El primer proyecto de GNL aprobado dentro del RIGI quedó bajo la lupa. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, denunció que Harbour Energy accedió a los beneficios del régimen pese a cargar con una sanción por Malvinas. La petrolera británica tiene el 15% de Southern Energy, el consorcio que licuará y exportará gas de Vaca Muerta desde la costa de Río Negro. Según el legislador, esa firma arrastra una inhabilitación por haber explorado sin permiso la plataforma continental argentina, cerca de las islas.
Una inhabilitación que vencería en 2028
El corazón de la denuncia es la identidad de la empresa. Harbour Energy nació en 2021, cuando Premier Oil cambió de denominación tras fusionarse con otra petrolera. Para Ferraro, se trata de la misma persona jurídica. Y esa compañía había sido inhabilitada en 2013 para operar en la Argentina durante 15 años, por actividades de exploración sin autorización en cercanías de Malvinas. La sanción se apoyó en la Ley 26.659, que protege los recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental. Si el plazo se cuenta desde entonces, la inhabilitación seguiría vigente hasta 2028. La denuncia ya está en manos de la Justicia, aunque todavía no hay resolución.
El primer GNL del régimen, con gas de Vaca Muerta
Southern Energy no es un proyecto más. Es la primera iniciativa de gas natural licuado de escala exportadora que entró al RIGI, con una inversión prevista de USD 6.878 millones aprobada por el Ministerio de Economía en mayo de 2025. El plan usa buques de licuefacción flotante en el Golfo San Matías y apunta a exportar desde 2027. El gas saldrá de los yacimientos de Vaca Muerta, con un gasoducto dedicado a través de Río Negro. En el consorcio conviven pesos pesados del sector: Pan American Energy opera el proyecto con el 40%, mientras Pampa Energía aporta el 20%, YPF el 15%, Harbour Energy el 15% y Golar LNG el 10% restante.
Choque con la ofensiva oficial por Malvinas
El momento de la presentación no es casual. Llegó dos días después de que el Gobierno nacional reglamentara la ley que sanciona la actividad petrolera no autorizada alrededor de Malvinas. Ese decreto, publicado el jueves en el Boletín Oficial, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y fijó inhabilitaciones de 5 a 20 años. También sumó controles cruzados para el acceso al RIGI y a los permisos hidrocarburíferos. Ahí aparece la paradoja que explota la denuncia: mientras el Ejecutivo endurece los filtros por Malvinas, un socio del primer GNL del régimen cargaría con una sanción de ese mismo origen. La discusión, además, promete escalar en el terreno político durante las próximas semanas.
La presentación describe también la logística en marcha en el sur. Según el escrito, el proyecto prevé la llegada mensual de buques con unos 3.500 tubos para instalar las cañerías. Ese movimiento continúa mientras el expediente judicial sigue su curso.
Para la cuenca neuquina, lo que se juega excede a Harbour Energy. Southern Energy es la puerta de salida del gas de Vaca Muerta al mercado mundial y una pieza central de la agenda exportadora de energía. Por eso el desenlace importa acá tanto como en Buenos Aires. El próximo paso es la definición judicial sobre la denuncia: de esa respuesta dependerá si el caso queda en un episodio político o abre una revisión más profunda sobre quiénes pueden ser socios de los grandes proyectos del régimen.
