El presidente español, Pedro Sánchez, anunció desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que se impondrá la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, junto con medidas para aumentar la responsabilidad de las plataformas y tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenido ilegal.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, adelantó este martes un paquete de medidas destinadas a regular con mayor rigor las redes sociales. Entre las iniciativas anunciadas figura la prohibición del acceso de menores de 16 años a plataformas como TikTok, Instagram y otras, y la adopción de mecanismos para aumentar la vigilancia y la responsabilidad legal de sus directivos.
Sánchez señaló que, además de limitar el acceso de adolescentes, el Gobierno trabajará en:
- Tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenido ilegal.
- Instaurar un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad para generar lo que definió como “una huella de odio y polarización”.
- Colaborar con la Fiscalía para evaluar vías de investigación sobre posibles infracciones legales de compañías tecnológicas, citando expresamente a Grok, TikTok e Instagram.
El mandatario español afirmó que las redes sociales se han convertido en “un estado fallido” donde, dijo, “se toleran delitos, prolifera la desinformación y numerosos usuarios sufren ataques de odio”. Según Sánchez, España se integró con otros cinco países europeos en la denominada Coalición de los Dispuestos Digitales para avanzar de forma coordinada en una regulación más rápida y efectiva.
Repercusiones y pasos siguientes Las medidas anunciadas requieren ahora desarrollo normativo y coordinación institucional: implicarán cambios legales, consultas con reguladores europeos y previsiblemente exigencias técnicas a las plataformas para aplicar controles de edad, transparencia algorítmica y herramientas de trazabilidad de contenidos. La propuesta de tipificar delitos vinculados a algoritmos y la eventual investigación de grandes plataformas plantean además debates sobre libertad de expresión, viabilidad técnica y competencias jurisdiccionales.
Organizaciones de derechos digitales, empresas tecnológicas y sectores del Ejecutivo y la Justicia serán actores claves en las próximas etapas, cuando el Ejecutivo concrete borradores normativos y defina plazos de implementación.