Siete expedientes, un mismo perito y reclamos que superan el millón y medio de dólares. La causa por el presunto fraude a la ART de petroleros quedó oficialmente reabierta este lunes, después de una audiencia judicial en la que la defensa intentó frenar la investigación y no lo logró. El caso golpea de lleno a la mutual del gremio que conduce Marcelo Rucci y expone una trama de certificados médicos bajo sospecha en el norte neuquino, en pleno corazón laboral de Vaca Muerta.
Certificados falsos y un perito bajo la lupa
La investigación apunta a un médico laboralista y a tres abogados. Según la denuncia presentada ante la fiscalía de Chos Malal, que depende del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el profesional actuaba como perito en causas civiles iniciadas por dolencias que la aseguradora ya había descartado. Allí emitía documentación apócrifa para inducir a error al juez civil de la localidad. Las sospechas se centran en los expedientes de siete trabajadores de una misma compañía petrolera. La redacción de esas presentaciones recordó a otros dos procesos que también terminaron con fallos contra la Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (Meopp).
El engaño se detectó por un detalle logístico. Los operarios nunca habían sido entrevistados por el médico: en las fechas consignadas trabajaban en un área petrolera cercana a Buta Ranquil. El área de Recursos Humanos de la empresa descartó además las patologías señaladas. De haberlas padecido, aseguraron, los trabajadores ni siquiera habrían podido presentarse a trabajar. Para el abogado del sindicato, Marcelo Hertzriken Velasco, los hechos son compatibles con una asociación ilícita destinada a montar una estafa procesal «mediante el uso de informes periciales/certificados médicos apócrifos para inducir a engaño al magistrado civil de Chos Malal y obtener pronunciamientos condenatorios».
Qué resolvió la jueza y qué pruebas siguen en pie
La causa había quedado archivada y sin movimientos hasta junio pasado, cuando la querella —la propia ART— pidió reactivarla. El fiscal del caso, Víctor Salgado, acompañó ese pedido. La defensa cuestionó la decisión y forzó la audiencia de este lunes. Pero la jueza Leticia Lorenzo avaló al Ministerio Público y ratificó las medidas de prueba contra el médico. Su teléfono celular y un CPU de su propiedad continuarán secuestrados y pasarán a pericia. El objetivo es detectar eventuales comunicaciones con los siete accionantes, que ante escribano negaron haber tenido contacto con el profesional. También se analizará la geolocalización de los dispositivos en las fechas de las supuestas revisaciones médicas.
La magistrada desestimó, en cambio, el resto de las medidas pedidas por la querella. Quedaron afuera los secuestros de los teléfonos de los siete trabajadores y de los tres letrados que intervinieron en las presentaciones contra la mutual. El expediente por el fraude a la ART de petroleros avanza así con foco en el perito médico, la pieza central de la maniobra denunciada. Los reclamos cuestionados superan el millón y medio de dólares: si la Justicia civil los avalara, el golpe económico para la aseguradora del gremio sería duro.
Un antecedente que agranda la sospecha
No es la primera denuncia de este tipo que presenta el gremio de los petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, un actor de peso en la agenda de energía y sociedad de la región. En agosto del año pasado, el sindicato denunció una estafa por el cobro de intervenciones quirúrgicas que nunca se realizaron. El médico señalado en esa presentación fue un traumatólogo infantil, acompañado en todas las operaciones sospechadas por el mismo anestesista. El patrón se repite: profesionales de la salud, papeles bajo sospecha y el patrimonio de las entidades gremiales como blanco.
Las pericias sobre el teléfono y la computadora del médico marcarán ahora el rumbo de la causa por el fraude a la ART de petroleros. Si la geolocalización contradice los informes, la hipótesis de la estafa procesal ganará fuerza en la fiscalía de Chos Malal. El resultado también pesará sobre los siete expedientes civiles en marcha y sobre una discusión mayor: quién controla los controles médicos en la industria que mueve la economía neuquina, un tema que cruza a la Justicia con el poder gremial y político de la provincia.
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