En el proceso de cesura contra Sergio Burgos, operador inmobiliario condenado por 14 hechos de “desbaratamiento de derechos acordados”, la querella solicitó una pena de 9 años de prisión, mientras que la fiscalía pidió 3 años en suspenso y la defensa, 1 año. La notoria disparidad en las peticiones genera incertidumbre sobre la decisión del tribunal, que tiene un plazo de cinco días para definir el castigo por los manejos irregulares que causaron un perjuicio millonario a los damnificados.
Un operador inmobiliario, condenado hace cuatro meses por una defraudación con terrenos que causó un perjuicio millonario a los damnificados, podría enfrentar una pena de 9 años de prisión si el tribunal que entiende en la causa acepta el pedido y los argumentos de los abogados querellantes.
En los alegatos de “cesura” (imposición de pena) realizados ayer, la fiscalía solicitó una pena de 3 años de prisión en suspenso, una propuesta incluso menor a la que había sugerido en la audiencia de control de acusación. Esta significativa diferencia en la severidad expuesta por ambas partes es inusual y genera gran expectativa sobre la decisión final que adoptará el tribunal, integrado por los jueces Marcos Burgos, César Lanfranchi y Martín Arroyo, quienes tienen un plazo de cinco días para expedirse.
Sergio Burgos había sido condenado el pasado 27 de octubre por 14 hechos de “desbaratamiento de derechos acordados”, por manejos irregulares con varios inmuebles. Esta causa es una derivación de otra que involucró a su socio, Gabriel Di Tullio, quien también resultó condenado por administración fraudulenta en 11 casos y espera por la imposición de su pena. Su audiencia de cesura, que debía realizarse hoy, quedó suspendida por irregularidades en la conformación del tribunal.
Argumentos enfrentados ante la Justicia
El fiscal Inti Isla solicitó para Burgos una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y 4 años de inhabilitación para ejercer el comercio. Aunque la escala prevista es de un mes a seis años, reconoció que la acumulación de penas por delitos «en concurso real» podría aplicar hasta un máximo de 50 años. Sin embargo, invocó el “deber de objetividad” del Ministerio Público para considerar que la pena condicional es “adecuada”. Resaltó que fue un delito “de tipo patrimonial”, que “no hubo violencia física ni uso de armas”, y que las penas deben ser “proporcionales”, con el objetivo de la “resocialización” del condenado.
En contraste, los abogados querellantes Magdalena Sanguinetti y Martín Govetto se alejaron por completo de esta evaluación. Sanguinetti criticó a la fiscalía por la contradicción de pedir ahora una pena en suspenso, luego de haber propiciado un juicio con la idea de una condena de cumplimiento efectivo. Argumentó que, dada la escala de penas y la acumulación de hechos, los 9 años de prisión y 10 de inhabilitación eran una sanción “que se ajusta a lo escuchado en el juicio”.
Govetto expuso una discrepancia abierta con la fiscalía, subrayando que no importa que no haya existido violencia para mensurar la gravedad del delito. Destacó que Burgos incurrió en “abuso de confianza” en “14 hechos autónomos, durante tres años seguidos, de manera premeditada, y con inmuebles valiosos”. Afirmó que el rol de Burgos era el de un “administrador fiduciario” con responsabilidades específicas y que el “daño patrimonial es altísimo”, calculado en una cifra “superior al millón de dólares”. Govetto incluso acusó a Burgos de haber incurrido en un “vaciamiento patrimonial deliberado para evitar embargos”, considerándolo un “agravante nítido”.
Por último, el abogado defensor Sebastián Arrondo se mostró “impactado” por el pedido de 9 años de cárcel de la querella, considerándolo poco razonable. Acusó a la querella de buscar solo el “castigo” de Burgos y de basar su alegato en “conjeturas y subjetividades”. Recordó que su defendido “no tiene antecedentes penales y es un atenuante”, e instó a tener en cuenta que las cárceles de la provincia no pueden garantizar “la reforma y la readaptación de los penados”. Arrondo propuso para Burgos una condena de un año de prisión en suspenso.
La decisión final de los jueces será clave para determinar el precedente en este tipo de delitos patrimoniales.