Una planta paralizada hace casi una década vuelve a aparecer en la agenda energética de la región. Las empresas Saesa y Spark presentaron el 19 de mayo una iniciativa privada ante el Ministerio de Economía de la Nación. El objetivo es modernizar y volver a poner en marcha la PIAP de Arroyito, sobre la Ruta 237, en territorio neuquino. El proyecto se apoya en un insumo conocido: el gas de Vaca Muerta. Según las firmas, la reactivación podría generar alrededor de 200 empleos directos en la zona.
La Planta Industrial de Agua Pesada dejó de producir en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. Desde entonces acumuló varios anuncios de reactivación que nunca derivaron en obras concretas. Por eso esta nueva propuesta llega con escepticismo, pero también con números sobre la mesa. La inversión estimada ronda los 120 millones de dólares. El plan de obras contempla un mínimo de 36 meses para acondicionar el complejo.
El gas de Vaca Muerta como insumo central
El CEO de Saesa, Juan Bosch, explicó que el agua pesada tiene varios mercados de salida. No se limita a la energía nuclear: también alcanza a la industria farmacéutica y a la medicina. En ese contexto, la PIAP de Arroyito podría apoyarse en el desarrollo que hoy atraviesa la cuenca. La idea es usar el gas que se extrae de la formación no convencional para abastecer la planta. De hecho, Bosch reveló que ya hay conversaciones avanzadas con operadoras de Vaca Muerta e incluso preacuerdos firmados con algunas de ellas.
El ejecutivo precisó que el complejo sería capaz de procesar hasta 600.000 metros cúbicos de gas por día. Así, el recurso energético se convertiría en un producto de exportación de alto valor agregado. Según planteó, eso le daría a la producción local un mercado adicional. También permitiría integrar al país con cadenas globales de energía nuclear, salud y biotecnología. La planta llegó a su récord de producción en 1998, antes de iniciar un declino que terminó en su paralización.
Qué viene ahora para la planta
El Ministerio de Economía inició un proceso de análisis junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, propietaria de las instalaciones. Eventualmente, el Gobierno podría declarar de interés público el proyecto y llamar a una licitación. Bosch aclaró un punto importante: la propuesta de Saesa y Spark, pese a ser la precursora, no tendrá preferencia. Será una compulsa pública la que defina al futuro operador. El planteo de la empresa es que el complejo siga siendo del Estado, pero bajo concesión para modernizarlo.
Los plazos, sin embargo, todavía son inciertos. La Nación modificó la normativa y no fijó un tiempo límite para el proceso. Por lo tanto, el ritmo dependerá del aval oficial y de la demanda que se detecte en el mercado. Si la inversión avanza, lo primero sería un estudio técnico para determinar el estado real de la planta. En los últimos nueve años solo recibió tareas de mantenimiento, con un presupuesto acotado. La reactivación de la PIAP de Arroyito queda así sujeta a un proceso que recién empieza. Los próximos hitos a seguir son la definición del Gobierno nacional sobre el interés público y, si avanza, el llamado a licitación que ordene la competencia entre interesados. Más datos del entramado energético provincial pueden seguirse en la cobertura de Energía & Sociedad.
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