El Gobierno nacional presentó un pedido formal ante la jueza Loretta Preska para suspender el proceso de discovery y el pedido de desacato formulado por los demandantes en el litigio vinculado a YPF, informó la Procuración del Tesoro de la Nación.
En el escrito dirigido al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, el Estado sostuvo que “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano … mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”. El proceso de discovery permite a los beneficiarios del fallo solicitar información y rastrear posibles activos embargables para ejecutar la sentencia.
La Procuración destacó que, si bien Argentina cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal y realizó “un esfuerzo extraordinario” entregando un volumen de información “sin precedentes”, los demandantes habrían escalado reclamos hacia pedidos jurídicamente inaceptables, invasivos y costosos.
Entre las quejas del Estado figura la actuación de la firma Burford, que —según el escrito— escaló la presión mediante una moción de desacato y requirió información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central. La Procuración recordó que esas reservas son propiedad del Banco Central y están protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que su solicitud resulta, a su juicio, “manifiestamente improcedente”.
El documento advierte que el discovery promovido por los demandantes “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento” destinada a entorpecer el funcionamiento del Estado. Añade además que los demandantes habrían expresado su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina, conducta que el escrito calificó de “inaceptable jurídica y moralmente”.
Finalmente, la Procuración señaló que la República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos que, según su criterio, vulneran leyes nacionales, la Constitución y principios del derecho internacional.