El mensaje del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones, al afirmar que “El Gran Neuquén, en pocos años será otra de las metrópolis argentinas” y que el complejo energético exportará 50.000 millones de dólares en cinco años, marca una radiografía ambiciosa y una invitación a repensar el papel de la provincia en la agenda nacional. Esa proyección, si se confirma, implicaría una transformación económica y urbana de enorme alcance; pero también obliga a poner en la balanza impactos sociales, distribución de ingresos y coordinación institucional.
No es menor que la predicción de crecimiento en torno a Vaca Muerta haya sido celebrada por senadores como Nadia Márquez y Pablo Cervi: la adhesión política nacional refuerza la idea de un Neuquén alineado con la estrategia porteña de explotación y exportación de recursos. Sin embargo, la respuesta pública de autoridades provinciales —como las advertencias de Rolando Figueroa sobre evitar reducir el fenómeno a una “lámpara de Aladino” y a no desconocer el aporte del trabajo neuquino— recuerda que el relato de la bonanza debe convivir con una lectura más compleja sobre quiénes se benefician realmente.
La promesa de exportaciones por 50.000 millones de dólares suena a horizonte transformador, pero exige preguntas concretas: ¿qué marcos regulatorios y fiscales sostendrán ese boom? ¿Cómo se asegurará que la renta de los recursos se traduzca en infraestructura, servicios y mejoras en la calidad de vida para las mayorías locales? Sin respuestas técnicas y acuerdos de largo plazo, los números grandilocuentes corren el riesgo de convertirse en promesas volátiles sujetas a vaivenes externos y a la lógica de proyectos extractivos.
La escena en el Congreso también exhibió el costado político del proceso: la reacción de senadoras que abandonaron el recinto ante insultos y acusaciones subraya una atmósfera polarizada que no ayuda a construir consensos necesarios para gestionar transformaciones profundas. El retiro de la senadora Julieta Corroza ante referencias despectivas a la “justicia social” es un recordatorio de que los debates sobre desarrollo no pueden limitarse a proclamaciones triunfalistas: requieren deliberación pública y respeto institucional.
Si Neuquén efectivamente se encamina a convertirse en un nuevo polo metropolitano, la provincia enfrenta dos tareas simultáneas: capitalizar las oportunidades económicas derivadas del sector energético y gestionar los desafíos urbanos, ambientales y sociales que esa expansión traerá. Planificación territorial, inversión en vivienda, transporte, salud y formación, y regímenes fiscales y ambientales claros deben acompañar cualquier proyección de riqueza para evitar la reproducción de desigualdades.
En definitiva, la afirmación de Milei plantea una expectativa potente. Pero la clave no está en las declaraciones sino en la calidad de las políticas públicas que se desplieguen: convertir la promesa de riqueza en bienestar distribuido exige planificación técnica, gobernanza compartida y acuerdos políticos mínimos. Sin esos elementos, Neuquén podría ganar cifras de exportación y perder la oportunidad de traducir ese crecimiento en mejoras sostenibles para su población.