El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a la carga este sábado 22 de agosto contra la tecnología china en Vaca Muerta. Lo hizo en la red X, donde replicó un mensaje del Departamento de Estado que apunta directo a Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI. Según ese texto, los equipos de esas firmas generan “riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de las redes”. El argumento de fondo es conocido: la legislación china obliga a sus empresas a colaborar con los servicios de inteligencia de Beijing.
El posteo original pertenece a Juan Pablo Segura, el flamante jefe de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que asumió esta misma semana. Segura instó a los países de la región a “cambiar rápidamente a proveedores confiables para proteger a sus ciudadanos y su soberanía”. La movida se inscribe en la estrategia de Washington para frenar la expansión tecnológica china en sectores que considera críticos: energía, minería, telecomunicaciones y defensa. La embajada de Estados Unidos viene amplificando ese mensaje desde hace semanas.
El datacenter de CALF, en el centro de la pulseada
La advertencia no cae en el vacío. La cooperativa eléctrica CALF, de Neuquén capital, selló una alianza con Huawei tras una gira por la sede de la compañía en Shenzhen. El plan incluye un datacenter regional Tier III, con conectividad provincial, almacenamiento de datos e inteligencia artificial, y servicios orientados a la industria hidrocarburífera. Por eso el yacimiento quedó en el medio de la disputa por la infraestructura digital: producción, reservas y operaciones generan datos que Washington considera sensibles.

Lamelas ya había apuntado a la cooperativa semanas atrás. Dijo entonces que “China exige a las empresas que le den al Estado acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología” y que esa situación “no ayudará a atraer inversores extranjeros”. Después, en el AmCham Energy Forum de mediados de agosto, fue más lejos: afirmó que “todo está controlado por el Partido Comunista chino” y aseguró que en su país los equipos de Huawei están prohibidos. Desde ahí, la discusión por la tecnología china en Vaca Muerta escaló hasta convertirse en un tema de agenda entre las dos potencias y el gobierno provincial.
La respuesta de Beijing y una denuncia en Comodoro Py
La embajada china contestó con dureza tras aquellas declaraciones. Acusó a Washington de actuar con “mentalidad de guerra fría” y de difundir “calumnias sin fundamento” para frenar a sus empresas. Huawei, además, defendió su historial en ciberseguridad: recordó que firmó compromisos de “no puerta trasera” y que se sometió a auditorías de terceros en distintos países. El cruce diplomático quedó planteado en los términos más ásperos que se recuerden para un proyecto tecnológico en la cuenca neuquina.
Mientras tanto, el frente judicial también se abrió. El jueves 21 de agosto una denuncia penal presentada en Comodoro Py pidió investigar si el acuerdo entre CALF y Huawei implica riesgos para la seguridad nacional. La presentación, que recayó en un juzgado federal, alcanza a funcionarios del gobierno neuquino y sostiene que la inserción de la firma china excedió un contrato comercial ordinario, con alcance sobre telecomunicaciones, videovigilancia y datos de activos estratégicos. Es una denuncia de parte: la Justicia deberá decidir si avanza.
El desenlace importa más allá de un contrato. La elección de proveedores para las redes y los datos del shale se volvió una decisión geopolítica, con presiones cruzadas de Washington y Beijing sobre empresas y autoridades provinciales. Lo que viene ahora es concreto: la definición del datacenter de CALF, el recorrido de la causa judicial y la reacción de la política neuquina. La tecnología china en Vaca Muerta dejó de ser una discusión técnica; es el tablero donde se mide quién controla la infraestructura digital del yacimiento más estratégico del país.
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