La llegada de Harbour Energy a Vaca Muerta pasó casi sin ruido en 2024. Ahora, dos años después, un pedido de informes la pone bajo la lupa de la Legislatura. El diputado César Parra (PTS-FIT-U) presentó este martes 15 de septiembre un proyecto de resolución. Pide que el Ejecutivo provincial explique qué hizo cuando la petrolera británica se quedó con participaciones en Aguada Pichana Este y Aguada San Roque. La razón está en el pasado de la compañía: es la heredera de Premier Oil, sancionada por explorar sin permiso frente a Malvinas.
Qué le pide el diputado al gobierno de Figueroa
El proyecto apunta a tres cuestiones. Primero, quiere saber cómo se dio la compra de las participaciones en las dos áreas, que pertenecían a Wintershall Dea. Segundo, pregunta si la provincia pidió el apartamiento de Harbour del proyecto para exportar GNL de Southern Energy, la sociedad donde la firma es socia. Tercero, consulta si el Ejecutivo inició o prevé iniciar acciones judiciales contra la compañía. Esa última pregunta se apoya en la Ley nacional 26.659, que castiga la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización. Es decir, la norma pensada para las empresas que operan en las islas. Por ahora no hay una respuesta pública del gobierno provincial sobre el tema, según pudo reconstruirse en la agenda política de la provincia.
De Premier Oil a Harbour Energy: la historia societaria
Los fundamentos del proyecto reconstruyen el recorrido de la empresa. Premier Oil PLC exploró en la plataforma continental argentina y, por eso, el gobierno nacional la inhabilitó en 2013 para operar en el país durante 15 años. Esa sanción recién vence en 2028. En marzo de 2021 la compañía pasó a llamarse Harbour Energy PLC. Después, en septiembre de 2024, compró los activos de Wintershall Dea a nivel internacional. En ese paquete venían el 22,5% de Aguada Pichana Este y el 24,7% de Aguada San Roque. Son dos bloques de Vaca Muerta operados por TotalEnergies, con YPF y Pan American Energy como socias. Hay un matiz que conviene marcar: Harbour vendió en 2022 su parte del proyecto Sea Lion, así que hoy no tiene participación directa en Malvinas. Pero sigue siendo la misma sociedad que la firma sancionada, y ahí está el punto del planteo.
Milei, el RIGI y la pelea por Malvinas
El pedido no cae en el vacío. El 5 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció un decreto que reglamenta la ley de 2011 y endurece las sanciones. Alcanza a accionistas, directores y proveedores de las operadoras en Malvinas, con inhabilitaciones de hasta 20 años. Además, exige una declaración jurada para acceder al RIGI. Un día después, el diputado nacional Maximiliano Ferraro denunció ante el ministro Luis Caputo que Harbour había sido beneficiada con el RIGI a través de Southern Energy. Ese proyecto prevé dos buques de licuefacción frente a la costa de Río Negro y una inversión declarada de US$ 2.825 millones en diez años. Harbour tiene el 15% de la sociedad desde diciembre de 2024, junto a PAE, YPF, Pampa Energía y Golar LNG. Es decir, la discusión nacional sobre Malvinas ya llegó al negocio del GNL argentino.
Lo que viene en la Legislatura
El proyecto ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura de Neuquén y todavía no tiene fecha de tratamiento en comisión. Su recorrido dependerá de si el oficialismo y los bloques aliados le dan lugar, ya que los pedidos de informes de la izquierda suelen demorar. Mientras tanto, la pregunta de fondo queda abierta: qué posición toma Neuquén frente a una socia que Nación ya puso en la mira. Harbour Energy, por su lado, anunció que quiere crecer en la cuenca y sumar shale oil en San Roque. La respuesta del Ejecutivo, si llega, va a marcar cómo se para la provincia entre sus concesiones y la política nacional sobre Malvinas.