Tras las victorias en las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada prepara un ambicioso paquete de proyectos que incluye desde una reforma educativa y penal hasta cambios en el sistema electoral y la propiedad privada, marcando la hoja de ruta para la profunda transformación que busca la administración libertaria.
Con la confianza renovada tras el inminente cierre de las sesiones extraordinarias, donde se esperan últimas victorias legislativas clave, el gobierno del presidente Javier Milei ya tiene en marcha una agenda legislativa ambiciosa para este año, que contempla la presentación de casi cinco decenas de nuevas reformas. La estrategia, coordinada por la «Mesa Política», busca consolidar la transformación propuesta por el oficialismo a lo largo del 2026.
Mientras se ultiman los detalles para la sanción de iniciativas como la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil, la modernización laboral y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, el ejecutivo ya enfoca sus esfuerzos en el próximo período legislativo. Algunos temas que no llegaron a votarse en las extraordinarias, junto con otros guardados estratégicamente, serán el eje del debate venidero.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la magnitud del plan en una entrevista radial: «Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático», aseguró. Adorni adelantó que, una vez que se termine de diseñar todo el esquema, el Presidente definirá las prioridades. De hecho, Milei ya solicitó a sus ministros que presenten alrededor de 10 propuestas legislativas por cada área en las próximas semanas.
Gran parte de estos proyectos han sido elaborados en el seno del Consejo de Mayo, un organismo que reunió a lo largo de 2025 a diferentes sectores (ejecutivo, provincias, congreso, empresarios y gremios) para discutir políticas de Estado. De este cuerpo de trabajo surgieron iniciativas como la Ley de Libertad Educativa, que propone importantes cambios en la organización, financiamiento y modalidades del sistema educativo. Asimismo, se espera la continuación de la discusión sobre el financiamiento universitario.
Otro pilar fundamental del Consejo es el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir el déficit y establecer que cualquier gasto aprobado por el Congreso fuera del presupuesto solo regirá si las partidas correspondientes son explícitamente incluidas. También se redactó un proyecto para reglamentar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiaciones y los procedimientos de desalojo.
Por su parte, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Diego Santilli, se abocará a la Reforma Política. Esta busca perfeccionar la Boleta Única en Papel (BUP) –incluyendo la posibilidad de votar listas completas con una sola marca–, endurecer los controles de financiamiento de los partidos políticos y, un punto de fuerte controversia, la suspensión o eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) debido a su costo.
La agenda de las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo también incluye la discusión de un nuevo Código Penal. Elaborado por una comisión de expertos, el proyecto original de 540 artículos se ha expandido a 912, contemplando cambios significativos en la lucha contra la corrupción y el terrorismo, el endurecimiento de sentencias y la expansión del concepto de imprescriptibilidad a delitos como homicidio y abuso sexual. Además, se introducen nuevas figuras delictivas como la de los motochorros y la criminalidad ambiental, perfeccionando también el financiamiento del terrorismo. Aunque hubo debates internos, se mantienen las leyes como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y los agravantes por discriminación de género u orientación sexual.
Finalmente, se espera la aprobación del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que requerirá leyes de adaptación de la legislación local. Desde el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, se trabaja intensamente en nuevas medidas, aunque su contenido permanece bajo hermetismo. También podrían sumarse al debate modificaciones al régimen de licencias médicas para trabajadores, como el polémico artículo 44 de la reforma laboral, con propuestas como la de la UIA de pagar el 90% del salario los primeros 10 días y el 100% del neto no remunerativo a partir del día 11.
Esta ambiciosa hoja de ruta legislativa confirma la intención del Gobierno de Milei de acelerar la implementación de sus políticas, buscando profundizar las reformas en múltiples frentes a lo largo de 2026.