El Congreso retoma actividad el próximo lunes y el Gobierno acelera las negociaciones para intentar aprobar la Modernización Laboral, la iniciativa estrella de la agenda oficial durante las sesiones extraordinarias. Aunque la norma cuenta con dictamen de comisión en el Senado, el texto tal cual fue presentado no reúne los votos necesarios, por lo que se multiplican los contactos políticos en busca de apoyos.
En la mesa de negociación participan el ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con las fichas puestas en el Senado. El objetivo del oficialismo es conseguir la media sanción allí para luego llevar la ley a Diputados; “si pasa allá, pasa acá”, sostienen desde el entorno oficial.
El proyecto —que el Gobierno presenta como una vía para generar empleo registrado y terminar con la “industria del juicio”— suma resistencias internas. Gobernadores y referentes provinciales expresaron reparos, principalmente por el artículo 191, que reduce en 3 puntos las alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades en los tramos de mayor facturación. Ese cambio, advierten, impacta en recursos coparticipables y encendió la alarma entre mandatarios provinciales preocupados por la merma en sus arcas.
También generó controversia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a aliviar el costo del despido y que se financiaría con aportes que hoy nutren el SIPA, lo que implica una transferencia de recursos previsionales hacia subsidios al empleo privado. Varios gobernadores y dirigentes radicales con representación en el Senado exigieron garantías para no ver afectados fondos para obras y políticas provinciales.
Las negociaciones avanzan por múltiples vías: Santilli visitó gobernadores —con respaldo más tibio que explícito— mientras Bullrich y Menem operan por canales informales y mesas técnicas encabezadas por la asesora Josefina Tajes para ajustar el texto. El oficialismo asegura estar dispuesto a hacer concesiones que no desvirtúen el “espíritu” de la reforma, y apuesta a que los cambios se concreten en el Senado.
Entre los gobernadores hay posiciones diversas: algunos rechazan de plano el artículo 191; otros proponen morigerar la rebaja en dos o tres años; y otros aceptarían la medida si el Ejecutivo compensa la pérdida por otra vía. Esa pluralidad dejó abierta la puerta a múltiples posibles acuerdos, aunque el tiempo corre en contra del oficialismo.
La experiencia reciente en el Congreso —con la sanción del Presupuesto 2026 que dejó al gobierno con derrotas parciales por intentos de imposiciones— obliga a los libertarios a evitar confrontaciones que puedan replicar errores. Por eso, más allá de la presión por sancionar pronto, la estrategia oficial busca cerrar acuerdos puntuales en el Senado para asegurar la media sanción sin fracturas visibles.
Si los consensos no se alcanzan, el artículo 191 corre riesgo de quedar fuera o de ser modificado sustancialmente, y parte de la reforma podría perder impulso junto con tensiones políticas que afectarían la gobernabilidad en plena etapa legislativa decisiva.