Un funcionario acusado de un delito en Neuquén hoy se sienta frente a un juez profesional. Si prospera la propuesta de la diputada Brenda Buchiniz, del bloque Cumplir, lo juzgarían doce vecinos sorteados del padrón. La legisladora presentó en la Legislatura provincial un proyecto para ampliar el juicio por jurados a los delitos cometidos por funcionarios públicos, o por cualquier ciudadano contra el Estado. La iniciativa ingresó el 3 de noviembre de 2026 y a mediados de mes la autora volvió a instalarla en la agenda pública. Para quien ocupa un cargo, además, el jurado sería obligatorio: no podría renunciar a él.
Qué cambia respecto del sistema actual
Hoy el Código Procesal Penal neuquino reserva el jurado para los casos más graves. Son los delitos contra las personas o contra la integridad sexual, o los que terminan en muerte o lesiones gravísimas, siempre que la Fiscalía pida más de 15 años de prisión. Por eso la corrupción queda afuera: el cohecho, el peculado o la malversación tienen penas menores y se juzgan ante jueces técnicos. El proyecto baja ese umbral a los delitos con pena máxima superior a tres años, cuando el acusado sea funcionario o el hecho vaya contra el Estado. También modifica dos artículos del código y suma uno nuevo que regula la renuncia al jurado.

La integración del tribunal no cambia. Seguirían siendo 12 jurados titulares y cuatro suplentes, dirigidos por un juez profesional que dicta la sentencia según el veredicto de culpabilidad o inocencia. Los delitos de acción privada, es decir, los que solo puede impulsar la propia víctima, quedan excluidos. Para los acusados que no sean funcionarios, en cambio, el proyecto deja abierta la puerta a un juicio ordinario o a un procedimiento abreviado. Esa decisión tendría que ser expresa, libre e informada, y ratificada en persona ante un juez.
“Un cargo público no puede convertirse en una ventaja”
El argumento central de Buchiniz es la cercanía entre quienes ejercen el poder. “Quien ejerce el poder y está acusado de cometer un delito no debería ser juzgado por otro funcionario público con quien puede tener un lazo de amistad o agradecimiento”, sostuvo. La diputada aclaró que no propone condenas anticipadas, sino “reglas claras y un mayor control ciudadano”. Según los fundamentos, permitir que el imputado se sustraiga del jurado renunciando a él desnaturalizaría el instituto. El proyecto lleva la adhesión de María Cecilia Papa y Mónica Guanque, de Democracia Neuquén.
Buchiniz es la única integrante del bloque Cumplir, el espacio que llevó a Carlos Eguía como candidato a gobernador en 2023. Desde entonces insistió con la agenda de transparencia. En enero de 2025 cuestionó el decreto provincial sobre declaraciones juradas y presentó un proyecto para hacerlas públicas, que no llegó a tratarse. Ahora apuesta a una herramienta con más consenso social. Pero la suerte del texto depende de las comisiones, donde el oficialismo de Rolando Figueroa controla el ritmo del debate, como se sigue en la cobertura política de la provincia.
Una idea que ya circulaba en Tribunales
La ampliación del juicio por jurados no es una bandera exclusiva de la oposición. En abril de 2024 el fiscal general José Gerez anunció que el Ministerio Público Fiscal preparaba un proyecto propio con tres escalones según la gravedad de la pena. Incluía de manera expresa los casos de corrupción y los abusos de fuerzas de seguridad. Un año y medio después, el juez del Tribunal de Impugnación Richard Trincheri publicó un libro donde propone el mismo umbral de tres años. Ninguna de esas propuestas se convirtió en ley. El texto de Buchiniz coincide con ambas en el piso de pena, aunque recorta el alcance a los hechos que involucran al Estado.
El dato que ordena el debate es la capacidad del sistema. Según el Poder Judicial de Neuquén, entre 2014 y junio de 2026 la provincia hizo 100 juicios por jurados con 142 acusados. El 88% terminó en veredicto de culpabilidad. Pero el ritmo cayó: hubo 11 juicios en 2023, nueve en 2024 y solo tres en 2025. Sumar las causas de corrupción exigiría más salas, más jornadas de debate y más ciudadanos sorteados. Lo que viene ahora es el paso por comisiones. Si el proyecto avanza, los funcionarios neuquinos quedarían obligados a rendir cuentas ante un juicio por jurados sin posibilidad de evitarlo, un cambio que también alcanza a la agenda de seguridad y justicia de la provincia.