La política impositiva del gobierno de Javier Milei ha sido, sin duda, una de las reformas más visibles y disruptivas de su gestión: ambición por la reducción tributaria, velocidad en la implementación y un enfoque claramente pro mercado. Pero detrás del eslogan —“menos impuestos para crecer”— conviven aciertos tácticos, costos macroeconómicos y riesgos políticos que difícilmente puedan soslayarse si el objetivo es un crecimiento sostenido e inclusivo.

En lo positivo, las medidas ofrecieron alivio inmediato para actores económicos concretos. La eliminación del Impuesto PAÍS, la rebaja de retenciones al complejo agroexportador, la baja de impuestos internos en automotores y electrónicos, y los alivios para monotributistas redujeron costos sobre consumo, exportaciones y pequeños contribuyentes. Para sectores exportadores e importadores, y para consumidores que acceden a bienes importados, las decisiones fueron un estímulo claro: mayor competitividad y precios relativos más favorables.

Pero estas ganancias vinieron con costos fiscales reales: la recaudación consolidada mostró caídas importantes y la composición tributaria quedó más frágil ante choques. Reducir ingresos sin un ajuste compensatorio claro en el gasto público ni una reingeniería del Estado coloca al país ante dos caminos arriesgados: recortes drásticos en servicios públicos (impacto social inmediato) o financiamiento vía déficit, emisión o endeudamiento (que potencia inestabilidad cambiaria e inflación).

Además, la distribución de los beneficios fue heterogénea. Muchas rebajas favorecieron sectores con mayor capacidad de capturar renta —grandes exportadores, importadores y compradores de bienes de mayor valor— mientras que los más vulnerables obtuvieron alivios menores o indirectos. La baja de retenciones, por ejemplo, incrementa la renta agroexportadora sin garantizar su traducción automática en inversión productiva o empleo local.

La coherencia normativa y la previsibilidad también se vieron afectadas: medidas rápidas por decreto, cronogramas y cupos generan incertidumbre para empresarios y ciudadanos. La apertura impositiva y arancelaria, además, expone a la industria local a competencia intensa, lo que puede derivar en pérdida de empleo y desarticulación productiva si no hay políticas de acompañamiento.

Frente a este escenario, una estrategia responsable debería combinar tres ejes: (1) claridad fiscal —un plan creíble que muestre cómo se compensa la caída de ingresos—; (2) focalización redistributiva —mecanismos para que parte del alivio se canalice a inversión productiva y protección social—; y (3) predictibilidad normativa —reglas de transición y menor dependencia de decretos.

En síntesis, la agenda fiscal de Milei cambió el mapa tributario con rapidez y convicción ideológica. Los beneficios son reales y visibles; los riesgos también. El éxito no se medirá solo por la magnitud de las bajas, sino por la capacidad de sostener la estabilidad macro, evitar la concentración de renta y acompañar la transición productiva para que el alivio impositivo se convierta en motor de crecimiento sostenido y más equitativo.

Principales cambios fiscales (Nación, 2023–2026)

• Impuesto PAÍS — Eliminación tras subas y reducciones intermedias — Vigencia final dic/2024 — Reducción directa del costo de compras/operaciones en USD; menor recaudación por ese ítem.
• Derechos de exportación (soja, cereales, etc.) — Reducción de alícuotas — Decretos 2025 (p. ej. Dto.38/25) — Aumento de renta para productores/exportadores; impulso a liquidación de divisas; menor ingreso fiscal por retenciones.
• Monotributo — Aumento de topes y rebajas parciales en cuotas — Ley 27.743 (2024) y resoluciones AFIP — Menor expulsión por inflación; alivio para pequeños contribuyentes.
• Impuestos internos (autos, electrónicos) — Reducciones y eliminaciones en franjas — Decretos/resoluciones 2025 — Bajos precios relativos en esos rubros; presión sobre producción local.
• Aranceles importación (autos eléctricos) — Exención con cupos (0%) — Decreto 49/25 y convocatorias 2025 — Facilita importaciones de EV; competencia sobre industria local.
• ICL / IDC (combustibles) — Actualizaciones y subas de montos fijos — Decretos/DNU 2024–2026 — Aumentos en surtidor; mayor recaudación sectorial.
• Bienes Personales — Aumento del mínimo / ajustes — Ley 27.743 (2024) — Alivio para determinados patrimonios; efecto recaudatorio mixto.

De Venezuela a Vaca Muerta. La Neuquinidad diagrama su tercer año de gestión. Nuevos partidos políticos y la búsqueda de un lugar de cara al 2027.

