La exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, presentó este jueves 15 de mayo en la Legislatura provincial un pedido formal para derogar la Ley 3490, la norma que dispuso su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 2027. La presentación se realizó junto a su abogada Gabriela Prokopiw, que en paralelo impulsa un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén para que la dirigente vuelva al cargo. Es el primer movimiento institucional fuerte de Ruiz tras semanas de bajo perfil público, y abre una doble vía simultánea: el reclamo legislativo y el judicial.
El pedido se enmarca en una pugna que excede al caso personal de Ruiz. Toca cuestiones constitucionales sobre las facultades de la Legislatura para apartar funcionarios electos, sobre la separación de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y sobre el procedimiento del juicio político como única vía formal para destituir cargos surgidos del voto popular. La defensa sostiene que la Ley 3490 vulnera el debido proceso porque la apartó sin condena firme y sin juicio político formal.
Qué dice el pedido a la Legislatura
En el escrito presentado, Ruiz pide que el cuerpo legislativo derogue la Ley 3490 por considerarla «inconstitucional y profundamente antidemocrática». La dirigente sostiene que la Legislatura «avanzó sobre facultades que corresponden exclusivamente al Poder Judicial» al disponer su destitución sin que existiera una condena firme en su contra.
El argumento de fondo es procedimental: Ruiz fue apartada del cargo de vicegobernadora sin juicio político, sin condena firme en sede penal y sin las garantías constitucionales que correspondían a una funcionaria electa por voto popular. La defensa cuestiona que el cuerpo legislativo haya actuado simultáneamente como acusador y como tribunal sin haberse iniciado formalmente los cargos en sede judicial.
Prokopiw planteó el núcleo del argumento en una entrevista radial: «El cuerpo legislativo no puede juzgar y ser juez en una causa donde ni siquiera todavía se habían formulado cargos». La defensa considera que el apartamiento «avasalló completamente la democracia» al tratarse de una funcionaria con mandato vigente surgido de las urnas.
La vía judicial: amparo ante el TSJ y la palabra de la Corte
En paralelo al pedido a la Legislatura, la defensa de Ruiz impulsa un amparo ante el TSJ de Neuquén. El planteo busca que el máximo tribunal provincial declare la inconstitucionalidad de la Ley 3490 y dicte una medida cautelar que permita a Ruiz retomar el ejercicio del cargo mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya señaló que primero debe pronunciarse el TSJ neuquino sobre la constitucionalidad de la norma antes de que el tema escale a instancia federal. En ese marco, los abogados solicitaron un «pronto despacho» del amparo para que el tribunal provincial avance con la causa sin más demoras.
La medida cautelar es el punto sensible. Si el TSJ la dicta, Ruiz podría volver a ejercer la vicegobernación durante todo el tiempo que demore la resolución de fondo —que puede ser meses—. Si la rechaza, queda como exvicegobernadora a la espera del fallo definitivo.
La causa de fondo: enriquecimiento ilícito y la camioneta
La defensa también se refirió a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Ruiz. Prokopiw señaló que en el expediente penal lo único solicitado han sido prórrogas procesales y aseguró que su clienta «tiene totalmente la prueba de que es inocente».
Sobre la compra de un vehículo que fue señalada como indicio durante la investigación, la abogada aclaró: «La señora Gloria Ruiz todavía sigue pagando su camioneta», descartando que se trate de un bien incompatible con sus ingresos declarados. Es uno de los puntos sensibles del expediente original: la compra del vehículo había sido tomada como elemento de prueba sobre el patrimonio de la dirigente durante su mandato.
El conflicto en Plottier: el adicional del 25%
Otro frente abierto que la defensa abordó es la polémica reciente por una bonificación salarial del 25% que Ruiz percibe en la Municipalidad de Plottier, donde se desempeña tras su apartamiento. La defensa negó que se trate de un aumento excepcional. Afirmó que corresponde a «un adicional del 25% previsto en una ordenanza vigente» para trabajadores municipales.
«Es una bonificación que ya cobran los estatales en Plottier», explicó Prokopiw, y aclaró que Ruiz había reclamado ese reconocimiento meses antes de la controversia pública. Es decir: según la defensa, no fue un beneficio específico otorgado a Ruiz sino la aplicación de una norma general que ya rige para otros empleados municipales y que se demoró en regularizar en su caso.
La controversia sobre la bonificación estalló en los últimos días en el contexto de la situación de la Municipalidad de Plottier, que atraviesa una etapa de transición tras la renuncia del exintendente Luis Bertolini el 30 de abril. La defensa de Ruiz también confirmó que envió una carta documento a una concejal de Plottier por presuntas injurias vinculadas al caso.
Lo que viene en las próximas semanas
Tres escenarios institucionales se abren simultáneamente:
En la Legislatura provincial, el pedido de derogación de la Ley 3490 queda bajo análisis. La norma fue aprobada en su momento con mayoría amplia, lo que hace difícil pensar en una derogación rápida — pero el ingreso formal del expediente obliga a las comisiones competentes a tratar la cuestión y dejar constancia de las posiciones.
En el TSJ de Neuquén, el amparo y el pedido de pronto despacho ponen presión institucional para que el tribunal se pronuncie. La medida cautelar es la decisión inmediata más relevante: si se dicta, Ruiz vuelve al cargo; si no, la situación se mantiene como hasta ahora.
En la causa penal por enriquecimiento ilícito, el expediente continúa con prórrogas mientras la defensa anuncia que tiene prueba completa de la inocencia de Ruiz. El avance procesal de esa investigación va a determinar el horizonte real de la dirigente más allá del corto plazo.
Para el ecosistema político neuquino, la presentación de esta semana reabre una discusión institucional que parecía cerrada con la sanción de la Ley 3490. La pregunta de fondo —si la Legislatura puede destituir a un funcionario electo sin condena penal firme— vuelve al centro del debate público y va a tener resolución, en algún momento, en los tribunales.
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