La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) emitió despacho, por mayoría, al presupuesto del Poder Judicial, que asciende a 102 mil millones de pesos para el próximo año. En la reunión de esta tarde, el cuerpo que preside la diputada Liliana Murisi (MPN) hizo lo propio con las reformas fiscal e impositiva. Según informó la legisladora, en el próximo encuentro se pondrían a consideración los presupuestos de los Poderes Ejecutivo –de 2.06 billones de pesos- y Legislativo – 20 mil millones- con vistas a ser tratados en el recinto en la última sesión de noviembre.
Tanto el presupuesto para el Poder Judicial como la reforma fiscal fueron aprobados por mayoría, con nueve votos favorables aportados por los bloques del MPN, FdT, JC, MAV, Juntos y Siempre; mientras que la reforma impositiva fue aprobada por unanimidad. La diputada Blanca López (FIT) votó en contra de los dos primeros y se ausentó al momento de la votación de esta última.
Al referirse al Código Fiscal y al régimen impositivo que entrarán en vigencia a partir del 1° de enero del 2024, Murisi recordó que no contemplan “cambios significativos” sino principalmente de adecuación de alícuotas a los niveles de inflación, según informaron en el seno de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) las autoridades de la Dirección Provincial de Rentas la semana pasada.
Además, el pleno trató hoy también los presupuestos ejecutivo y legislativo para el año entrante, los que serán retomados en la próxima reunión a fin de ponerlos a consideración. En relación con el presupuesto de la administración central, Murisi mencionó “dos cambios” sobre los que se avanzó. Uno de ellos se refiere a la posibilidad de incorporar algunas obras requeridas por el arco opositor sobre las que se está evaluando “que sean montos manejables para la próxima administración”, dijo Murisi.
El otro cambio en el texto al que refirió la diputada es la incorporación de una “trasferencia figurativa” del orden de 216 millones de pesos para el Comité contra la tortura, creado por ley 3213 que funcionará en la órbita del Poder Legislativo. La misma salvedad hizo Murisi al referirse al presupuesto legislativo y señalar la incorporación de un articulado “adicional” para aprobar tales transferencias devenidas el Ejecutivo, orientadas a garantizar “el normal funcionamiento” del órgano de control y recepción de denuncias por malos tratos en unidades de detención.
Integrantes del Comité contra la tortura presenciaron el debate de la comisión.
En otro orden, el pleno emitió despacho al proyecto que incorpora el domicilio del trabajador demandante en el fuero judicial para causas laborales y lo incluye a las alternativas vigentes que contemplan la intervención del juez con competencia en el lugar de la prestación laboral; de celebración del contrato y del domicilio del demandando.
Finalmente, los diputados y las diputadas aprobaron los expedientes con reserva presupuestaria que constituyen tramitaciones judiciales que requieren de partidas en el próximo ejercicio financiero.
Estuvieron presentes Liliana Murisi, Mariano Mansilla, Lorena Abdala, Maximiliano Caparroz, Darío Peralta, Leticia Esteves, Raúl Muñoz, Carina Riccomini, Andrés Peressini y Blanca López.
