La Cámara alta aprobó el nuevo régimen penal juvenil, reemplazando la normativa de 1980. La ley establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, redefine el sistema de sanciones con un máximo de 15 años de prisión, garantiza derechos procesales específicos para menores y prevé una millonaria asignación presupuestaria para su implementación.
El Senado de la Nación Argentina ha sancionado la reforma de la Ley Penal Juvenil, marcando un hito en el sistema judicial del país. Esta nueva normativa, que reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980, tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Además, redefine el sistema de sanciones, fija un máximo de 15 años de prisión y establece garantías procesales específicas para menores.
El texto de la ley asegura que, desde el inicio y hasta la finalización del proceso penal, el adolescente contará con todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Se destaca la obligatoriedad de la asistencia legal eficaz e idónea desde el primer momento, reforzando así el derecho a la defensa técnica.
Uno de los puntos clave de la reforma es la disposición de que la detención de menores deberá cumplirse en establecimientos acondicionados especialmente para ellos, prohibiendo de forma expresa su alojamiento junto a personas mayores de edad. Esta medida busca diferenciar el sistema juvenil del régimen penitenciario adulto y evitar situaciones de vulneración de derechos.
En los casos de delitos con penas de hasta 3 años de prisión, o de hasta 10 años sin que haya mediado muerte ni violencia física grave, la ley priorizará penas alternativas a la prisión. Entre estas se encuentran la amonestación, la prohibición de contacto con la víctima, la restricción para concurrir a determinados lugares, la prohibición de salida del país, la prestación de servicios comunitarios y el monitoreo electrónico.
Penas máximas y financiamiento
La pena privativa de la libertad quedará reservada para delitos considerados graves o muy graves, tales como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Sin embargo, la ley prohíbe la prisión perpetua y la reclusión perpetua para adolescentes. Asimismo, establece una condena máxima de 15 años, incluso cuando la escala penal pudiera ser superior por acumulación de delitos. El régimen contempla que, si el adolescente cumple dos tercios de la pena y reúne las condiciones previstas en el Código Penal, el tribunal podrá disponer que el resto de la condena se cumpla bajo modalidades alternativas.
Para la implementación del nuevo sistema, se prevé una asignación presupuestaria de $23.739.155 millones, de los cuales más de $20 mil millones serán destinados a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró que las provincias podrán firmar convenios con la Nación para aportar financiamiento y garantizar la aplicación efectiva del régimen en sus jurisdicciones.