El gigante del norte lo hizo de nuevo. El presidente republicano Donald Trump le recordó al mundo que el orden internacional no descansa sobre un entramado de instituciones formales o alguna máxima ética compartida. El discurso que el presidente norteamericano destila exhibe sin eufemismos la omnipresencia de la realpolitik en el siglo XXI. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias de la intervención militar estadounidense en Venezuela. Se trata de una apuesta político-militar que pone a prueba las complejas relaciones internacionales de un mundo que dejó atrás la unipolaridad y avanza hacia una competencia sin tregua entre las principales potencias. “El dato es que china no reaccionó militarmente” explican algunos analistas internacionales desempolvando un termómetro de la paz que el capitalismo liberal tenía -casi- en desuso desde el fin de la guerra fría.

Rastreando consecuencias inmediatas y mediatas para la región, la recuperación de producción petrolera en Venezuela, principal reserva del mundo, sugiere consecuencias para el mercado global y se especula con la caída general del precio del barril por aumento de la oferta. “Es muchísimo más barato que producir en Vaca Muerta” detalla el economista Roberto Rojas. Un dato que anotan los potenciales inversores y, sobre todo, el gobierno neuquino, cuya recaudación bruta depende en buena medida de las regalías por extracción de hidrocarburos. Si bien el presupuesto 2026 aprobado por la legislatura neuquina estipula el precio del barril con cautela (ubicó la proyección entre 60 y 65 USD), el nuevo contexto agrega incertidumbre sobre las variables exógenas que calibran la velocidad y el rumbo de Vaca Muerta.

Más acá de los vaivenes internacionales, el gobierno neuquino planifica un 2026 con la tranquilidad que proveen las cuentas ordenadas. El próximo primero de marzo, el gobernador Rolando Figueroa abrirá las sesiones ordinarias en la legislatura con el detalle del camino trazado. Un Estado provincial que por primera vez se toma en serio el cuidado de la ejecución presupuestaria. El recorte de los gastos innecesarios y la redistribución “hacia una provincia más justa”, permiten el inicio de año sin grandes conflictos a la vista y con una agenda cargada de inauguraciones. En materia de infraestructura escolar, el anuncio de inversiones por setenta mil millones de pesos atestigua la apuesta por dejar atrás las carencias de una provincia rica que todavía tiene escuelas-tráiler. Más de un billón de pesos destinados a obras de conectividad terrestre y servicios básicos en comunidades postergadas, retratan el norte de una gestión de gobierno que intentará sellar su identidad a través de las concreciones.

Durante los primeros días de enero, el gobernador Rolando Figueroa, desplegó una serie de reuniones con los miembros de su gabinete para delinear el detalle de lo que viene. El tercer año de gestión exige mucho más que expectativas. Cada uno de los ministerios absorbe la responsabilidad de mostrar resultados ante la opinión pública y el discurso oficial necesita incluir lo que se hizo más allá de las buenas intenciones. Una certificación de cantidad y calidad que cada ministro y los intendentes deberían pretender durante el año pre-electoral.

Mientras tanto, distintos sectores aseguran ese trámite tan engorroso como necesario para entrar en la discusión de futuros repartos de poder: formalizar un partido propio. A la aprobación del partido sindical de Carlos Quintriqueo, se sumaron las habilitaciones del armado de Mariano Gaido (“Primero Neuquén”), y del sector petrolero conducido por Marcelo Rucci, que se sube a la grilla con el sello “Fuerza Neuquina y Federal”. Todos los espacios políticos concluyen lo obvio, no se alcanza un acuerdo sin antes amenazar con romperlo. Para ello, cada cual se alista como un potencial peligro para el gran consenso 2027 que la coalición neuquina intentará sellar para mantener la “autonomía provincial” frente a los proyectos nacionales.

Dos datos se agregan a la nómina política neuquina. El Partido Justicialista y el Movimiento Popular Neuquino deben dirimir sus respectivas internas partidarias en los próximos meses. Dos incógnitas abiertas cuyos desenlaces terminarán de delinear el sistema de partidos provincial. ¿Quién conducirá el malherido PJ Neuquino? Y ¿Cómo intentará el MPN retornar al tablero que tantos años supo conducir? En ambos casos, la discusión está centrada en la relación que los dirigentes de esas estructuras establezcan con el nuevo epicentro de la política neuquina: La Neuquinidad.

En lo que a política se refiere, enero suele ser un mes subestimado por el conjunto de la ciudadanía. Poco parece ocurrir durante la distensión estival, aunque en rigor, buena parte de las decisiones importantes se toman justamente bajo ese «algo de tranquilidad» que ofrece el receso. De allí que algunos apuntes ayuden a evitar sorpresas cuando el 2026 comience a mostrar su ritmo.