La cadena nacional de Javier Milei por Malvinas tuvo eco inmediato en la política neuquina. El diputado provincial Darío Martínez (Unión por la Patria) respondió este jueves 4 de septiembre al anuncio presidencial con una mezcla de respaldo e ironía. Celebró que el mandatario «haya cambiado su posición sobre Malvinas», aunque le resultó llamativo que «recién ahora advierta un problema que la Argentina conoce y denuncia desde hace años».
El miércoles por la noche, Milei había anunciado un paquete de medidas por las islas. Incluye un decreto para endurecer las sanciones contra las petroleras del proyecto Sea Lion, fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, una nueva ley de defensa de la soberanía y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. El anuncio llegó después de declaraciones de Donald Trump, que sugirió que no respaldaría al Reino Unido en un eventual conflicto por Malvinas.
La sanción a Navitas rige desde 2022
Martínez habla con un antecedente propio. Cuando era secretario de Energía de la Nación, en abril de 2022, esa cartera declaró ilegales y clandestinas las actividades de Navitas Petroleum en la plataforma continental argentina. También la inhabilitó por 20 años para operar en el país, por explotar hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina, según informó entonces la Cancillería. «No alcanza con discursos: hay que tomar decisiones concretas para defender nuestra soberanía y nuestros recursos», afirmó el legislador.
La británica Rockhopper, socia de Navitas en Sea Lion, arrastra castigos anteriores. Fue declarada ilegal en 2012, quedó inhabilitada por dos décadas y recibió un embargo preventivo por más de USD 156 millones en 2015. Entre las dos empresas suman cinco sanciones, y ninguna se dictó durante la actual gestión nacional.
Sea Lion avanzó pese a las sanciones
El proyecto siguió su curso igual. En 2025 las empresas comunicaron la decisión final de inversión, con perforación de desarrollo prevista para comienzos de 2027 y primer petróleo hacia 2028. Horas después de la cadena nacional, Navitas y Rockhopper respondieron que operan con «licencias petroleras válidas» otorgadas por el gobierno isleño y que las sanciones no frenarán el desarrollo. Ese pulso es el fondo real de la disputa energética por el Atlántico Sur.
Darío Martínez apuntó además a la coherencia del Gobierno nacional. Recordó que las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, iniciadas en 2022, estuvieron paralizadas durante casi toda la gestión Milei, hasta la reactivación anunciada esta semana. También cuestionó la frase presidencial sobre esperar que los isleños decidan algún día ser argentinos. «La defensa de la soberanía requiere decisiones firmes, no cambios de postura según la coyuntura», sostuvo.
Una ley en la que, de hecho, coinciden
El diputado reclamó una legislación que alcance «a cada empresa que participe directa o indirectamente en la exploración y explotación no autorizada de nuestros recursos naturales». El pedido se superpone en buena parte con lo que el propio Milei anunció: el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso extendería las sanciones a proveedores, accionistas y directores, e impediría a los infractores contratar con el sector público y el privado. La discusión parlamentaria dirá si ambas posiciones confluyen en un texto común.
El planteo también reposiciona a Darío Martínez en la política provincial, donde es la principal voz energética de Unión por la Patria y viene de cuestionar el acuerdo por regalías entre la Provincia e YPF, central para Vaca Muerta. Su cierre resume la vara con la que mirará lo que viene: «La soberanía argentina no se declama según el momento: se defiende todos los días». El próximo paso se juega en el Congreso, cuando el paquete de proyectos empiece a discutirse en comisiones.
