Los senadores nacionales verán sus dietas superar los 11 millones de pesos a partir de marzo, debido a un sistema de actualización automática vinculado a los aumentos salariales de los trabajadores del Poder Legislativo. La medida, que implica un aumento acumulado del 12,5% entre diciembre y mayo, genera polémica en un contexto de ajuste económico general.

A partir de marzo, los senadores de la Nación percibirán una dieta superior a los 11 millones de pesos. Este incremento se produce debido a que sus ingresos están acoplados a los aumentos acordados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

Este miércoles, los gremios Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN, junto a las autoridades del Congreso, pactaron un aumento salarial progresivo que, acumulado, ascenderá al 12,5 por ciento entre diciembre y mayo.

Según detallaron fuentes legislativas, el acuerdo incluye un aumento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero y 2,2% en febrero, lo que suma un 6,85% acumulado. A este porcentaje se le añadirán un 2% en marzo, un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo, completando así el 12,5% de aumento acumulado.

La polémica surge ante la magnitud de las nuevas dietas en un contexto de fuerte ajuste económico a nivel nacional, donde gran parte de la población enfrenta una compleja situación financiera. La confirmación de que los senadores verán sus ingresos superar ampliamente los diez millones de pesos genera debate sobre la sintonía entre la clase política y la realidad económica del país.

Legisladores de Unión por la Patria han presentado dos pedidos de informe clave, uno a Nación y otro a la provincia, para conocer los planes de reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y el destino de los aprovechamientos hidroeléctricos de la región del Comahue. La iniciativa surge ante la «gravemente irregular» situación de ENSI, que opera sin contrato y con una deuda millonaria, y la preocupación por la reprivatización de las represas sin garantías de compensación a las provincias.

Diputados del bloque Unión por la Patria han presentado formalmente un pedido de informe que pone bajo la lupa la situación de dos activos estratégicos para Neuquén: la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y los aprovechamientos hidroeléctricos de la región del Comahue. La iniciativa se divide en dos proyectos, uno dirigido al Gobierno Nacional y otro a la provincia, buscando conocer los planes de acción del Ejecutivo Nacional y las gestiones provinciales en la materia.

Preocupación por la PIAP y ENSI

A nivel nacional, la consulta se dirige a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la Secretaría de Energía de la Nación. Los diputados buscan información sobre:

• Las medidas adoptadas para garantizar la integridad de los activos de la PIAP.
• La política para su reactivación.
• El destino de los 123 trabajadores que se desempeñan a través de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI).
• Un posible plan de saneamiento financiero de ENSI.
• Si Nación continuará como accionista de ENSI y, en caso negativo, si se cederá su participación accionaria a la provincia.
• El origen de los fondos para el pago de indemnizaciones al personal, en caso de finalizar el contrato.
• La situación contractual de ENSI con la CNEA y, si se llama a licitación para la operación y venta de agua pesada, cuándo estará disponible el pliego y cómo se garantizará la conservación de los activos hasta entonces.

Futuro incierto de las represas hidroeléctricas

La consulta también recae sobre el funcionamiento del sistema de represas y aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos Neuquén y Limay. En este aspecto, se solicita información sobre:

• Las previsiones adoptadas en relación a la crecida máxima probable del río Neuquén y los planes de contingencia para atenuar caudales.
• Detalles de los planes frente al vencimiento de las concesiones hidroeléctricas y la operación y mantenimiento futuro de las centrales.
• Qué precio o especie se prevén para la región como fuente de generación de energía eléctrica.
• Qué planes se contemplan para el pago de regalías por la ocupación de suelo de los embalses y canon por la utilización del recurso agua, en favor de Neuquén y Río Negro.

Las gestiones provinciales bajo la lupa

A nivel provincial, los diputados interrogan sobre las acciones del gobierno (en su carácter de socio de ENSI) para evitar que el incumplimiento de la CNEA afecte la integridad de los activos de la PIAP y su estabilidad financiera. También preguntan por las gestiones para exigir el cumplimiento del contrato de conservación y mantenimiento y la regularización de la deuda acumulada con ENSI, que supera los 3.800 millones de pesos. Se busca saber si los directores designados por la provincia han intimado formalmente a la CNEA por la deuda y han exigido la continuidad contractual.

