La Legislatura de Neuquén dio el miércoles 20 de mayo un paso inusual en materia de control institucional. Con los votos de la oposición y de un sector amplio del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), aprobó la moción de preferencia para tratar un proyecto que reescribe la ley de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios. La iniciativa, presentada por el Interbloque Neuquén República, derogaría la ley 5 de 1958 —la norma vigente desde hace 68 años— y obligaría a publicar las declaraciones de los tres poderes del Estado.
El debate llegó al recinto empujado por un factor extra-provincial: el caso del jefe de Gabinete nacional Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que mantiene en pausa la entrega de su declaración. Varios legisladores hablaron en términos explícitos del «efecto Adorni» sobre la agenda neuquina.
Qué se votó y por qué importa
La votación no aprobó la ley. Lo que aprobó fue el pase con moción de preferencia a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, lo que obliga a los legisladores a abrir el debate formal en un plazo corto. Es el primer movimiento real sobre la norma desde 2024, cuando el oficialismo provincial frenó una discusión similar.
Apoyaron la moción Unión por la Patria, la izquierda, los integrantes del Interbloque Neuquén República y un amplio sector del MPN. Los bloques de Comunidad —el espacio del gobernador Rolando Figueroa— y sus aliados, incluido el PRO, se retiraron del recinto al momento de la votación. La decisión política dejó en evidencia que el oficialismo provincial no acompañó el avance, sin necesidad de pronunciarse formalmente.
La grieta que abrió el caso Adorni
El radical César Gass, una de las voces más activas a favor del proyecto, lo planteó en términos directos. «No podemos ser ajenos a lo que está sucediendo a nivel nacional donde un jefe de Gabinete nos tiene en vilo a toda la población por no presentar las declaraciones juradas», dijo en el recinto. Y sostuvo que la provincia necesita un sistema «que le dé posibilidades a todos de saber, que cuando uno deja la política, vuelve a ser un vecino que circula por la calle».
Desde Unión por la Patria, el exministro Darío Martínez sumó el ángulo opuesto pero con la misma conclusión: «Con la ley provincial Adorni nunca presentaría su declaración, porque se hace de manera secreta». Insistió en que un funcionario que administra fondos públicos «debe transparentar su situación patrimonial al ingreso, durante y al egreso de la gestión».
El cruce más jugoso, sin embargo, vino del espectro libertario. La diputada Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir y aliada a La Libertad Avanza —el mismo signo político que Adorni—, no se refirió al jefe de Gabinete pero respaldó el proyecto. «Es necesario mostrar que estamos en la función pública para ser servidores públicos y no para servirnos de los neuquinos», dijo. Y agregó: «Queremos dar la discusión este año». El gesto político fue notable: una banca de LLA en la Legislatura impulsando una transparencia que la oposición vincula al titular de Gabinete nacional del mismo signo.
Qué cambia respecto de la ley 5 de 1958
La norma vigente es contemporánea de las primeras gestiones del MPN. Hoy, las declaraciones juradas de gobernadores, ministros, diputados, jueces y fiscales tienen tres características clave: solo se presentan al asumir un cargo (no permiten ver evolución patrimonial durante la gestión), tienen carácter secreto, y se entregan en sobre lacrado que solo puede abrirse por requerimiento judicial.
La única innovación reciente del Ejecutivo provincial fue publicar en el sitio web de la Escribanía General de Gobierno un listado con el nombre, apellido y fecha de presentación de los obligados —sin ningún dato adicional sobre el contenido patrimonial.
El proyecto del Interbloque cambia el esquema en seis puntos:
- Obligación periódica: declaración patrimonial integral dentro de los 30 días de asumido el cargo, actualización anual obligatoria, y una declaración final dentro de los 30 días de cesación.
- Alcance ampliado: además del gobernador, gabinete, legisladores, jueces y fiscales, suma al Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Banco Provincia de Neuquén SA, empresas y sociedades con participación estatal y al Consejo de la Magistratura.
- Contenido detallado: inmuebles dentro y fuera del país, derechos reales, automotores y naves, bienes suntuosos, dinero en cuentas, depósitos y monedas virtuales o digitales. El formato propuesto es equivalente al de las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales que se presentan ante ARCA.
- Anexo reservado: los datos personales y patrimoniales del cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados quedan en un anexo de acceso restringido.
- Publicidad activa: las declaraciones podrán ser consultadas en forma gratuita por toda persona interesada a través del sitio web de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación, con excepción de los anexos reservados.
- Registro centralizado: la Escribanía General de Gobierno conservará todas las declaraciones; la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno provincial.
Los nombres del MPN que se sumaron
El dato político con más densidad fue la grieta interna del MPN. Cinco diputados del bloque del partido provincial votaron junto a la oposición: Claudio Domínguez, Patricia Fernández, Ramón Fernández, Juan Sepúlveda y Gabriel Álamo. Los dos últimos son figuras centrales del proceso interno del partido que se vota en agosto. Álamo, presidente del bloque MPN en la Legislatura, fue además quien dio una entrevista exclusiva a Neuquén21 hace dos días sobre el cronograma de unidad partidaria.
Domínguez, por su parte, viene apareciendo como uno de los dirigentes que empuja la lista de unidad para las internas de agosto. Su voto a favor del proyecto de transparencia patrimonial es coherente con el perfil de renovación interna que viene proyectando.
Visto en perspectiva, la votación dejó tres alineamientos claros. Pro-publicidad patrimonial: UP, izquierda, Interbloque Neuquén República, sector MPN renovador y la banca de LLA-Cumplir. Neutro por ausencia: Comunidad y el PRO. Sin posicionamiento explícito: el resto del bloque MPN que no levantó la mano.
Próximos pasos
La moción de preferencia obliga a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia a iniciar el tratamiento en plazos cortos. El proyecto cuenta también con una iniciativa paralela presentada en marzo por Brenda Buchiniz, que podría fusionarse durante el debate en comisión. La idea de los impulsores es sacar un dictamen unificado y bajar al recinto antes del receso de invierno.
El desafío político no es menor. La ausencia de Comunidad en la votación de preferencia sugiere que el oficialismo provincial preferiría dilatar la discusión, como ocurrió en 2024. Pero el cuadro actual es distinto: la presión mediática nacional por el caso Adorni y la convergencia inédita entre opositores, MPN y LLA local hacen que el costo político de frenar el debate sea más alto que en intentos previos.
El próximo dato a seguir es la fecha en que la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia ponga el proyecto en agenda formal. Si efectivamente arranca el debate antes del cierre del primer semestre, Neuquén podría tener una nueva ley de declaraciones juradas antes de fin de año —y, con ello, el primer cambio sustantivo en su régimen de control patrimonial en casi siete décadas.
Suscribite al newsletter de Neuquén21
Las noticias más importantes de Neuquén y Vaca Muerta, cada semana en tu email.