Las cámaras que hoy filman la vereda desde un comercio o una casa podrían verse en tiempo real desde las pantallas de la Policía. Esa es la idea central de un proyecto de ley que ingresó esta semana en la Legislatura de Neuquén: autorizar al Ejecutivo provincial a firmar convenios para sumar cámaras privadas al sistema de videoseguridad y monitoreo policial. El autor es el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), que ya había impulsado una iniciativa similar en 2024.
La propuesta apunta a los equipos instalados por particulares en viviendas, comercios e industrias que registran imágenes del espacio público, o de espacios privados de acceso público. Según el texto, el Ministerio de Seguridad sería la autoridad de aplicación. Tendría a su cargo la firma de los acuerdos y también la custodia, la utilización y la eventual destrucción de las imágenes y los datos obtenidos.
Por qué el Estado quiere sumar cámaras privadas
En los fundamentos, Bermúdez recuerda que la provincia ya invirtió en cámaras y centrales de monitoreo. Su plan busca complementar esa infraestructura con equipos que ya existen y que hoy filman la calle por cuenta de sus dueños. Así, sostiene, el sistema ampliaría su cobertura sin que el Estado deba instalar la totalidad de los equipos. El diputado también menciona un antecedente concreto: registros de cámaras particulares que sirvieron para identificar a responsables de delitos. El acceso policial en tiempo real a esas cámaras privadas, plantea, facilitaría una intervención inmediata ante hechos de ese tipo.
Privacidad, custodia y sanciones
El proyecto fija límites explícitos. La incorporación de dispositivos deberá respetar el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, la libertad, la propia imagen y la identidad. Cualquier persona que se considere afectada podrá recurrir a la Justicia para pedir el acceso a las grabaciones o su cancelación. Además, quienes manejen imágenes, sonidos o datos quedarán obligados a mantener la confidencialidad, incluso después de dejar el organismo. El incumplimiento será considerado una falta grave, con sanciones disciplinarias y las responsabilidades que fija la normativa de protección de datos personales y la legislación penal.
Un debate que vuelve a la Legislatura
No es la primera vez que el tema llega al recinto. Bermúdez presentó un proyecto casi idéntico en febrero de 2024, que no llegó a tratarse. Antes, en 2023, un proyecto del Ejecutivo para regular las videocámaras de seguridad pública —incluía reconocimiento facial y lectura de patentes— quedó frenado en comisión por objeciones vinculadas a la privacidad y a la custodia de las grabaciones. La nueva iniciativa intenta responder a esos reparos con las cláusulas de confidencialidad y la vía judicial para reclamar. El trámite parlamentario, que arranca ahora en la Legislatura del Neuquén, mostrará si esas garantías alcanzan para destrabar la discusión política.
El contexto ayuda a entender la apuesta. En octubre de 2025 la provincia anunció 1.350 nuevas cámaras para Neuquén capital, Plottier, Senillosa y Vista Alegre, presentadas por el ministro de Seguridad Matías Nicolini como parte de un plan de modernización tecnológica. Durante 2025 hubo además entregas de equipos a Cutral Co, Andacollo y Chos Malal, dentro de la agenda de seguridad ciudadana provincial. Sobre esa red estatal, las cámaras privadas funcionarían como una capa extra de cobertura. La pregunta que ordenará el debate en comisiones es la misma de 2023: cuántos ojos más sobre la calle, y con qué controles sobre quién mira.
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