Finalmente, los legisladores quieren saber si la provincia está dispuesta a asumir la totalidad del paquete accionario de ENSI en caso de que la CNEA decida ceder su participación, y qué planes tiene para la empresa en ese escenario, incluyendo cómo se prevé garantizar la continuidad laboral de los trabajadores de la PIAP si la CNEA no renueva el contrato de conservación.

Los fundamentos de los pedidos de informe mencionan que recogen las preocupaciones planteadas por el Foro en Defensa de la Planta de Agua Pesada y el Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas. Califican de “gravemente irregular” el escenario, tanto por la operación de ENSI sin contrato desde el año pasado, como por la elevada deuda acumulada. En cuanto a las represas, sostienen que las concesiones de operación y mantenimiento comenzaron a vencer en 2023 y que, mediante decreto nacional, se previó su reprivatización sin contemplar adecuadamente las obras necesarias, los mecanismos de participación ciudadana exigidos por ley, ni las compensaciones justas a las provincias por la utilización de sus recursos hídricos y la ocupación de su territorio.

Los proyectos de comunicación (18180) y de resolución (18181) fueron firmados por los diputados Darío Martínez, Darío Peralta, Cecilia Papa, Brenda Buchiniz y Lorena Parrilli.

En el debate público sobre la economía y el rol del sector privado, emerge con frecuencia una figura que distorsiona la competencia y compromete el desarrollo: el «empresario prebendario». Este término, lejos de ser un mero calificativo, describe una práctica nociva que, a menudo, se confunde con el genuino espíritu emprendedor, pero que en realidad opera bajo lógicas completamente distintas.

Un empresario prebendario no es aquel que innova, compite y crece en el mercado por mérito propio, ofreciendo mejores productos o servicios a precios competitivos. Su éxito no se funda en la eficiencia o la demanda de los consumidores, sino en su cercanía al poder político y en la obtención de beneficios, privilegios o «prebendas» otorgadas por el Estado. Estos favores pueden manifestarse de múltiples formas: subsidios directos o indirectos, regulaciones a medida que dificultan la entrada de nuevos competidores, licitaciones direccionadas, acceso preferencial a divisas o créditos, y monopolios u oligopolios protegidos por normativas.

La distinción es crucial. Mientras el verdadero empresario asume riesgos, busca eficiencias y contribuye al progreso colectivo a través de la competencia, el prebendario busca la seguridad y el lucro a expensas del erario público y de la sociedad. Su «negocio» principal es la administración de la influencia política para asegurar una renta garantizada, en lugar de la creación de valor genuino. Esta dinámica, lejos de fomentar un ecosistema empresarial dinámico, genera una serie de efectos perversos.

En primer lugar, socava la competencia. Al operar bajo reglas de juego distintas y ventajosas, los empresarios prebendarios desalientan la inversión y la innovación de quienes deben competir en igualdad de condiciones. Las barreras artificiales de entrada impiden el surgimiento de nuevas empresas y sofocan la creatividad, dejando al consumidor con menos opciones y precios más altos.

En segundo lugar, fomenta la corrupción. La búsqueda y concesión de prebendas crea un caldo de cultivo para la negociación bajo cuerda, el lobby ilegítimo y el tráfico de influencias, desviando recursos públicos que podrían destinarse a servicios esenciales o inversión productiva. La economía se vuelve una arena de puja por favores, en lugar de un motor de crecimiento basado en el mérito.

Finalmente, este tipo de empresariado perjudica la eficiencia económica y el bienestar social. Los recursos se asignan no por su productividad, sino por su capacidad de generar rentas privilegiadas. El resultado es una economía distorsionada, menos competitiva a nivel global, y con una concentración de riqueza en pocas manos, a menudo a costa de la mayoría. El crecimiento que se genera bajo este modelo es frágil y poco inclusivo.

Identificar y desmantelar las estructuras que permiten la existencia de empresarios prebendarios es una tarea fundamental para cualquier sociedad que aspire a un desarrollo sostenible y equitativo. Implica transparentar las regulaciones, fortalecer las instituciones, asegurar la igualdad ante la ley y fomentar una cultura de competencia y mérito. Solo así el sector privado podrá convertirse en el verdadero motor de la prosperidad, y no en un instrumento para el beneficio de unos pocos a expensas de todos.

Desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei, en una extensa entrevista televisiva previa a su gira, ratificó su confianza en la economía con «inflación cero» para agosto, elogió al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y arremetió con dureza contra el kirchnerismo y ciertos industriales. El mandatario proyectó un crecimiento del 8% si su gobierno continúa y anticipó su retiro de la política en 2031, descartando una reelección indefinida.

El presidente Javier Milei, previo a su viaje oficial a Estados Unidos, concedió una extensa entrevista televisiva en la que repasó su última intervención en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y delineó su visión para el futuro. El mandatario ratificó su confianza plena en el rumbo económico, asegurando que “la inflación va a empezar con cero en junio o agosto”.

En un tono combativo, Milei defendió su postura en el Congreso, donde se enfrentó al kirchnerismo, y reiteró su determinación. “No estoy dispuesto a que me lleven puesto, al kirchnerismo no le regalo un milímetro”, afirmó, diferenciándose del expresidente Mauricio Macri: “A Macri le reconozco haber sido el primero en ganarle al kirchnerismo, pero él tiene el manual de las formas a la perfección y se lo llevaron puesto”. En contraste, Milei sentenció: “Yo tengo un perfil más gladiador, ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto”. No dudó en arremeter contra sus opositores, a quienes calificó de «enemigos» y, en referencia al kirchnerismo, sentenció: “Es una chorra, fueron los más chorros de la historia”, y añadió: «Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar».

Justicia y futuros nombramientos

El Presidente destacó el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, elogiándolo por su “experiencia” y porque “conoce la dinámica del sector judicial”. Milei desmintió enfáticamente que Mahiques tenga vínculos con la AFA: “Es falso que va a salvar a (Claudio) Tapia y a (Pablo) Toviggino”, y agregó: “Si son culpables, que paguen”. Insistió en la necesidad de “resolver la cantidad de vacantes en la Justicia”, con el objetivo de “ganar mayor libertad en el Poder Judicial”, un proceso que Mahiques ya anunció que comenzará con la cobertura de más de 200 cargos vacantes.

Economía, crecimiento y reelección

En el plano económico, Milei mantuvo su optimismo. “Si yo tengo que pensar en una reelección, mi contrincante es la realidad, si logro bajar la inflación (la estamos bajando), si la economía crece (está creciendo) y si sacamos gente de la pobreza (sacamos 12 millones)”, expresó. Afirmó que este momento es consecuencia del “ataque que sufrimos el último año” y que, si su gobierno continuara, “la economía va a crecer a tasas del 8%”, con un “riesgo país proyectado al 2027 en 200 puntos”. El Presidente también se refirió al cierre de FATE y les habló a los trabajadores desempleados, prometiendo que la reacomodación económica generará nuevos trabajos. En relación con el dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, sugirió que “llamó antes (de cerrar) a gente de mi gobierno”, para luego afirmar: “Los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender”, defendiendo la apertura de importaciones.

Sobre su futuro político, Milei negó rotundamente buscar modificar la Constitución o promover la reelección indefinida: “Es falso que quiera modificar la Constitución. Tengo un respeto enorme por la institucionalidad”. Anticipó que “la reelección es algo que va a surgir” si hace “las cosas bien”, pero precisó: “Tampoco quiero reelección indefinida. En el 2031 me voy a vivir a un campo. En el 2031 no me ven más”.

Política exterior y la vuelta de Nahuel Gallo

El presidente ratificó su alineamiento con la posición de Estados Unidos y Donald Trump en términos geopolíticos contra Irán. “Irán se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares y las estaba desarrollando, poniendo en riesgo a todo el mundo”, afirmó. Agregó que ese país “se dedicaba a financiar terroristas como los que nos pusieron dos bombas en Argentina” (en referencia a los atentados a la embajada de Israel y la AMIA) y con los que la ex presidenta “Cristina (Kirchner) hizo un pacto”.

Finalmente, celebró el regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo al país, quien permaneció 442 días secuestrado en Venezuela. Milei destacó que “fue posible gracias a que Trump liberó a Venezuela de Maduro, como parte de la transición que generó se pudo lograr la liberación”, y recordó: “No hubo un solo foro en el que haya dejado de reclamar por la libertad de Nahuel Gallo”.