con dolor de cabeza camino al hospital. Ese cuadro se repitió varias veces en los últimos dos años. Ahora la Legislatura empieza a moverse. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología firmó este martes 29 de septiembre el despacho de un proyecto clave. La norma obliga a instalar detectores de monóxido en escuelas públicas y privadas de toda la provincia. El despacho fue unificado y salió por unanimidad.
Alarmas que avisan y válvulas que cortan el gas
La iniciativa establece la provisión, instalación y mantenimiento de equipos que detecten de forma temprana el monóxido de carbono y las fugas de gas natural o GLP. Los aparatos deben dar aviso con señales sonoras y luminosas. Pero el texto va un paso más allá: prevé válvulas inteligentes que cortan de inmediato el suministro al artefacto ubicado en el sector donde se registra el riesgo. Es decir, la alarma no solo avisa, también apaga la estufa.
El proyecto dispone además revisiones preventivas semestrales antes del inicio del invierno y el recambio de los dispositivos cuando vence su vida útil. Cada escuela deberá contar con un protocolo de evacuación y de actuación ante siniestros por gas. Todos los equipos tendrán que estar homologados y certificados según las normas del Enargas, el ente que regula el gas en el país. La autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de Educación, en coordinación con el Ministerio de Educación.
Dos proyectos, un solo despacho
El texto que salió de comisión no tiene un solo autor. La comisión unificó dos iniciativas sobre detectores de monóxido en escuelas. Una es de Unión por la Patria, presentada en septiembre de 2025 con la firma del diputado Darío “Pampa” Peralta. La otra llegó del PRO-Neuquén Confluencia en mayo de 2026, de la mano de la diputada Mercedes Tulián. El primer texto fijaba umbrales técnicos para disparar la alerta; el segundo coincidía casi punto por punto en el resto del articulado. El despacho incorporó esos niveles máximos de concentración de gases. Cuando se superan, la alarma suena y el suministro se corta.
Darío Martínez, diputado de Unión por la Patria y uno de los impulsores, celebró el avance pero marcó la demora. “Cuidar a quienes estudian y trabajan en nuestras escuelas exige anticiparse a los riesgos”, dijo. También lamentó que el proyecto lleve “más de 12 meses” esperando ser discutido. Según Martínez, la aprobación “brinda herramientas concretas para detectar una situación peligrosa a tiempo y actuar”. Y cerró con una expectativa: “confiamos en que pronto estaremos votándolo en el recinto”.
Los antecedentes que empujan la ley
La urgencia no es abstracta. A fines de abril de 2026, una fuga de gas en un colegio privado de Neuquén capital terminó con un alumno de quinto grado intoxicado con monóxido. Varios compañeros tuvieron mareos y vómitos. Camuzzi cortó el suministro y el colegio anunció el reemplazo de sus artefactos a gas por sistemas eléctricos. Durante 2025, la EPET 12 de San Martín de los Andes suspendió las clases por fallas en la calefacción. Estudiantes del IFD 12 terminaron en el hospital, y escuelas de Plottier y de la capital sumaron episodios similares.
Los números de fondo también pesan. Según los fundamentos del proyecto de Tulián, en el primer semestre de 2025 se registraron 473 casos de intoxicación por monóxido en el país, un 57% más que la mediana de años anteriores. Neuquén aparece como la segunda provincia con mayor incidencia, detrás de Tierra del Fuego. Zapala, Chos Malal, San Martín de los Andes y Villa La Angostura figuran entre las zonas señaladas.
Lo que falta para que llegue al recinto
El despacho de este martes es un paso, no la ley. El proyecto sigue ahora hacia las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto. Recién después podrá tratarse en sesión. Ahí aparece la pregunta que ninguna comisión respondió todavía: cuánto cuesta equipar a cada escuela y quién lo paga. Esa discusión se cruza con el resto de la agenda de la Legislatura, cargada de proyectos de política provincial y de servicios que llegan al aula.
Si el trámite avanza rápido, la provincia podría llegar al próximo invierno con la obligación vigente. Si se demora, los detectores de monóxido en escuelas volverán a depender de la iniciativa de cada institución, como hasta ahora. El próximo paso es el dictamen de Hacienda. De esa firma depende que el proyecto pueda votarse antes de fin de año.