Primera escuela de negocios de la Patagonia — formación profesional aplicada
Conocé los programas →
«Van a tener que elegir». Con esa frase, el canciller Pablo Quirno confirmó esta semana que el Gobierno notificó a 180 empresas de 29 países vinculadas a la actividad hidrocarburífera en las islas. La disyuntiva es Malvinas o Vaca Muerta: quien mantenga operaciones en el archipiélago quedará afuera de los negocios en la Argentina. La advertencia alcanza a las petroleras, pero también a financieras, aseguradoras y firmas de logística que trabajan para esos proyectos.
El shale como herramienta de presión
Quirno explicó la lógica durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, en Puerto Iguazú. La Ley 26.659 ya sancionaba a las petroleras que operaran en las islas, pero durante años careció de poder real de disuasión. «Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir», reconoció el canciller. Hoy el cálculo cambió, según su planteo: el shale neuquino permite ofrecer «seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios» frente a «un terreno disputado con licencias ilegales».
El decreto reglamentario de la norma amplía además el alcance sancionatorio sobre toda la cadena: proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros. Quirno habló de «todo un universo de hoy 180 compañías», notificadas la semana pasada. Hay otro candado: quien pida el ingreso al RIGI deberá firmar una declaración jurada de que no incumple la norma que protege la posición argentina sobre las islas. Así, el régimen de grandes inversiones queda atado a la elección entre Malvinas o Vaca Muerta.
Sea Lion, el blanco principal
La ofensiva apunta sobre todo a Sea Lion, el proyecto offshore de la Cuenca Malvinas Norte que impulsan Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%). Las compañías tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, con un desembolso previsto de US$1.800 millones y primera producción proyectada para 2028. «Nuestra intención es no permitir justamente la explotación de hidrocarburos en las Malvinas», dijo Quirno, que calificó esas licencias de «absolutamente ilegales». Las empresas rechazaron esa lectura: en un comunicado conjunto aseguraron que sus permisos fueron «legalmente otorgados» y que las medidas no alterarán el calendario del proyecto.
El mercado, sin embargo, reaccionó rápido. Las acciones de Rockhopper llegaron a caer cerca de 10% en Londres, mientras los papeles de Navitas retrocedieron más de 2% en Tel Aviv. Quirno leyó esas bajas como la primera señal de que el desincentivo empieza a funcionar.
Reforma de la ley y puerta de salida
El Gobierno prevé también enviar al Congreso un proyecto para darle a la norma «mayor amplitud sancionatoria». Incluirá un mecanismo nuevo: las empresas sancionadas podrán salir del régimen si abandonan sus actividades en las islas. Hoy, explicó el canciller, la sanción funciona como un encierro sin retorno y eso les quita incentivos para irse del archipiélago. La estrategia se completa con recursos para una base naval integrada en Tierra del Fuego y con gestiones ante Chile para desalentar la asistencia logística a las operaciones en Malvinas.
Para Neuquén, el movimiento tiene una lectura directa: la cuenca dejó de ser solo un polo productivo y pasó a funcionar como activo geopolítico del país. La disyuntiva Malvinas o Vaca Muerta convierte el atractivo del shale en herramienta diplomática. Lo que viene ahora es el tratamiento en el Congreso y, sobre todo, la respuesta de las 180 firmas notificadas: cada decisión de inversión que se incline por la cuenca neuquina va a medir si la apuesta oficial funciona.
