En el debate público sobre la economía y el rol del sector privado, emerge con frecuencia una figura que distorsiona la competencia y compromete el desarrollo: el «empresario prebendario». Este término, lejos de ser un mero calificativo, describe una práctica nociva que, a menudo, se confunde con el genuino espíritu emprendedor, pero que en realidad opera bajo lógicas completamente distintas.
Un empresario prebendario no es aquel que innova, compite y crece en el mercado por mérito propio, ofreciendo mejores productos o servicios a precios competitivos. Su éxito no se funda en la eficiencia o la demanda de los consumidores, sino en su cercanía al poder político y en la obtención de beneficios, privilegios o «prebendas» otorgadas por el Estado. Estos favores pueden manifestarse de múltiples formas: subsidios directos o indirectos, regulaciones a medida que dificultan la entrada de nuevos competidores, licitaciones direccionadas, acceso preferencial a divisas o créditos, y monopolios u oligopolios protegidos por normativas.
La distinción es crucial. Mientras el verdadero empresario asume riesgos, busca eficiencias y contribuye al progreso colectivo a través de la competencia, el prebendario busca la seguridad y el lucro a expensas del erario público y de la sociedad. Su «negocio» principal es la administración de la influencia política para asegurar una renta garantizada, en lugar de la creación de valor genuino. Esta dinámica, lejos de fomentar un ecosistema empresarial dinámico, genera una serie de efectos perversos.
En primer lugar, socava la competencia. Al operar bajo reglas de juego distintas y ventajosas, los empresarios prebendarios desalientan la inversión y la innovación de quienes deben competir en igualdad de condiciones. Las barreras artificiales de entrada impiden el surgimiento de nuevas empresas y sofocan la creatividad, dejando al consumidor con menos opciones y precios más altos.
En segundo lugar, fomenta la corrupción. La búsqueda y concesión de prebendas crea un caldo de cultivo para la negociación bajo cuerda, el lobby ilegítimo y el tráfico de influencias, desviando recursos públicos que podrían destinarse a servicios esenciales o inversión productiva. La economía se vuelve una arena de puja por favores, en lugar de un motor de crecimiento basado en el mérito.
Finalmente, este tipo de empresariado perjudica la eficiencia económica y el bienestar social. Los recursos se asignan no por su productividad, sino por su capacidad de generar rentas privilegiadas. El resultado es una economía distorsionada, menos competitiva a nivel global, y con una concentración de riqueza en pocas manos, a menudo a costa de la mayoría. El crecimiento que se genera bajo este modelo es frágil y poco inclusivo.
Identificar y desmantelar las estructuras que permiten la existencia de empresarios prebendarios es una tarea fundamental para cualquier sociedad que aspire a un desarrollo sostenible y equitativo. Implica transparentar las regulaciones, fortalecer las instituciones, asegurar la igualdad ante la ley y fomentar una cultura de competencia y mérito. Solo así el sector privado podrá convertirse en el verdadero motor de la prosperidad, y no en un instrumento para el beneficio de unos pocos a expensas de todos.