Legisladores de Unión por la Patria han presentado dos pedidos de informe clave, uno a Nación y otro a la provincia, para conocer los planes de reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y el destino de los aprovechamientos hidroeléctricos de la región del Comahue. La iniciativa surge ante la «gravemente irregular» situación de ENSI, que opera sin contrato y con una deuda millonaria, y la preocupación por la reprivatización de las represas sin garantías de compensación a las provincias.
Diputados del bloque Unión por la Patria han presentado formalmente un pedido de informe que pone bajo la lupa la situación de dos activos estratégicos para Neuquén: la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y los aprovechamientos hidroeléctricos de la región del Comahue. La iniciativa se divide en dos proyectos, uno dirigido al Gobierno Nacional y otro a la provincia, buscando conocer los planes de acción del Ejecutivo Nacional y las gestiones provinciales en la materia.
Preocupación por la PIAP y ENSI
A nivel nacional, la consulta se dirige a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la Secretaría de Energía de la Nación. Los diputados buscan información sobre:
- Las medidas adoptadas para garantizar la integridad de los activos de la PIAP.
- La política para su reactivación.
- El destino de los 123 trabajadores que se desempeñan a través de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI).
- Un posible plan de saneamiento financiero de ENSI.
- Si Nación continuará como accionista de ENSI y, en caso negativo, si se cederá su participación accionaria a la provincia.
- El origen de los fondos para el pago de indemnizaciones al personal, en caso de finalizar el contrato.
- La situación contractual de ENSI con la CNEA y, si se llama a licitación para la operación y venta de agua pesada, cuándo estará disponible el pliego y cómo se garantizará la conservación de los activos hasta entonces.
Futuro incierto de las represas hidroeléctricas
La consulta también recae sobre el funcionamiento del sistema de represas y aprovechamientos hidroeléctricos sobre los ríos Neuquén y Limay. En este aspecto, se solicita información sobre:
- Las previsiones adoptadas en relación a la crecida máxima probable del río Neuquén y los planes de contingencia para atenuar caudales.
- Detalles de los planes frente al vencimiento de las concesiones hidroeléctricas y la operación y mantenimiento futuro de las centrales.
- Qué precio o especie se prevén para la región como fuente de generación de energía eléctrica.
- Qué planes se contemplan para el pago de regalías por la ocupación de suelo de los embalses y canon por la utilización del recurso agua, en favor de Neuquén y Río Negro.
Las gestiones provinciales bajo la lupa
A nivel provincial, los diputados interrogan sobre las acciones del gobierno (en su carácter de socio de ENSI) para evitar que el incumplimiento de la CNEA afecte la integridad de los activos de la PIAP y su estabilidad financiera. También preguntan por las gestiones para exigir el cumplimiento del contrato de conservación y mantenimiento y la regularización de la deuda acumulada con ENSI, que supera los 3.800 millones de pesos. Se busca saber si los directores designados por la provincia han intimado formalmente a la CNEA por la deuda y han exigido la continuidad contractual.
Finalmente, los legisladores quieren saber si la provincia está dispuesta a asumir la totalidad del paquete accionario de ENSI en caso de que la CNEA decida ceder su participación, y qué planes tiene para la empresa en ese escenario, incluyendo cómo se prevé garantizar la continuidad laboral de los trabajadores de la PIAP si la CNEA no renueva el contrato de conservación.
Los fundamentos de los pedidos de informe mencionan que recogen las preocupaciones planteadas por el Foro en Defensa de la Planta de Agua Pesada y el Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas. Califican de “gravemente irregular” el escenario, tanto por la operación de ENSI sin contrato desde el año pasado, como por la elevada deuda acumulada. En cuanto a las represas, sostienen que las concesiones de operación y mantenimiento comenzaron a vencer en 2023 y que, mediante decreto nacional, se previó su reprivatización sin contemplar adecuadamente las obras necesarias, los mecanismos de participación ciudadana exigidos por ley, ni las compensaciones justas a las provincias por la utilización de sus recursos hídricos y la ocupación de su territorio.
Los proyectos de comunicación (18180) y de resolución (18181) fueron firmados por los diputados Darío Martínez, Darío Peralta, Cecilia Papa, Brenda Buchiniz y Lorena Parrilli.