La comisión de Educación de la Legislatura del Neuquén aprobó por unanimidad este jueves el despacho del proyecto que autoriza la instalación de cámaras en las escuelas provinciales. La iniciativa es del oficialismo provincial y la lleva la diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN, interbloque La Neuquinidad). Tiene aval del Consejo Provincial de Educación, de la ministra de Educación Soledad Martínez y plantea un esquema progresivo de implementación que arrancaría por las escuelas de nivel medio.
«Busca garantizar la seguridad de los estudiantes, cuerpo docente y no docente e instalaciones de cada establecimiento educativo», definió la presidenta de la comisión al fundamentar el voto. La normativa también pone límites explícitos: las cámaras no se pueden instalar en sanitarios ni en ningún espacio que afecte directamente la intimidad de las personas. La doctrina de privacidad funciona como anclaje del proyecto y le da una capa de equilibrio frente al planteo puramente de seguridad.
El despacho unánime y el cronograma legislativo
La aprobación unánime en la comisión es una señal política fuerte. Los bloques opositores no votaron en contra y el oficialismo no necesitó negociar concesiones para sacar el despacho. Eso adelanta un tránsito relativamente rápido del proyecto por el resto del trámite: tratamiento en comisiones complementarias —probablemente Asuntos Constitucionales y Hacienda, por el componente presupuestario— y luego votación en el recinto en las próximas sesiones ordinarias.
El cronograma realista para sanción se ubica entre la segunda quincena de junio y mediados de julio. Si la norma se promulga en ese plazo, el inicio del ciclo lectivo 2027 podría encontrar a una primera tanda de escuelas de nivel medio neuquinas con el sistema ya en operación. La elección del nivel medio como punto de arranque tiene lógica operativa: son los establecimientos donde más se concentran los hechos de violencia y conflictividad que motivan la herramienta, y donde el costo unitario de la instalación se distribuye sobre poblaciones estudiantiles más grandes.
Cómo se va a usar el sistema
El proyecto define con precisión el destino de las grabaciones. Las imágenes captadas quedan a resguardo del organismo que realiza el monitoreo —que se definirá vía decreto reglamentario una vez sancionada la ley— y solo se ponen a disposición de la Justicia cuando exista pedido formal. No se prevé un acceso público a las grabaciones ni un uso de las imágenes para fines administrativos por fuera de la finalidad de seguridad declarada.
La ministra de Educación Soledad Martínez respaldó el esquema y se pronunció explícitamente por el arranque progresivo. La doctrina coincide con la línea que la cartera viene aplicando en otros frentes: privilegio del diálogo institucional, escalonamiento de los cambios y participación del CPE como instancia técnica de validación. La misma ministra protagonizó la semana pasada el acuerdo con ATEN que levantó la amenaza de paro docente tras seis horas de reunión.
Los límites: dónde no se filma
El punto más sensible del proyecto es lo que prohíbe. La normativa establece en su articulado que las cámaras en las escuelas no se pueden colocar en sanitarios ni en ningún espacio «que afecte de manera directa la intimidad de las personas». La lectura técnica incluye vestuarios, gabinetes de salud escolar, oficinas de orientación educativa y cualquier área de uso reservado por personal docente o estudiantes.
El criterio responde a estándares internacionales de videovigilancia en entornos educativos. La Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación argentina de protección de datos personales fijan un marco de derechos que el proyecto neuquino busca respetar de entrada para evitar impugnaciones posteriores. La clave operativa será el decreto reglamentario que defina, en cada establecimiento, el mapa concreto de zonas filmables y zonas excluidas.
El cuadro institucional
La pieza se inscribe en la agenda legislativa densa que el Ejecutivo provincial viene articulando en simultáneo con varias iniciativas. La semana pasada se conformó la comisión interpoderes para sancionar el nuevo Código Procesal de Familia. Ya estaba en agenda el proyecto de Declaración Jurada patrimonial impulsado por el Interbloque Neuquén República y la sanción del Código Procesal Civil del año pasado, vigente desde agosto. El segundo semestre de 2026 concentra la cosecha legislativa del primer mandato de Figueroa.
Lo que cambia para la familia que tiene a sus hijos en escuela pública neuquina es directo. Una vez sancionada la ley y emitido el decreto reglamentario, las primeras cámaras en las escuelas empezarán a llegar a los establecimientos de nivel medio. El despliegue será gradual y el costo presupuestario, distribuido entre el Ejecutivo provincial y el CPE como organismo ejecutor. El detalle del proyecto, las versiones taquigráficas de la comisión y el cronograma de tratamiento se puede consultar en la Legislatura provincial.
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