Uno de cada tres inscriptos en Emplea Neuquén consiguió un empleo formal. Ese fue el dato que el Gobierno provincial celebró en junio. Ahora la Legislatura pone la lupa sobre la otra cara del número: 4.753 personas de las 11.792 que accedieron a un trabajo ya no mantienen la relación laboral. El diputado César Parra, del Frente de Izquierda y Unidad, presentó un pedido de informes al Ministerio de Trabajo para conocer las causas. El proyecto ingresó por Mesa de Entradas el martes 8 de septiembre. Hasta este martes 15 de septiembre no había respuesta pública del ministerio.
Qué pregunta el pedido de informes
El proyecto parte de una brecha que el propio Gobierno hizo pública. Según el balance oficial de junio, 11.792 personas capacitadas en el programa accedieron a un empleo formal entre mayo de 2024 y junio de 2026. De ese total, 7.039 siguen activas en el mercado laboral, aunque puedan haber cambiado de empleador. La diferencia son las 4.753 que hoy no tienen relación laboral vigente. Parra quiere saber por qué. El pedido apunta a los motivos de la «falta de sostenibilidad» de esos empleos. También pregunta si los indicadores de rotación afectaron la continuidad en determinadas ramas de la industria.
La iniciativa consulta además sobre el tipo de contratación que usan las empresas. Una de las hipótesis del legislador es que algunos rubros muestran más volatilidad porque son servicios ligados a plataformas digitales. En los fundamentos, Parra sostiene que existe una brecha marcada entre quienes accedieron a un empleo y quienes permanecen activos en él. Por eso pide saber si la modalidad de contratación «atenta contra la creación de empleo genuino y de calidad» en la provincia. El mismo día, el diputado presentó otro pedido de informes sobre accidentes laborales en la industria hidrocarburífera, según informó la Legislatura.
Los números que el Gobierno mostró en junio
El balance oficial se basa en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De 32.415 personas con legajo completo, 11.792 consiguieron trabajo formal: «una de cada tres», según la lectura del Ejecutivo publicada en el portal oficial de la provincia. Además, 3.907 conservan el mismo empleo desde su incorporación. Es decir, 7.885 ya no están en el puesto original, aunque más de la mitad de ellas sigue trabajando en otro lado. El Gobierno no informó cuánto duraron esas relaciones laborales ni si terminaron en despidos. Ese es justamente el vacío que el proyecto intenta llenar.
El pedido llega en un momento particular del programa. En agosto, el gobernador Rolando Figueroa reglamentó la Ley 3499, que le dio rango legal a Emplea Neuquén y creó créditos fiscales para las empresas que contraten neuquinos inscriptos. El beneficio equivale a un salario mínimo por cada contratación de jornada completa. Se aplica a Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante hasta 12 meses, con bonificaciones extra por contratar jóvenes, mujeres o personas con discapacidad. Según lo publicado, la norma premia la contratación pero no exige un plazo mínimo de permanencia. Ahí se cruza con la pregunta de Parra: qué pasa con el empleo cuando termina el incentivo. Es un debate que ya asoma en la agenda política provincial.
Qué se sabe y qué falta saber
El Gobierno defiende el programa con otros indicadores. Hay 646 capacitaciones para más de 25.000 personas, más de 1.000 empresas en la plataforma y 6.144 vacantes publicadas. Comercio, construcción, petróleo, industria y salud concentran las contrataciones, en línea con el crecimiento del empleo privado registrado que la provincia reivindica. Sin embargo, ninguno de esos datos explica qué pasó con las 4.753 personas que quedaron afuera. Mientras tanto, el proyecto sigue su trámite en la Legislatura sin respuesta del ministerio que conduce Lucas Castelli. Si el informe llega, va a mostrar por primera vez cuánto duraron esos contratos, en qué rubros y bajo qué modalidad. Para Emplea Neuquén, ese dato va a definir si el programa genera empleo estable o solo primeras oportunidades. Y para el mercado laboral neuquino, es la diferencia entre una estadística y una política que funciona.