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En las 17 hectáreas del predio de Comarsa nadie sabe cuánto residuo petrolero queda enterrado. Tampoco hay estudios sobre el agua. Con esas preguntas abiertas, la causa Comarsa llega a juicio oral después de seis años de investigación. El dueño de la empresa y dos exgerentes están procesados por contaminación peligrosa para la salud. El basurero creció al ritmo de Vaca Muerta y ahora su historia se va a discutir frente a un tribunal, con más de 100 testigos convocados.
Jueces técnicos y una acusación más corta
La fiscalía quería un jurado popular y sumar una acusación por fraude, pero el juez resolvió otra cosa: el caso lo juzgará un tribunal de jueces profesionales. «Soy un convencido de que este tipo de casos tiene que ser juzgado por un jurado popular», dijo el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid en una entrevista, aunque aceptó que también había argumentos para no habilitar esa instancia.
Según explicó, el juez entendió que el accionista principal de una empresa no puede defraudarse a sí mismo. Otros delitos, como la presentación de balances falsos, ya estaban prescriptos cuando la denuncia llegó en 2022. El fiscal lo relativizó: «El tribunal colegiado no es lo que quería, pero se llega a juicio, que es lo más importante». También contó que la fiscalía se opuso a citar como testigos a exgobernadores y expresidentes de YPF, porque no quiere convertir el debate en un circo sino probar los delitos con hechos.
«No es lo mismo retirar que remediar»
El retiro de residuos avanza y el Estado controla cómo se hace, algo que la propia fiscalía fue chequeando. Pero para Breide Obeid ese movimiento no alcanza: «No es lo mismo retirar que remediar». Solo en superficie había 305.000 metros cúbicos de contaminación. La empresa informa sus avances en toneladas y no en metros cúbicos, según el fiscal, porque esa medida impacta menos frente a lo que se obligó a retirar por bimestre. Por eso la fiscalía le pedirá el dato en metros cúbicos a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia.
La causa Comarsa sumó además un capítulo inesperado hace dos semanas. Las defensas habían presentado fotografías del predio, y una de ellas, tomada con dron, tenía modificaciones hechas con inteligencia artificial, según detectó la fiscalía al pasarla por sus programas. Ese hallazgo motivó un nuevo sobrevuelo, que mostró lo contrario de la imagen adulterada: «Sigue habiendo residuos dentro de Comarsa ahora», señaló el fiscal.
Los lotes vecinos y el agua, las incógnitas abiertas
Alrededor del predio están por entregarse 403 lotes con servicios. Una cooperativa había pedido pasar cañerías por debajo del terreno, pero el fiscal le respondió que no es viable. El motivo es simple: el propio dueño admitió en las audiencias que no sabe cuánto material hay enterrado. Excavar ahí es un riesgo para el predio y también para las familias que van a vivir en la zona. El agua es otra incógnita, porque «no hay ningún estudio hecho al respecto», según reconoció Breide Obeid.
La última palabra procesal la tiene el Tribunal Superior de Justicia, que fijó el 5 de noviembre como fecha límite para la definición final. Después de esa instancia, la causa Comarsa va a medir algo más que la responsabilidad de tres imputados. Va a mostrar si el crecimiento de la industria puede convivir con el control ambiental que exige un predio rodeado de futuros vecinos, con residuos a la vista y un subsuelo del que todavía no se sabe nada.
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