La pulseada por el suelo patagónico dio un giro esta semana. El proyecto de reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional cambió su redacción. Ahora reconoce de forma explícita que «cada provincia conserva la potestad de establecer el régimen jurídico aplicable sobre las tierras ubicadas dentro de su territorio». Ese agregado desactiva la tensión que se había abierto con Neuquén por la avanzada para liberar la venta de tierras a extranjeros. La mira estaba puesta, sobre todo, en la zona del Lácar.
Qué cambió en el proyecto de reforma
El texto original había encendido alarmas en la Patagonia. La iniciativa apuntaba a flexibilizar el mercado de tierras rurales y a facilitar el ingreso de compradores extranjeros. Pero la nueva versión corre el eje del debate. Ya no se discute la apertura del mercado, sino la distribución de competencias entre Nación y provincias. El proyecto mantiene, además, prohibiciones estratégicas: los Estados extranjeros no pueden adquirir tierras rurales. Ese límite quedó a salvo de la discusión política que rodeó al resto del articulado.
En el Gobierno provincial leen el cambio como un triunfo de su posición. Fuentes oficiales señalaron que «la provincia conservará las facultades para establecer sus criterios, definir prioridades y ejercer los controles que considere necesarios dentro de su jurisdicción». La definición pesa en un territorio donde el interés por el suelo crece al ritmo de la expansión energética. Quién autoriza, quién controla y con qué criterios: eso es lo que estaba en juego.
El respaldo del artículo 124
Neuquén no llegó a esta discusión con las manos vacías. Su posición se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. También se respalda en la propia constitución provincial. Con esas dos herramientas, la provincia sostuvo ante el Estado nacional que el régimen del suelo neuquino se define en Neuquén. La nueva redacción del proyecto, en los hechos, convalida ese planteo.
El caso del Lácar explica por qué la provincia se plantó. Es una de las zonas más codiciadas del sur neuquino y aparecía como el destino natural de una eventual liberación de la compra por parte de extranjeros. Con el texto corregido, cualquier operación sobre ese suelo seguirá pasando por los controles que fije la administración provincial. El interés económico sobre la tierra no desaparece, pero cambia la ventanilla: la decisión queda en la jurisdicción local, no en una regla nacional uniforme.
Lo que viene en el debate
La reforma todavía tiene camino por recorrer. El texto deberá atravesar el debate legislativo y ahí pueden aparecer nuevas modificaciones, tanto en el capítulo de competencias como en las prohibiciones que hoy siguen en pie. Para Neuquén, el punto de partida es distinto al de hace unas semanas: la Ley de Tierras que se discuta ya no arranca de una avanzada sobre su territorio, sino de un reconocimiento explícito de sus potestades. El 6 de agosto comienza el tratamiento del proyecto en el Congreso y la letra chica que definirá cómo conviven el registro nacional y los controles provinciales. De ese equilibrio dependerá que el acuerdo alcanzado en los papeles se sostenga también en la práctica.
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