La política impositiva del gobierno de Javier Milei ha sido, sin duda, una de las reformas más visibles y disruptivas de su gestión: ambición por la reducción tributaria, velocidad en la implementación y un enfoque claramente pro mercado. Pero detrás del eslogan —“menos impuestos para crecer”— conviven aciertos tácticos, costos macroeconómicos y riesgos políticos que difícilmente puedan soslayarse si el objetivo es un crecimiento sostenido e inclusivo.
En lo positivo, las medidas ofrecieron alivio inmediato para actores económicos concretos. La eliminación del Impuesto PAÍS, la rebaja de retenciones al complejo agroexportador, la baja de impuestos internos en automotores y electrónicos, y los alivios para monotributistas redujeron costos sobre consumo, exportaciones y pequeños contribuyentes. Para sectores exportadores e importadores, y para consumidores que acceden a bienes importados, las decisiones fueron un estímulo claro: mayor competitividad y precios relativos más favorables.
Pero estas ganancias vinieron con costos fiscales reales: la recaudación consolidada mostró caídas importantes y la composición tributaria quedó más frágil ante choques. Reducir ingresos sin un ajuste compensatorio claro en el gasto público ni una reingeniería del Estado coloca al país ante dos caminos arriesgados: recortes drásticos en servicios públicos (impacto social inmediato) o financiamiento vía déficit, emisión o endeudamiento (que potencia inestabilidad cambiaria e inflación).
Además, la distribución de los beneficios fue heterogénea. Muchas rebajas favorecieron sectores con mayor capacidad de capturar renta —grandes exportadores, importadores y compradores de bienes de mayor valor— mientras que los más vulnerables obtuvieron alivios menores o indirectos. La baja de retenciones, por ejemplo, incrementa la renta agroexportadora sin garantizar su traducción automática en inversión productiva o empleo local.
La coherencia normativa y la previsibilidad también se vieron afectadas: medidas rápidas por decreto, cronogramas y cupos generan incertidumbre para empresarios y ciudadanos. La apertura impositiva y arancelaria, además, expone a la industria local a competencia intensa, lo que puede derivar en pérdida de empleo y desarticulación productiva si no hay políticas de acompañamiento.
Frente a este escenario, una estrategia responsable debería combinar tres ejes: (1) claridad fiscal —un plan creíble que muestre cómo se compensa la caída de ingresos—; (2) focalización redistributiva —mecanismos para que parte del alivio se canalice a inversión productiva y protección social—; y (3) predictibilidad normativa —reglas de transición y menor dependencia de decretos.
En síntesis, la agenda fiscal de Milei cambió el mapa tributario con rapidez y convicción ideológica. Los beneficios son reales y visibles; los riesgos también. El éxito no se medirá solo por la magnitud de las bajas, sino por la capacidad de sostener la estabilidad macro, evitar la concentración de renta y acompañar la transición productiva para que el alivio impositivo se convierta en motor de crecimiento sostenido y más equitativo.
Principales cambios fiscales (Nación, 2023–2026)
- Impuesto PAÍS — Eliminación tras subas y reducciones intermedias — Vigencia final dic/2024 — Reducción directa del costo de compras/operaciones en USD; menor recaudación por ese ítem.
- Derechos de exportación (soja, cereales, etc.) — Reducción de alícuotas — Decretos 2025 (p. ej. Dto.38/25) — Aumento de renta para productores/exportadores; impulso a liquidación de divisas; menor ingreso fiscal por retenciones.
- Monotributo — Aumento de topes y rebajas parciales en cuotas — Ley 27.743 (2024) y resoluciones AFIP — Menor expulsión por inflación; alivio para pequeños contribuyentes.
- Impuestos internos (autos, electrónicos) — Reducciones y eliminaciones en franjas — Decretos/resoluciones 2025 — Bajos precios relativos en esos rubros; presión sobre producción local.
- Aranceles importación (autos eléctricos) — Exención con cupos (0%) — Decreto 49/25 y convocatorias 2025 — Facilita importaciones de EV; competencia sobre industria local.
- ICL / IDC (combustibles) — Actualizaciones y subas de montos fijos — Decretos/DNU 2024–2026 — Aumentos en surtidor; mayor recaudación sectorial.
- Bienes Personales — Aumento del mínimo / ajustes — Ley 27.743 (2024) — Alivio para determinados patrimonios; efecto recaudatorio mixto.