El Gobierno de Neuquén, a través de la Fiscalía de Estado, presentó esta semana una denuncia penal contra quien se desempeñaba como directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero del Ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la administración y rendición de 21.307.500 pesos en fondos públicos. El expediente se abrió a partir de una auditoría interna que detectó inconsistencias en tres anticipos otorgados para gastos de funcionamiento y elevó las actuaciones a la Justicia provincial.
La presentación es la continuidad institucional de un proceso que arrancó la semana pasada, cuando el Ministerio de Salud anunció el apartamiento de la responsable del área de Recupero Financiero por irregularidades detectadas en auditoría. La denuncia formaliza la querella estatal: el Gobierno se constituyó como querellante y pidió a la Justicia que investigue el destino final de los fondos.
Los tres expedientes auditados
El primer expediente concentra la observación más alta. La auditoría detectó irregularidades sobre fondos por 7.837.500 pesos: faltaban autorizaciones jerárquicas correspondientes, no había justificación suficiente para utilizar el mecanismo excepcional de anticipo de fondos, las funciones de solicitud, intervención y pago se concentraron en una misma persona, y no se aportó documentación bancaria que permitiera comprobar los pagos a proveedores.
El segundo expediente, por 5.660.000 pesos, reitera el patrón. Según los auditores, la solicitud, intervención y autorización del pago habrían sido gestionadas por la propia funcionaria denunciada, sin los controles internos correspondientes. Aparecieron facturas con conceptos genéricos, ausencia de remitos, falta de constancias sobre servicios prestados y documentación insuficiente para verificar la efectiva utilización de los recursos.
El tercer expediente involucra 7.810.000 pesos. La auditoría señaló falta de autorización administrativa, inconsistencias en la justificación del gasto y ausencia de documentación que permitiera vincular los pagos realizados con necesidades concretas del área. La suma de los tres llega a los 21.307.500 pesos bajo investigación judicial.
La hipótesis ante la Justicia
De la denuncia surge que los fondos habrían quedado bajo disponibilidad de la funcionaria y que se habría intentado justificar su utilización mediante documentación cuya correspondencia con servicios efectivamente prestados no pudo ser comprobada durante la auditoría. La Justicia deberá determinar ahora si se trata de incumplimientos administrativos o si existió una maniobra deliberada de desvío de fondos públicos.
Frente a las observaciones técnicas, la Coordinación de Administración Financiera rechazó las rendiciones presentadas, declaró la responsabilidad administrativa correspondiente, remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas y dio intervención a las áreas legales para que avancen los procedimientos paralelos.
La línea de transparencia como diferencial político
El Gobierno provincial enmarcó la denuncia dentro de la prioridad declarada desde el inicio de la gestión: garantizar la transparencia en la administración del Estado, fortalecer los mecanismos de control y cuidar cada recurso público. La decisión de la Fiscalía de Estado de constituirse como querellante envía una señal política precisa: la auditoría no se cierra como sanción administrativa interna, sino que se judicializa.
El caso del área de Recupero Financiero se suma a otros movimientos recientes de la gestión Figueroa en materia de control interno. La detección temprana, el apartamiento de la funcionaria responsable y la denuncia penal en menos de dos semanas marcan un ritmo institucional que el Ejecutivo busca instalar como sello de gestión.
Qué sigue
Con el expediente ya en la Justicia, el siguiente paso operativo es la indagatoria a la ex funcionaria denunciada y el peritaje sobre la documentación que la Coordinación de Administración Financiera consideró insuficiente. En paralelo, el Tribunal de Cuentas continuará el procedimiento administrativo de responsabilidad sobre los 21,3 millones de pesos cuya rendición fue rechazada.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es fortalecer una administración ordenada, transparente y responsable, donde los recursos del Estado sean destinados exclusivamente a mejorar los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía. El caso del Recupero Financiero queda ahora bajo seguimiento judicial y será uno de los expedientes administrativos más observados de los próximos meses dentro de la órbita del Ministerio de Salud.
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